Por Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) Polonia y Hungría rompieron el criterio de la Unión Europea sobre cómo definir el término “género” durante un debate a puerta cerrada sobre un nuevo tratado sobre crímenes de lesa humanidad. Este es un movimiento sorprendente ya que Polonia y Hungría se han mostrado reacios a separarse de los países de la UE en temas sexuales en las negociaciones de la ONU.
La definición existente de género en el derecho internacional — “hombres y mujeres en el contexto de la sociedad” — viene en los Tratados de Roma que crearon la Corte Penal Internacional. La izquierda en la ONU se ha opuesto a esa definición desde que se negoció por primera vez en 1998.
En las negociaciones de la semana pasada, Polonia se opuso a eliminar esta definición de “género”, mientras que Hungría dijo que interpretaría el término de acuerdo con sus propias leyes y de acuerdo con la definición del Tratado de Roma.
La rara incursión en las guerras culturales de la ONU por parte de los países de cultura tradicional en Europa Central se produjo después de que un delegado que representaba a toda la Unión Europea ya había expresado su apoyo a la adopción de una definición abierta de género a principios de semana. Tanto Polonia como Hungría se unieron entonces a los demás países de la UE en la adopción de una posición común. Esta ruptura con la UE es importante.
En las negociaciones, los países de cultura tradicional, en su mayoría de África, insistieron en que el género debe definirse en el nuevo tratado tal como se consagró en el tratado adoptado en Roma en 1998 y que entró en vigor en 2002.
Los países occidentales, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, argumentaron que el concepto de género ha “evolucionado” desde que se negoció el Tratado de Roma. Quieren que el género incluya nuevas categorías como lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y otras basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
Cambiar la definición de género crearía nuevas categorías de crímenes contra la humanidad que nunca contemplaron los estados miembros de la ONU cuando adoptaron el Tratado de Roma en 1998.
Además de delitos claramente definidos como asesinato, exterminio, deportación, secuestro, esclavitud, violación, la definición de crímenes de lesa humanidad en el Tratado de Roma también incluye categorías abiertas como “persecución” y “otros actos inhumanos”. Estos fueron diseñados deliberadamente para ser amplios. La estrecha definición de género que solo se refiere al binario masculino y femenino ayudó a limitarlo un poco.
Bajo una definición abierta de género, cualquier precepto legal, político y religioso que limite las demandas sociales y políticas del movimiento homosexual/trans podría ser considerado un crimen de lesa humanidad. Estos pueden incluir restricciones sobre el matrimonio homosexual, la adopción, el cambio de identidad transgénero y las políticas deportivas, e incluso el acceso a la terapia hormonal transgénero y cirugías para menores.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) ha sugerido una lectura tan amplia del Tratado en un documento de política reciente sobre “persecución por motivos de género”.
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Según el documento, la persecución por motivos de género puede incluir “cualquier privación” de los derechos fundamentales a través de “regulaciones que pueden afectar a las personas en todos los aspectos de la vida”. Esto incluye “sus opciones reproductivas y familiares, con quién pueden casarse, si pueden asistir a la escuela, dónde pueden trabajar, cómo pueden vestirse y si simplemente se les permite existir”.
Algunos países ya están siguiendo tales recomendaciones.
La embajadora de EE. UU., Linda Thomas-Greenfield, elogió recientemente a los fiscales colombianos por iniciar los primeros “cargos de persecución de género como un crimen de lesa humanidad cuando se cometieron contra cinco personas LGBTQI+” durante una sesión informativa de Fórmula Arria del Consejo de Seguridad.
Llamó a esto un “modelo” y dijo que esperaba que fuera “replicado” en todo el mundo.
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