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Ley trans española: el garrote vil que da muerte a la razón

Quizás tan poca protesta se debe a que los españoles, con el cuento de la pandemia, ya están acondicionados, como sus primos cubanos, para acatar sin rechistar todo lo que les viene del estado.

Ser del género que te convenga, sin que el médico se entrometa

El pasado 19 de junio la prensa española difundía la noticia. El gobierno desbloqueaba la llamada ‘ley trans’. Según la norma; a partir de la adolescencia, cualquier súbdito del régimen post Juan carlista podía decretar, según su soberana voluntad, para sí y para el mundo, a que género (para nosotros; sexo) pertenecía. Esto lo haría el individuo sin encomendarse ni a la ciencia, ni a la opinión de los demás.

En otras palabras, gracias a los muy postmodernos legisladores españoles se hacían carne y hueso, ante los ojos espantados de materialistas y objetivistas de cualquier tradición, las especulaciones hegelianas sobre la libertad de la voluntad*. La “idea”, una vez más, dejaba de ser una noción abstracta, separada del mundo, para regir su corporeidad. Con la autodeterminación de género, por fin, el desenvolvimiento del espíritu absoluto había encontrado su punto final. Para mayor gloria de la izquierda local y vergüenza de la derecha establecida, siempre tan colaboradora con la primera, la cosa no tenía lugar ahora en el Estado prusiano de principios del siglo XIX, sino bajo el pandémista estado de excepción español de principios del XXI. Aleluya.

Motivos de la Indefensión de la sociedad civil española

Poniendo los pies en tierra, recordemos que, aunque la prensa solo extrajo algunos elementos del texto de la propuesta de ley, aquellos bastarían para poner los pelos de punta a los padres de cualquier chico español. Pero éstos apenas se atrevieron a protestar. En todo caso lo hicieron, con mucho ruido y pocas nueces, un puñado de feministas, aterradas con la idea de que su exclusivo espacio de “oprimidas-por el patriarcado” y protegidas por el estado fuese invadido por una oleada de machos, convertidos de la noche a la mañana, en sus “hermanas”, por obra del notario; es decir en “mujeres” de nuevo tipo. Con esas tendrían que practicar una forzada sororidad. De otro modo podrían verse acusadas ante los tribunales de cometer delitos de odio. No es un temor infundado. Ya el año pasado la fiscalía de Barcelona, vio indicios para abrir una investigación, a partir de una denuncia, por un “crimen” de este tipo, puesta por la plataforma trans, contra la feminista marxista Lidia Falcón O’Neill, acusándola de “transfobia».

Pero ni aun así resultaron grandes sus protestas, por lo menos si se les compara con las que se armaron en el caso de la famosa “manada”.

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Se trata de una presunta violación acaecida en Pamplona, en la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín. Un evento tradicional, dicho sea de paso, que se ha convertido, con la importación de costumbres extranjeras, en verdaderas bacanales donde lo que prima es el desparpajo motivado por el alcohol y el sexo; caldo de cultivo para cualquier locura juvenil.

Entonces, y sin que todavía hubiese una sentencia que confirmara el delito, multitudes de mujeres en toda España, acompañadas de puñados de feministos y apoyadas por los medios, terminaron por doblegar ley vigente y amedrentar a los jueces. Al final consiguieron dar castigo ejemplar a cuatro golfos (incluido entre ellos un policía) andaluces que habían mantenido sexo colectivo con una chica mariguanera sin que esta dijera no.

Extraña que tanta fuerza movilizadora y de presión social no se haya vuelto a ver desde aquellos días, ni siquiera para frenar la ley trans.

Sentábase así el precedente de que, para la nueva inquisición de género, no bastaba con la aprobación del acto sexual, manifestada en la conducta y el lenguaje corporal de la mujer. O sea, que para la justicia la ausencia del no verbal no implicaba el sí del consentimiento. De modo y manera que desde entonces los españoles están prácticamente obligados a certificar un “sí” antes de mantener sexo. Esto ocurre al menos en el caso heterosexual. Las formalidades de los encuentros homosexuales no parecen preocupar mucho a los tribunales, por el momento. Todo sea por frenar la procreación, ese peligro latente que guarda el comercio entre sexos diferentes.

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Los cuatro guarros de aquel funesto San Fermín tuvieron la mala suerte de que no existiera ya una ley trans. De haberla, con solo transexualizarse, sin costo corporal alguno, los encausados se podrían haber quitado de encima las turbas de mujeres airadas que viciaron su proceso. Posiblemente todo terminara como un caso intrascendente de orgía homosexual femenina. Se habría tratado de un tipo de práctica erótica entre “igualas”; un evento cuyos excesos, no parecen tener mayor trascendencia. A juzgar por el silencio de la prensa cuando se trata de una violación lesbiana, a la justicia esto no le interesa casi nada.

Quizás tan poca protesta se debe a que los españoles, con el cuento de la pandemia, ya están acondicionados, como sus primos cubanos, para acatar sin rechistar todo lo que les viene del estado. Es natural, llevan casi dos años patologizados en masa y por decreto de su gobierno.

Rebajados a la condición de vectores potenciales del coronavirus, la mayoría de los ciudadanos del país ibérico parecen haberse acostumbrado a recibir literalmente, ostias de todo tipo a manos de una policía, que hasta el otro día no les dejaba salir a la calle sin su permiso y sin bozal. Esto amansa hasta a las fieras.

Por supuesto en los casos de que se tratara de una ciudadana, su maltrato por agentes del estado, no se interpretaba como violencia de género, demostrándose así las limitaciones del costoso aparataje levantado, supuestamente, para la protección de la integridad física de la mujer.

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De igual forma han visto derribar puertas de hogares, sin un mandato judicial, por gendarmes a los que, en medios de tantos delitos no resueltos que hay en España, les alcanza el tiempo y los recursos para hacer méritos persiguiendo la alegría de una fiesta familiar.

El último caso de arbitrariedad tuvo lugar en estos días en Mallorca, cuando un grupo de alumnos del colegio Compañía de María de San Fernando (Cádiz), que allí estaban celebrando el fin de curso, fueron recluidos a la fuerza por las autoridades locales en el denominado Hotel COVID de Palma.

Esto se ha hecho sin prueba alguna de que los escolares fueran portadores de coronavirus, denegándosele a sus padres los primeros recursos de habeas corpus para poner fin al, constitucionalmente cuestionable, confinamiento sufrido por sus hijos menores de edad **

Tampoco se ha visto la intervención en el caso del gobierno nacional español, Evidentemente, a ese poder, tan sensible con los derechos de los menores trans, el destino de los demás, le tiene sin cuidado.

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No nos extrañe entonces, que frente a la ley trans, que ni siquiera hayan reaccionado los tutores de las víctimas directas aquella: los chicos que padecen disforia de género, la cual detallaré en otro artículo. Por el momento adelanto que se trata de un estado mental, cuya insanidad, casi ha dejado de serlo por decreto político.

El diagnóstico de este síndrome ayudaba a las personas a tener acceso a un tratamiento médico, que, en principio, intentaba armonizar este desencuentro entre la identidad que la persona creía tener y su cuerpo físico.

Desgraciadamente y sin mucho fundamento científico, mas con un apoyo institucional y político inconcebible, poco a poco se fue introduciendo en la terapia de esta disforia, la manera más aberrante (hoy en crisis) de solucionar la contradicción cuerpo mente que ella implica: usando la vía de las mutilaciones y peligrosos hormonamientos.

Luego, una vez alcanzados los primeros resultados; los de cambiar la apariencia exterior del paciente, los responsables de la transición se desentendían paulatinamente de las consecuencias negativas, tanto fisiológicas como psicológicas del tratamiento, para la persona “transexualizada”. A partir de ese momento el individuo sería identificado mediáticamente con el nombre del sexo opuesto, mas el apellido, a veces omitido, de transexual, dando lugar a noticias tan extravagantes como las de que un hombre había dado a luz.

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Así la irracionalidad tomaba por asalto la comunicación de masas, dando por sentado de que para ser mujer resultara suficiente un agujero en el sitio de la vagina y unos pechos abultados, o para convertirse en hombre bastaba colocarle a la persona un colgajo entre las piernas y extirparle los pechos. Todo gracias a una intervención mal llamada cambio de sexo, cuando en realidad era un simple cambio de imagen.

Hasta el momento la persona que querían cambiar nombre y sexo en el DNI ya podían hacerlo (toda una locura) pero debía solicitar una cita médica, empezar a hormonarse sin verdadera necesidad fisiológica (con todo el daño que esto hace), conseguir un certificado psiquiátrico etc.

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Lo que ha preocupado a los valedores políticos de estos pacientes, no ha sido el modo en que se les ha afectado con la manzana del cambio de sexo legal, colocándolos en manos de los Josef Mengeles, que conforman psicólogos y cirujanos implicados, así como el resto de los estafadores que participan del negociado para el presunto cambio de sexo físico, sino lo alargado que resultaba un proceso, que podía tomarse hasta tres años. Así que la cosa era acelerarlo.

Por supuesto ya era hora de poner coto a tanta locura, pero no es exactamente lo que ha ocurrido. Ahora, sin reconocer aquel error, ni recompensar a las víctimas, la legislación española ha dado un nuevo giro de tuerca a la sinrazón. Lo hace tirando al niño junto al agua sucia de la bañera, tachando de un plumazo la necesidad del fundamento clínico que explique porque la persona desea transitar de un sexo a otro, o si se quiere de género. Al mismo tiempo no se hace nada para prohibir las terribles prácticas médicas de reasignación física de sexo, ni para exigir resarcimientos a las personas afectadas por estas, quienes en general se mantienen invisibilizadas en los medios.

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Peleas reales y de mentira

Así, frente a la ley trans apenas hubo resistencia por parte de la sociedad civil. Pero no es de extrañar, la ciudadanía lleva casi dos años maniatada, aceptando la conculcación de sus derechos con el pretexto de la pandemia. Mientras, es traicionada por la casta de partidos que en teoría defienden sus intereses frente a las fechorías del Estado, y por supuesto de su cara, el gobierno, en este caso diz que, de izquierda, nacido del rejuego y contubernio de esos mismos partidos, en la versión española, del modelo partidocrático que fue cubriendo a Europa a partir del fin de la II Guerra Mundial, hasta nuestros días.

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El texto de la nueva ley terminaría siendo aprobado por el Consejo de ministros el 29 de junio. Esto se hizo aprovechando los eventos de propaganda homosexual conocidos como celebración del orgullo “gay”.

Como decíamos al principio, aquí se les anunciaba a los españoles, entre otras cosas, que se podía cambiar de nombre y sexo en el DNI, documento de identidad, solo con la voluntad de la persona que lo solicitara. Habría una sola condición: que el transitante se mantuviese en sus treces durante un plazo de tres meses. En otras palabras, que eso de que vives en un cuerpo equivocado no fuera un rapto de locura momentánea, sino un estado permanente de enajenación mental. Ah, y mucho cuidado con llamar esto enfermedad, pues te pueden demandar. España ha vuelto a vivir “tiempos revueltos”, pero no porque esté en guerra civil, sino porque se le está dando vía libre a la locura, mientas que se castiga a quien se destaque por su cordura.

Entre los rebeldes, como también ya informamos, estaba un sector, al parecer descontrolado, de quienes hasta ayer eran los bastiones sociales más firmes de las arbitrariedades de la dictadura de género imperante en España, por lo menos desde los tiempos de Zapatero: las feministas. Algunos de sus colectivos tomaron las calles españolas el pasado 26 de junio para mostrar oposición a la ley trans.

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En el caso de la capital, las mujeres que se arremolinaron en torno a la Puerta del Sol para protestar habían sido convocadas por la plataforma Confluencia Movimiento Feminista y 8M Movimiento Feminista de Madrid.

Estos grupos acusan al Ministerio de Igualdad de promover leyes que atentan contra los derechos de la mujer y no solo ellas. Las feministas, pese a que has sido calificadas de “transfobas”, denuncian el modo en que serán afectadas las propias personas trans, cuando, por los efectos de la ley que dice defenderlas, sean desmanteladas las unidades integrales donde ahora reciben tratamiento***.

En el sitio de Confluencia puede leerse un texto***’ que pone en claro su posición frente a la normativa de la discordia:

El objetivo urgente e inmediato con el que se presenta la Confluencia es impedir las iniciativas normativas que pretenden consagrar el concepto de “autoidentificación del género” en el sistema jurídico español. Estas reformas legales son regresivas y es fundamental frenarlas para no perder la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo, conquistados por la lucha feminista para todas las mujeres.

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Esta confluencia forma parte del movimiento de base de mujeres que está liderando la respuesta racional, dando una lección de coherencia a la clase política, no solo en España, sino internacionalmente. Recientemente el Gobierno del Reino Unido ha confirmado que no enmendará la ley para permitir que las personas cambien su sexo legal sin requisito alguno. La “autodeterminación” sin límites ha sido frenada en el Reino Unido por el movimiento de mujeres. Aquí haremos lo mismo….

Veremos si lo consiguen, y en caso contrario, qué pasa con estas organizaciones, cuando vengan a pedir la membresía en ellas cientos de mozalbetes, cargados de testosterona, y algún que otro viejo verde, con el género cambiado sin necesidad de amanerarse, ni de convertirse en eunucos. Todos (as) con la secreta intención de ligar, en sus actividades y fiestas. Entonces nuestras indignadas feministas de hoy extrañarán a aquel típico y afeminado castrato trans, que, en un pasado no muy lejano, abucheaban cuando pretendía ser una mujer más.

Veremos lo que significará para toda su teoría sobre el patriarcado, que miles de sus representantes asuman voluntariamente el papel de las oprimidas, regalándole el de opresores a las hermanas que traicionen a su clase, cambiando legalmente de género, en lo que será la revolución más fácil e incruenta de la historia, por no decir la más cómica. Veremos los que sucede cuando estas mismas “mujeres” trans barran el piso, como ya está pasando, con sus contrincantes biológicas en los encuentros deportivos.

Y por último veremos lo más trágico y que también ya ha ocurrido, cuando auténticos violadores o maltratadores, que también existen, no todo es denuncia falsa, terminen, compartiendo celdas con sus hermanas por obra y gracia de la flamante normativa.

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¿Acaso se le denegará en España a un transexual el derecho que recibió en Estados Unidos un afamado miembro del mismo colectivo tras haber cometido, un auténtico crimen contra la seguridad de fuerzas armadas aquel país tan “conservador”?

Me refiero a la afamada transexual Chelsea Elizabeth Manning, bautizada al nacer como Bradley Edward Manning; el/la exsoldado y analista de inteligencia del ejército norteamericano que filtró a WikiLeaks miles de documentos secretos acerca de las guerras de Afganistán. Un personaje de cuya homosexualidad -condición que, convenientemente manipulada por un psicólogo, puede servir para inducir al paciente a la transexualidad, -por cierto, ya se conocía, cuando en 2013 se les condenó a 35 años de prisión y a su expulsión del ejército con deshonor por colaborar con el enemigo. No creo que, en España, a partir de ahora, por grave que sea su crimen, se trate peor a un trans que a Manning.

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Solo una cosa buena trae esta ley, la posibilidad que tienen ahora las víctimas de las injustas leyes de violencia de géneros de volver a ser ciudadanos de primera, de cara a los tribunales. Solo hay coste; el de cambiarse el nombre de Pepe, por el de Pepa, y todo arreglado.

Las feministas, después de colaborar con el estado durante décadas en el proceso de aniquilamiento de la masculinidad, incluida la de sus propios hijos, están recogiendo la cosecha de lo que sembraron. Ahora son testigos de la consecuencia última de la misma dinámica destructiva en que participaban alegremente: la muerte de la mujer, como disolución del concepto les servía para encontrar una clientela política objetiva que representar y de la cual vivir.

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Por supuesto, a nivel gubernamental también ha habido conflictos. Pero tratándose de una pieza teatral, lo que nos encontramos fue un simulacro de resistencia. Es lo habitual cada vez que se intenta socavar la moral imperante por parte del estado, como se ha hecho por ejemplo en los diferentes países de América donde se ha liberalizado la mariguana, en la que fuerzas aparentemente conservadoras en principio se han negado ello, pero han abierto la puerta al debate, que es la manera cómplice de colaborar con una medida que solo sirve para exponer la salud mental de la juventud y sustituir al traficante del estupefaciente, por el estado y los actores privados que se encargan de su distribución y venta.

El asunto se ha tratado de cara al público como en las muy ideologizadas telenovelas de RTVE a la hora de normalizar lo que ayer se consideraban “vicios”. Primero los personajes “positivos” simulan estar del lado de la moral vigente para luego ir claudicando poco a poco, es decir socavando “desde adentro” el ethos existente, para aceptar como algo irremediable, incluso conveniente y “justo” los nuevos valores que se pretenden inculcar en los espectadores. No hablemos ya de la propaganda directa que se hace en supuestos documentales que transmite la cadena financiada con los impuestos de todos. Frente a esto lo que se diga en una misa dentro de una iglesia semi vacía, no tienen nada que hacer.

En el caso de esta “serie” política de la ley trans, primero había tenido lugar un simulacro de resistencia, dentro del ejecutivo. Allí el PSOE, jugaba a ser la fuerza contenedora de la transexualidad, como una identidad, a proteger y si es posible promover y no como un trastorno a tratar médicamente.

En principio esta oposición de los herederos de Pablo Lafarge -el mestizo cubano yerno de Carlos Marx, verdadero precursor del socialismo de Estado en España, expresado políticamente por el PSOE, jugaron el papel de retranca frente a la ley trans. Parecía lo correcto, pues la llamada “libre autodeterminación de género”, más que el resultado del pensamiento marxista original es la consecuencia lógica del del culto al individuo, y por tanto a su subjetividad, que viene promoviendo la filosofía liberal desde sus orígenes.

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Lo que si no resultaba paradójico es que el otro grupo de gobierno, Unidas Podemos, fuera el abanderado de este proceso. Se trata de un partido que muchos tildan de comunista, cuando, al margen de la costumbre muy socialdemócrata de apoyar la subida de impuestos, en lo único que parecen interesados en estatalizar (en el sentido de darle el derecho al estado a entrometerse y legislar sobre el menor detalle) es en los hábitos sexuales del contribuyente.

La ofensiva ha sido dirigida desde uno de los bastiones de Unidas Podemos; esa suerte de super Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX), en versión española, que es el mal llamado Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero. Una licenciada en psicología, que nos demuestra con su acción política lo peligroso de la hasta ayer respetable ciencia. Esta versión ibérica, un tanto mejorada, de Mariela Castro, era la que venía dando la cara desde febrero como gran campeadora de la autodeterminación de género, como si no tuviera otra cosa que hacer, o si el país no estuviera repleto de desigualdades mucho más acuciantes que eliminar, por ejemplo, la de la conversión de media población, la masculina, en ciudadanos de segunda por obra y gracia del modo en que policías y tribunales tratan las denuncias, falsas o no, sobre violencia de género. Esto por no hablar, dejando el sexo aparte, pero manteniendo el tema de la equidad, de la situación de los hispanohablantes en las zonas controladas por fuerzas políticas separatistas.

Conclusiones

Siguiendo aquella vieja estrategia de mezclar una causa popularizada con otra de cuestionable aceptación general, por ejemplo, cuando se le adosó en occidente al movimiento feminista el de liberación lésbico, el borrador actual fusiona dos causas que en principio no son las mismas: la de las personas trans y la de las diferentes variantes de búsqueda de placer eróticos colectivizadas bajo las siglas de LGTBI. Sin embargo, en el texto final lo que prepondera es la tarea de normalizar a los, las y les trans.

El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, puede sufrir cambios, pero eso no sería suficiente para evitar el daño letal que este traerá sobre la salud mental y sobre todo reproductiva, en el sentido auténtico del término, del pueblo español.

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Lo que necesitan los pacientes de disforia de genero es una ley que reconozca la dignidad de un enfermo, que le proteja de tratamientos dañinos y por supuesto de cualquier otro tipo de abuso real, no del supuesto que significa decirles la verdad.

Lo que pasa hoy en España, con el tema de los transexuales, importa mucho más allá de sus fronteras. Así como los países escandinavos han servido de laboratorios para experimentos sociales que luego se exportan al resto de los países desarrollados. España juega el mismo papel con relación a las naciones Iberoamericanas. Todo lo que acontezca en ella, para bien o para mal, terminara aconteciendo en el resto de sus hermanas. Por eso aquellas han de volver la mirada, siempre alerta, a lo que un día llamaron, no “cuerpo gestante” sino; madre Patria.

Notas

*Véase de Jesús Ezquerra Gómez; La voluntad libre en Hegel. Ensayo presentado en Universidad de Zaragoza, el 26-05-2009

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**El juez deniega el ‘habeas corpus’ solicitado para liberar a los chicos confinados en Mallorca

*** EFE: Colectivos feministas se manifiestan contra la ‘ley trans’

**** Movimiento Feminista. Quiénes somos

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