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Las Naciones Unidas presionaron a Argentina para una ley de aborto extrema

La legislación sobre el aborto en Argentina forma parte de una nueva generación de leyes más criminales.

La nueva ley argentina sobre el aborto promulgada hace unas semanas es un nuevo tipo de ley. Promovido por la industria mundial del aborto, defiende el aborto como un derecho humano que reemplaza a todos los demás derechos y consagra la ideología de género como ley.

La nueva ley de Argentina no sólo no criminaliza el aborto. Proclama el aborto a petición en las primeras 14 semanas de embarazo, como derecho humano internacional. Se refiere a “personas gestantes” en vez de mujeres embarazadas. Bajo la nueva ley, niñas tan jóvenes como de 13 años, podrán conseguir abortar sin el consentimiento paterno.

Bajo la nueva ley, los médicos y enfermeras no podrán oponerse a realizar abortos cuando el aborto “sea necesario para salvar la vida de la embarazada”. Les será prohibido también intentar disuadir de abortar, a las mujeres, y se verán obligados a atenerse a los abortos en todos los casos.

La nueva ley tiene un decisivo componente internacional. Cita los tratados internacionales sobre derechos humanos y hace el sistema de Salud de Argentina servidor de la Organización Mundial de la Salud. Pide a todos los profesionales médicos de Argentina, el seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto se refiere al aborto.

La ley de Argentina, de la que se alegran los activistas abortistas, como se ha podido ver en imágenes difundidas por todo el planeta, no es la clase de ley del aborto, que es común en gran parte del mundo.

Muchos países castigan el aborto, y simplemente lo despenalizan, cuando es llevado acabo en las etapas iniciales de la gestación o en otras circunstancias muy expresas. Así es el tipo de ley que la mayoría de países europeos adoptaron el siglo pasado, y que fue copiado entonces hasta tiempos recientes por todo el mundo.

La legislación sobre el aborto en Argentina forma parte de una nueva generación de leyes más atrevidas, como la ley recientemente aprobada en Nueva Zelanda que permite el aborto a petición por cualquier razón durante todo el período de gestación. Estas nuevas leyes comúnmente van más allá de permitir abortar a petición en las primeras 12 semana, amplían a menores el permiso de abortar, recortan la objeción de conciencia, y exigen al gobierno que garantice que el pago del coste del aborto en todos los establecimientos sanitarios.

Argentina ha estado intensamente presionada a fin de que legalizase el aborto, por asociaciones de las Naciones Unidas y por expertos en derechos humanos desde los años 1990. Fue presionada a legalizar el aborto, por Alemania, Francia, y Noruega, y otra media docena de países en el Consejo de Derechos Humanos celebrado en Ginebra en el 2017, cuando finalmente dio cuenta de sus conclusiones sobre derechos humanos.

Cuando el aborto fue finalmente debatido en la legislatura argentina en el 2018, el sacerdote católico fray José María di Paola, testimonió en el congreso argentino que el Fondo Monetario Internacional había condicionado su refinanciación de la descontrolada deuda nacional argentina a la legalización del aborto. Argentina está actualmente negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial.

La nueva ley fue aprobada juntamente con una ley exhaustiva a fin de proteger a las madres y sus niños en los primeros 1000 días de vida, proveyéndolas de una amplia ayuda social, incluyendo salud y subsidios. La idea de tal combinación fue promovida por el anterior presidente argentino, Fabricio Macri. Bajo las dos leyes, una mujer puede escoger entre recibir un subsidio del gobierno tan pronto como quede embarazada “hasta el parto o el final del embarazo.”

Puede leer:  El documental “Ministro Aborto” denuncia el negocio del aborto en Argentina.

Los activistas abortistas esperan que la nueva ley argentina, tenga efecto en una región más extensa. Hispanoamérica permanece abrumadoramente protectora de la vida en el útero. Sólo Cuba, Uruguay y Méjico Distrito Federal permiten el aborto.

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