Religion

Estados Unidos: la guerra contra el secreto de confesión aún no ha terminado

La presentación de un proyecto de ley en Utah (Estados Unidos) cuyo objetivo es eliminar la protección legal de la que gozan los ministros del culto católico como parte de la confesión sacramental, ha suscitado un gran debate en la clase política y entre los católicos del país.

“Es comprensible que queramos denunciar los maltratos de los que pueden ser víctimas los menores, para terminar con ellos, pero el proyecto de ley HB 90 no logrará el efecto esperado”, advirtió Jean Hill, directora de la Comisión de Paz y Justicia de la Diócesis de Salt Lake City, en las columnas del diario Intermountain Catholic el 17 de enero de 2020.

Además, agregó, “si el sacerdote ya no está protegido por la ley, el hecho de guardar el secreto de confesión podría constituir un delito para él en ciertos casos (…). Por lo tanto, este proyecto de ley coloca a los ministros católicos en un dilema insostenible: violar la ley estatal o violar la ley canónica.”

El proyecto de ley que podría trastornar las cosas fue presentado por Angela Romero. Perteneciente al Partido Republicano y miembro de la Cámara de Representantes de Utah, Romero negó cualquier tipo de ataque a la Iglesia, especificando en el periódico Deseret News que “no tiene intención de oponerse a la Iglesia” y que su proyecto de ley “no apunta a ninguna religión en particular”.



Sus palabras revelan al menos una cierta ingenuidad, pues se sabe que solo el catolicismo protege de una manera muy particular el secreto de confesión, ya que nunca está permitido romperlo, debido al derecho divino.

Por el momento, el presidente de la Cámara de Representantes de Utah, Brad Wilson, no apoyará el proyecto de ley: “Tengo serias preocupaciones respecto a esta propuesta y sus consecuencias; no lo apoyaré, al menos no en su forma actual”, escribió a la Liga Católica por los Derechos Religiosos y Civiles.

Un proyecto de ley similar se presentó hace unos meses en California, y aún no se ha concretado. Eric Kniffin, abogado especialista en la Primera Enmienda que define la libertad religiosa en los Estados Unidos, revisó el proyecto de ley de California, y explicó al diario Salt Lake Tribune que tales propuestas son inconstitucionales de cualquier modo porque “violan las libertades religiosas”.



Según la opinión del abogado, la protección de la que gozan los miembros del clero católico constituye, por el contrario, una oportunidad en la lucha contra el abuso de los más vulnerables: “el confesionario no es solo una caja negra y oscura; si un sacerdote escucha algo en la confesión, puede instar a la persona a buscar ayuda, a hablar con la policía, u ofrecerse a escucharla fuera del secreto de confesión”, explicó.

En una nota de la Santa Sede fechada el 1 de julio de 2019, el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor de la Iglesia, recordó la naturaleza inviolable del secreto de confesión: “Si la confianza en el secreto de confesión desaparece, los fieles ya no querrán acercarse a recibir el sacramento de la penitencia, y eso, por supuesto, con un grave perjuicio para sus almas (…). Defender este secreto no puede constituir una forma de connivencia con el mal, sino que representa el único antídoto real contra el mal que amenaza al hombre y al mundo entero”.

En este mundo, aparte del bautismo, solo el sacramento de la penitencia remite los pecados graves y purifica las almas reconciliándolas con Dios.

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