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LOMLOE tiene nombre de amenaza ideológica

El Estado debe renunciar a convertirse en agente promotor de proyectos escolares y universitarios y garantizar las condiciones objetivas de respeto a la Constitución.

Imagen con licencia de Pixabay

Roberto Esteban Duque

El ciudadano, escribió Rousseau en el artículo sobre Economía política de la Enciclopedia, es el hombre de la nación que recibe una educación pública. La suprema misión del líder político y del Gobierno, afirmaba el ginebrino, será no sólo moldear su conducta, sino su voluntad, sus lealtades, y sus formas de comprender al mundo y a sí mismo. A este “yugo de la felicidad pública”, a esta ingeniería social de la politización del sistema educativo desde el control estatal de la educación primaria, infantil y secundaria, aspira a llevarnos con docilidad la ministra de Educación, Isabel Celaá, en su “primer proyecto de ley”, derogando la LOMCE y cambiándola por la LOMLOE, una ley donde prevalezca la lealtad a la comunidad política, el servilismo a una communitas uniformadora cuyo objetivo será la transformación de la conciencia, el desideratum del pensamiento único y totalitario.

Alguien apertrechado sólo en términos ideológicos está insuficientemente equipado para actuar adecuadamente en un caso concreto. La ceguera y el cerrilismo ideológico caminan por sendas antagónicas a la excelencia. La ministra Celaá representa de un modo inestimable su rol en el establecimiento del marco jurídico-político laicista, en el proyecto de nacional-laicismo asumido por el Gobierno en materia educativa, un peligroso Estado educador que convierte los “derechos del niño” y el “interés del menor” en una auténtica coartada para la imposición de lo que Charles Glenn denominaba como “el mito de la escuela única”, (common school), controlada por el Estado y sus étiltes, el citoyen a la medida del diseño de quien detenta el poder político, podando de un modo moralista y simplificador las demandas de los distintos interlocutores de la comunidad educativa.

Si la autonomía escolar es una condición previa para la creación de escuelas con objetivos definidos, donde padres y profesores compartan la concepción sobre el mejor modo de educar, también es un bien intrínseco una libertad educativa que se quiere secuestrada cuando no se respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos. Es indigno de una sociedad libre negar el derecho de los padres a guiar el desarrollo de sus hijos, indigno afirmar el derecho absoluto del Estado a controlar la educación en aras de la igualdad y la cohesión nacional, indigno no poder elaborar de una vez por todas una legislación educativa estable, donde el consenso constitucional no descanse en la mentira de acuerdos aparentes. Sin pacto político previo; poniendo límites a la escuela concertada; negando el derecho de los padres a estar enterados de lo que concierne a sus hijos; despreciando el esfuerzo y la dedicación, el mérito académico; revisando los currículos para ajustarlos al sistema; sustituyendo la religión por la política, que decidirá ahora la moralidad, y estableciendo cuándo los padres serán custodios de sus hijos y cuándo serán manipulados por el Estado, el proyecto de ley educativo nacerá marcado por un evidente adoctrinamiento.

Celaá se está haciendo acreedora de una notable hipocresía: se empeña en obstruir irresponsablemente para los hijos del vecino lo que ella elige delicadamente consciente para los suyos y en transformar la educación en terreno de lucha por la hegemonía, culpabilizando de ello a los demás partidos políticos. Si hace unos días nos enterábamos de la educación en un colegio concertado profundamente religioso de sus hijas, como es el Colegio Bienaventurada Virgen María-Irlandesas, en Lejona (por no hablar de la suya en el Colegio Sagrado Corazón de Bilbao), en la que suponemos no existió ninguna concesión al dimisionismo educativo paterno, ahora manifiesta que la educación no debe convertirse “en un terreno para la lucha política partidista”, cuando es precisamente el actual Ejecutivo quien se erige en educador moral, buscando “el enfrentamiento y la exclusión” y “encontrando en la educación un rentable campo de batalla”, como señalaran recientemente las Escuelas Católicas de Madrid.

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El Estado debe renunciar a convertirse en agente promotor de proyectos escolares y universitarios y garantizar las condiciones objetivas de respeto a la Constitución. Sin embargo, al arrinconar y subordinar la escuela concertada se está obligando a asumir una determinada visión del hombre, imponiendo a través de la enseñanza una peculiar forma de conciencia moral, una dictadura ideológica que vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones éticas y religiosas, una especie de totalitarismo estatal educativo que se sirve de la escuela para difundir una cosmovisión y una antropología como formas igualitarias de concebir la vida personal y comunitaria. Es una concepción laicista de la vida, contraria al Estado democrático, que no tiene ninguna legitimidad para impulsar por medio del sistema escolar una determinada educación moral y afectivo-sexual.

Esta deformación ideológica conduce de manera inexorable, velis nolis, a devaluar la Religión y a la eliminación de cualquier alternativa a dicha materia, obstaculizando así el desenvolvimiento normativo recogido en los Acuerdos con el Vaticano. Sólo un Gobierno presidido por la arrogancia y la falta de diálogo, por el despotismo uniformador y ayuno de verdadera transición democrática, pretendería acabar con el régimen de conciertos, pretenciosamente vinculado al adoctrinamiento religioso, apologista y tendencioso, y que debe ser desamortizado en la medida en que hipotéticamente no contribuye a un bien público.

Las organizaciones laicistas que en el año 2004 impulsaron la campaña “la religión fuera de la escuela” no consiguieron del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero dos reivindicaciones: que la enseñanza de la Religión no fuera evaluable ni tuviera alternativa, así como la ruptura de los Acuerdos entre el Estado y el Vaticano. Finalmente lograron que el Consejo Escolar aprobara el rechazo a implantar la Educación para la Ciudadanía. El gobierno socialista no atendió sus recomendaciones, ajustándose a lo establecido con el Vaticano en la enseñanza de la Religión e incluyéndose la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Después de haber distinguido entre la paternidad biológica de la paternidad cultural y educacional, Isabel Celaá emprende sin tapujos el camino del laicismo escolar con la exclusión de la alternativa a la Religión, porque a su juicio sería tanto como reforzar la misma Religión confesional. Se ha cuidado mucho el actual Gobierno de que Valores Cívicos y Éticos no sea alternativa a la Religión, sino una asignatura obligatoria y evaluable, cuyo principal objetivo será “un enfoque de igualdad de género”. En el “decreto Pertierra” (1994/95) hubo una iniciativa de un gobierno socialista para incluir la materia Sociedad, Cultura y Religión, pero tuvo la desgracia de entrar en el currículo como una alternativa a la Religión y fue condenada a la inanidad.

Es una señal de dogmatismo manipulador la aceptación acrítica de un marco ideológico que debería ser revisado antes de que el sistema concertado sea asimilado por las necesidades del peligroso sistema que se desea imponer y que contradice el actual régimen de libertades, que ni siquiera respeta (incluso niega) el derecho a la libertad de educación, cuyos titulares son los padres y las familias. Sin duda, Lomloe tiene nombre de amenaza ideológica, de imposición sectaria y partidista.

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Publicado en la Revista Reino de Valencia nº 122


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