Por Rebecca Oas, Ph.D.
(C-Fam) A medida que un número creciente de países occidentales han adoptado las llamadas estrategias de “política exterior feminista”, dos estrategas africanas publicaron una crítica al paternalismo de los enfoques de estos países hacia la ayuda internacional.
“La política exterior feminista… debe incluir y reflejar de manera significativa el conocimiento y la experiencia de los africanos en lugar de decirnos cómo comportarnos”, dice Nimco Ali, CEO de la Fundación Five, que lucha contra la mutilación genital femenina, y Aya Chebbi, un diplomático tunecino y exenviado juvenil de la Unión Africana.
La marca de feminismo que promueven los países que adoptan la etiqueta está alineada con las prioridades a menudo controvertidas de los países occidentales, tanto en la ONU como en su financiación de ayuda bilateral. Esto incluye un énfasis en el cambio climático causado por el hombre, la ideología de género, la educación sexual integral y el aborto como un derecho.
Sin embargo, estas prioridades no abordan -y a veces exacerban- los problemas reales que enfrentan las mujeres en los países más pobres.
Según Michael Shellenberger, fundador del Instituto Breakthrough que lleva a cabo investigaciones ambientales, dos mil quinientos millones de personas en el mundo dependen de la madera y el estiércol para obtener energía, particularmente en el África subsahariana y el sudeste asiático. “La energía barata es la liberación de la mujer”, dijo Shellenberger en una conferencia en la Universidad de Austin. Se refirió a los esfuerzos para privar a la gente de gas natural y gas licuado de petróleo como “una abominación moral”.
El concepto de “política exterior feminista” cobró prominencia en 2014, cuando Suecia comenzó a usar el término. Otros países, incluyendo Canadá, Francia y México, tomaron la etiqueta poco después, seguido por otros. Si bien los países definen el concepto de manera diferente, un tema común es la promoción de la “salud y los derechos sexuales y reproductivos” (SDSR), incluido el aborto, en los países receptores.
Canadá, en particular, ha promocionado su asistencia internacional como “feminista” y ha prometido 650 millones de dólares para anticonceptivos, aborto “seguro y legal”, educación sexual integral y prevención y tratamiento del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual.
Grupos feministas en los EE.UU. han pedido a la administración Biden que adopte una “política exterior feminista” e incluya la defensa de la SDSR como “una prioridad clave de la política interior y exterior para la administración”.
En febrero, la Representante Lois Frankel (D-FL) presentó una resolución en la Cámara de Representantes instando a los EE.UU. a adoptar “un enfoque feminista a todos los aspectos de la política exterior”.
En sus párrafos iniciales, la resolución deja claro que su definición de “sexo” incluye “identidad o expresión de género” e insta a EE.UU. a priorizar a las personas que enfrentan “formas de discriminación que se entrecruzan”, incluyendo “la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, los derechos y la justicia”. Al igual que la SDSR, se entiende que la “justicia reproductiva” incluye el aborto.
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La resolución prevé un mundo donde “haya igualdad de género y las mujeres puedan participar plenamente en todas las esferas de la vida”, lo que podría aumentar el producto interno bruto mundial en 28 billones de dólares. En realidad, esta cifra se refiere a un escenario en el que “las mujeres participaban en la economía de forma idéntica a los hombres”, que solo podría llamarse “empoderamiento” si las mujeres y sus familias realmente lo deseaban.
La familia apenas se menciona en la resolución; dos veces en referencia a la “planificación familiar”, una vez en el contexto de la violencia doméstica, y una vez en referencia a los “modelos anticuados de familia” en la ley de inmigración.
La resolución cuenta actualmente con 45 copatrocinadores, todos ellos demócratas.
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