Por Iulia-Elena Cazan
(C-Fam) El gigante internacional del aborto Ipas tiene la intención de presionar a Estados Unidos para que cambie las leyes sobre el aborto a fin de alinearse con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En octubre, Ipas presionó al Comité de Derechos Humanos, pidiéndole que acusara a Estados Unidos de violar el derecho humano al aborto. No existe el derecho humano al aborto en los documentos de derechos humanos de la ONU.
Representantes de Ipas, Obstetras por la Justicia Reproductiva, Médicos por los Derechos Humanos y State Innovation Exchange estuvieron presentes en una audiencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, junto con otros grupos abortistas, informaron sobre “las violaciones de derechos humanos causadas por las prohibiciones del aborto en los Estados Unidos”. Posteriormente, el comité recomendó que Estados Unidos despenalizara completamente el aborto.
Las recomendaciones de la ONU no son legalmente vinculantes, pero los grupos progresistas las utilizan como puntos de conversación autorizados para implementar y ampliar las agendas sobre el aborto.
Ipas dijo que “ya está haciendo planes con su socio State Innovation Exchange (SiX) para convertir las recomendaciones del comité de la ONU en leyes a nivel estatal que despenalizarán el aborto”.
Ipas dedica mucho tiempo y recursos a presionar a los legisladores para que promulguen leyes a favor del aborto. En su resumen de fin de año, Ipas reveló que sus esfuerzos de incidencia condujeron a “77 cambios en las políticas para ampliar el acceso al aborto en 15 países”. En 2024, Ipas comenzará a “trabajar con los legisladores estatales [de EE. UU.] para desarrollar y presentar proyectos de ley que hagan que el aborto sea legal y accesible de acuerdo con las directrices de la OMS”.
Los grupos abortistas señalan a las agencias de la ONU y a los asesores independientes como “expertos” y crean la impresión de que estos agentes tienen autoridad para prescribir legislación nacional. Ipas y otros grupos se basan en las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos para persuadir a los legisladores estadounidenses de que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos y que Estados Unidos está rezagado con respecto al resto del mundo desarrollado. De hecho, la mayoría de los países europeos tienen leyes de aborto más conservadoras que las que existen en los estados de Estados Unidos.
El comité publicó esta recomendación a favor del aborto en cumplimiento de su mandato de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el pacto no menciona el derecho al aborto. El artículo 6 del Pacto dice: “Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
En 2018, Ipas, el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch presionaron al comité para que hiciera una interpretación del texto a favor del aborto y, posteriormente, el Comité publicó un comentario en el que decía que comenzaría a interpretar el derecho a la vida conferido en el artículo 6 de tal manera que permitiera, y tal vez incluso recomendara, el acceso al aborto.
El comentario, aunque no vinculante, fue suficiente para que esta idea cobrara impulso normativo y permitiera que el comité comenzara a enmarcar las leyes provida como inconsistentes con los derechos humanos.
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Van Kampen Saravia, Asesor Jurídico y de Políticas Sénior de Ipas, dijo que Ipas está “aquí para apoyar a los legisladores estatales que desean defender el acceso al aborto, y podemos ofrecer nuestra amplia experiencia global en la defensa de la reforma de la ley del aborto a nivel nacional, estatal y local… Podemos hacer que las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos sean importantes sobre el terreno, y lo haremos”.
Sin embargo, Ipas hace más que cabildear. Ha sido cómplice en la distribución de dispositivos portátiles de aborto para su uso en tiendas de campaña para refugiados.
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