Así, como lo oyen.

Estamos en plena campaña de acoso y derribo a la Iglesia, campaña que, con altibajos, se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Bien lo sabemos en España, tierra de la mayor persecución de la historia del cristianismo y patria de millares de mártires que lo fueron hace no muchos años.

Ahora está de moda el asunto ese de despojarla, de los bienes inmuebles, con la excusa  (esta vez) de algo relacionado con legislación de inmatriculación. Digo con la excusa porque es de locos que se ponga en duda, por los gobernantes, la propiedad de los bienes de la Iglesia a causa de tecnicismos contemplados en una ley que han redactado y aprobado los propios gobernantes, aunque hayan sido del partido de la competencia de los que ahora están en el poder.

Ha cambiado el partido en el poder, pero no ha cambiado el sistema que tenemos (democracia lo llaman), no ha cambiado la capacidad de hacer leyes, no ha cambiado el Estado, en definitiva.

Este Estado que es tan voraz, tan asfixiante, tan dañino, que no ceja en su empeño de convertirse en dueño de absolutamente todo. De todo lo material (no hay que ver cómo cada vez nos quita más dinero y más propiedades) y de lo inmaterial, o sea de la capacidad para entrometerse en todos los aspectos de nuestras vidas, de la educación, de la moral, de la salud…

Y es tan enemigo de nuestra religión, de la católica en especial, que no le basta con aprobar leyes que atentan contra la moral de los que tienen fe, sino que quiere seguir apropiándose de sus bienes, para enseñorearse en ellos y acabar prohibiendo el culto e incluso la creencia.

No es una exageración, pues muestras ha habido a lo largo de la historia y, en la actual pandemia del timovirus este, ha mostrado especial inquina con el culto, llegando a regular cuestiones incluso litúrgicas, además de prohibir la asistencia o regular los aforos con discriminaciones manifiestas, aún sin tener, no solo competencia para ello, sino sin tener siquiera habilitación legal alguna.

La Iglesia se defiende como puede, que es poco, porque sabemos que en estos tiempos el enemigo no está solamente fuera, sino también dentro, y protesta alegando razones técnicas y legales para demostrar lo obvio. Los fieles protestan, más bien poco, porque la gran mayoría tienen tan deificado al Estado que casi diría que claman porque se haga definitivamente dueño de todo, incluidas sus vidas, esas que lastimera y miedosamente ponen en sus manos para que les libre de la plaga del timovirus y de todas las que vengan, a costa de lo que sea.

 Pero lo más gracioso de todo es que, con protestas y sin ellas, con inmatriculaciones y sin ellas, la mayoría de los templos, sobre todo los más importantes, ya son del Estado. Hace tiempo que son del Estado.

No hay más que echar un vistazo a la ley de patrimonio histórico, que es del año 1985 nada menos, para darse cuenta de ello, pues contempla, entre otras figuras de “protección” la de BIC (bien de interés cultural). Esta figura, que puede aplicarse ( y se aplica) mediante la incoación de un simple expediente administrativo (lo que el Estado diga, vaya),  hace que sobre el edificio o monumento en cuestión recaiga “toda la protección jurídica contemplada en las leyes”.

 La “protección” en cuestión consiste en que el dueño necesitará autorizaciones para cualquier obra o modificación, que tendrá obligación de facilitar inspecciones, obligación de ofrecer visitas públicas, que los bienes no se pueden separar de su entorno (incluidos los bienes muebles que haya), no se pueden enajenar (salvo al Estado) los bienes muebles que se posean…

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Resumiendo, que el “dueño” no es dueño para hacer lo que quiera con el bien. Y si no puedes hacer lo que quieras con tus cosas, no son tuyas, sino de quien te puede dar el correspondiente permiso, lo que me recuerda mucho a los niños y sus padres, por cierto.

Así que, enredados como estamos en ver si son galgos o podencos, no nos hemos dado cuenta de que nos han mordido hace mucho tiempo.

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