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El presidente del CGPJ urge a las fuerzas políticas a poner solución a la “situación insostenible” de la Justicia

De no ser atendido el llamamiento en las próximas semanas, “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, dice Carlos Lesmes en el acto de apertura del Año Judicial. El presidente del órgano de gobierno de los jueces advierte de que la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella

Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha urgido al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición, como máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, a llegar a un acuerdo en las próximas semanas que ponga una solución definitiva a lo que ha descrito como “situación insostenible” de la Justicia renovando el órgano de gobierno de los jueces o restituyéndole en la plenitud de sus competencias. 

De no ser atendido ese llamamiento, ha advertido Lesmes durante su intervención  en  el  acto  de  apertura  del  Año  Judicial,  “será  preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan” porque “resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad ante esta situación insostenible e inaceptable”. 

El presidente del alto tribunal ha dicho que la Justicia está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella y ha añadido que el escenario político de los últimos años, caracterizado por la permanente falta de entendimiento de los grupos mayoritarios, “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”.

Jueces independientes 

En el discurso pronunciado ante el rey en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, Lesmes ha reivindicado “el extraordinario servicio prestado a la sociedad española durante los últimos años por unos jueces absolutamente independientes en la defensa de nuestro Estado de Derecho que no han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia”. 

Como ejemplos de esa labor desarrollada por los miembros de la Carrera Judicial, el presidente del TS y del CGPJ ha citado la decidida actuación ante los  hechos  acontecidos  en  Cataluña  en  2017,  cuando  “la  fortaleza  de nuestro Estado de Derecho en aquel momento y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado sirvieron para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución”. 

También ha aludido a la lucha contra la corrupción, en la que los jueces “han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece y sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales, pese a que no es infrecuente que quien ayer aplaudía la sentencia que condenaba a su rival hoy desacredita la que le afecta a él, cuando a menudo ha sido dictada por los mismos magistrados”. 

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Estas y otras actuaciones han determinado, ha dicho Lesmes, que la imagen que la ciudadanía tiene del Poder Judicial haya experimentado una gradual y llamativa mejoría en la última década, “hasta el punto que de los tres poderes clásicos de Montesquieu, el judicial lleva obteniendo regularmente durante los últimos años una evaluación ciudadana más positiva que el Gobierno y el Parlamento, siendo considerado además por más del 70% de los ciudadanos la garantía última de sus derechos y libertades”. 

Pese a ello, ha añadido el presidente del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces, “la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza ciudadana”. 

Respeto al Derecho 

Lesmes ha recordado que “el respeto al Derecho comporta, ineludiblemente, el respeto a la decisión judicial, pues solo a través de ella se garantiza la efectividad  de  las  normas  jurídicas.  Entenderlo  de  otra  manera  es considerar el Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento”. 

En este sentido, ha hecho referencia al reciente discurso político que aboga por  la  “desjudicialización”  en  referencia  a  los  hechos  acontecidos  en Cataluña en 2017 y que habla, “sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran estos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”. 

De materializarse esa desjudicialización, ha advertido el presidente del TS y del CGPJ, se pondría en riesgo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, “pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos  frente  al  resto  de  los  ciudadanos  por  el  simple  hecho  de  su capacidad de influencia política”. 

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El valor Estado de Derecho en nuestra democracia, ha añadido, “supone antes que nada el reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general, de manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho. Ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley”. 

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Jueces europeos 

Lesmes ha recordado que los jueces españoles también son jueces europeos y que su independencia resulta vital para la eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la Unión, “de manera que las instituciones europeas, y muy especialmente el Tribunal de Justicia, prestan la máxima atención a todo lo que se refiere al gobierno de los jueces en cada uno de los Estados miembros, así como a las garantías de su independencia”. 

En esa clave deben explicarse, ha dicho, la reciente visita a España de la vicepresidenta de la Comisión  Europea  Věra  Jourová y la anunciada para este mismo mes de septiembre del Comisario de Justicia, Didier Reynders, “con sus correspondientes llamadas de atención a nuestras autoridades”. 

Tras  subrayar  que  la  aplicación  del  derecho  europeo  por  los  jueces españoles forma parte, desde hace décadas, de nuestra tradición jurídica, el presidente del TS y del CGPJ ha aludido a las palabras de un antiguo miembro del Gobierno que, basándose en unos pronunciamientos preliminares producidos en Bélgica y en Alemania, afirmó que la Justicia española había sido humillada en relación con la interpretación y aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega realizada por el magistrado instructor de la causa abierta por el proceso secesionista de Cataluña. 

“Tal vez ignoraba aquel dirigente político al realizar tan desafortunadas declaraciones que el Derecho Europeo se interpreta en última instancia y con carácter vinculante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se  acudió a través del procedimiento prejudicial para que resolviera la controversia”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que existe ya un primer pronunciamiento sobre esta cuestión -emitido por el Abogado General- “que no  corrobora  precisamente  esa  supuesta  humillación  de  la  Justicia española”. 

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“Antes al contrario el Abogado General afirma que son esas decisiones preliminares, tan celebradas aquí por algunos, las que contravienen los principios  de  confianza  y  de  reconocimiento  mutuo  que  constituyen  la ‘piedra angular’ de la cooperación judicial en el seno de la Unión Europea”, ha agregado. 

Renovación del CGPJ 

El presidente del TS y del CGPJ ha advertido de que el escenario político de los últimos años “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”, en referencia al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo, “el primero de ellos por la falta de renovación en plazo y la limitación de sus funciones esenciales y, el segundo, por la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”. 

En relación con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, y tras recordar que los numerosos llamamientos hechos desde 2018 a las Cortes Generales y a los grupos parlamentarios para que cumplieran su deber constitucional “no han surtido efecto alguno”, Lesmes ha reiterado que “la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”. 

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Una vez producida la renovación, considera que será “ineludible” abordar la reforma del modelo de elección de los vocales del Consejo, en crisis por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por apartarse de los recientes estándares europeos en materia de Consejos Judiciales. 

“Es indudable que la elección parlamentaria proporciona al Consejo una especial legitimidad para todas aquellas tareas de gobierno que trascienden del interés corporativo de Jueces y Magistrados por afectar a la sociedad entera, pero no es menos cierto que dicho modelo genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años precisamente por las circunstancias que rodean a la no renovación”, ha dicho. 

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El presidente del TS y del CGPJ ha hecho también referencia a los “remedios excepcionales” propuestos desde algunos sectores para salvar la situación de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces “trasladando en ocasiones la responsabilidad a quien no la tiene”. 

Así, frente a quienes abogan por la dimisión colectiva de los miembros del CGPJ, ha señalado que resultaría inadmisible, “pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional”. 

Efectos “devastadores” de la LO 4/2021 

El  presidente  del  Tribunal  Supremo  ha  recordado  asimismo  que  otro remedio excepcional propuesto y ejecutado desde el poder legislativo fue la aprobación de la Ley Orgánica 4/2021, que pese a reconocer en su exposición de motivos que hay funciones del Consejo que no pueden ser suspendidas por resultar indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de los tribunales impide al CGPJ nombrar a magistrados del alto tribunal y cargos gubernativos mientras esté en funciones, “como si la no provisión de estas plazas, cuando resultare procedente, fuera indiferente al buen funcionamiento de los tribunales”. 

“Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta ley son devastadores”,  ha  dicho  Lesmes,  que  ha  señalado  que  el  número  de vacantes en el Tribunal Supremo ascenderá a 20 en los próximos meses -lo que supone el 25% de sus efectivos-, que 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes. 

En opinión del presidente del TS y del CGPJ, “el estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia  española  en  toda  la  historia  de  nuestra  democracia,  con  unos efectos  negativos  que  se  van  extendiendo  poco  a  poco  a  toda  la organización judicial”. 

Lesmes, que ha subrayado que el Congreso desatendió la petición del Consejo de ser oído sobre esta reforma, ha recordado que apenas un año después de la aprobación de la ley “el legislador se ha visto obligado a rectificar parcial y apresuradamente su propio criterio”, esta vez para devolver al órgano de los jueces la competencia para nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. 

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Sin embargo, se mantiene la imposibilidad de realizar nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, “pese a ser a todas luces evidente la grave situación” a la que se ha abocado a este órgano, cuyas Salas de lo Social  y  de  lo  Contencioso-Administrativo  no  podrán  dentro  de  unas semanas constituir sus secciones de enjuiciamiento como prevé la Ley por falta de magistrados. 

El  Tribunal  Supremo,  ha  dicho  su  presidente,  “también  es  un  órgano esencial para el buen funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, goza de relevancia constitucional y debe poder ejercer sus competencias con normalidad”. 

Por ello ha considerado que esa iniciativa legislativa, aprobada “ignorando deliberadamente  la  penosa  situación”  del  alto  tribunal,  constituye  “un agravio  no  solo  para  toda  la  Justicia,  sino  fundamentalmente  para  los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados en cuanto destinatarios de nuestro servicio” y ha añadido que el sentimiento de pesar se agudiza al comprobar “que las recurrentes llamadas de atención efectuadas desde la Sala de Gobierno no reciben otra respuesta que la indiferencia”. 

Situación insostenible e inaceptable 

Lesmes ha concluido su intervención diciendo que si hasta ahora su responsabilidad ha sido procurar mantener el buen funcionamiento del Tribunal Supremo y del CGPJ y tratar de que su situación de deterioro se revertiera mediante constantes llamamientos públicos y privados a los responsables políticos, “en la confianza de que el sentido del deber se impondría”, para que la renovación del órgano de gobierno de los jueces se materializara, “hoy la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten sino que se agravan”. 

Por ello ha solicitado “pública y solemnemente” al presidente del Gobierno y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, “que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible”, de manera que, dejando de lado todo interés de partido, el Consejo General del Poder Judicial “sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias”. 

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De no ser atendido este llamamiento, “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, ha añadido el presidente del TS y del CGPJ, que ha manifestado que ese emplazamiento urgente a los líderes de las fuerzas políticas mayoritarias “se lo debemos a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la Justicia entera”. 

“Por respeto a la dignidad de las Instituciones que presido, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad, ante esta situación insostenible e inaceptable”, ha dicho Lesmes, que ha agregado que esa petición “también pretende ser una llamada de atención a una sociedad que pareciera aletargada ante el deterioro de nuestro Estado de Derecho, garante último de sus libertades, y a una clase política que hace prevalecer con demasiada frecuencia sus intereses partidistas sobre los generales de nuestra Nación”.

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