La reapertura del proceso contra Morín y otros 10 aborteros supone, ante todo, el triunfo de la sociedad civil frente a las presiones políticas y judiciales. Y es que el proceso se inició hace más de 9 años. Entonces el Centro Jurídico Tomás Moro y otras entidades logramos imputar a gran parte de los abortorios de España. Sin embargo los procesos fueron archivados cuando el Gobierno Zapatero decidió aprobar una ley de punto final, la Ley Aido, para hacer legal lo que entonces era delito.
No obstante sobrevivió un proceso, el de Morín, y es que habiendo practicado abortos prácticamente hasta el límite del parto, no podía verse amparado por la nueva legislación. El juicio contra Morín y compañía se celebró finalmente en 2012 y en el mismo salió a la luz la trituradora de fetos, los informes psicológicos realizados sin ver a las pacientes, las secuelas que el abortó provocó en las gestantes. Del mismo modo puso en evidencia que el único móvil de los imputados era forrarse sin importarles la salud de las madres. La sorpresa saltó, sin embargo, cuando la Audiencia Provincial de Barcelona, denegando pruebas y sesgando preceptos legales y jurisprudenciales los absolvió, situación que vino a enmendar el Tribunal Supremo cuando estimó el recurso de casación de las acusaciones y ordenó repetir el juicio.
En este segundo juicio las mujeres volverán a verbalizar sus desgarradores recuerdos, cuando les ofrecieron una solución supuestamente fácil que las marcó psicológica y físicamente para siempre. Desde el Centro Jurídico esperamos que el nuevo juicio sirva para abrir los ojos y los corazones de los españoles, que inundados por las noticias de la corrupción política, del totalitarismo populista emergente y del rompimiento de España parecemos haber olvidado que lo trascendente es la corrupción moral que niega la cualidad de persona a un ser humano. De esta perversión proceden todas las demás, y solo podremos salir de nuestra postración nacional cuando comprendamos que una sociedad que no respeta la vida de los más inocentes no puede respetar ni los bienes ajenos, ni la libertad civil, ni la integridad nacional.
