En sus poco más de cuatro meses como ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya ha llegado más lejos que su antecesor en el cargo, Josep Borrell, en su política de no contrariar y agradar a Marruecos, ocupante del Sáhara Occidental desde hace más de 44 años.
González Laya ha sobrepasado las continuas acciones favorables a Marruecos de Borrell al borrar en su cuenta de Twitter la bandera del Sáhara Occidental del mapa político de la Unión Africana (UA), del que la República saharaui es fundadora, hecho que ha tenido amplio eco en la prensa marroquí, como Le 360 que señala que la ministra publicó un mapa de la UA en el que «se preocupó de borrar la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, un «duro golpe» para el Frente Polisario.
La ministra González Laya, además de seguir la línea Borrell de no hacer referencia al derecho a la autodeterminación de los saharauis, al que se niega el régimen marroquí, llegó a desautorizar en un tuit al Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, por reunirse con la ministra saharaui de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, Suilma Beiruk, diciendo que esa no es la posición del Gobierno de España, que no reconoce a la RASD. Fue la respuesta de la ministra a una queja de su homólogo marroquí, Nasser Bourita.
La responsable de Exteriores da un paso más el 25 de mayo, con motivo del Día de África, e incluye en un tuit el mapa político de la Unión Africana que lleva sobre cada país su correspondiente bandera, pero sin la del Sáhara Occidental, territorio que aparece en blanco.
Para el diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) Néstor Rego “esta manifestación de la ministra va en contra del Acta Constitutiva de la Unión Africana al borrar del mapa la bandera de uno de sus miembros fundadores, el Sáhara Occidental”. El diputado gallego ha dirigido una pregunta a González Laya en la que dice que “no puede tolerarse que la jefa de la diplomacia del Estado español subordine los derechos del pueblo saharaui a los intereses económicos y políticos del Reino de Marruecos, y que se siga así eludiendo las obligaciones internacionales de ambos estados sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui”.
Josep Borrell, seguido y superado por González Laya en no contrariar a Marruecos, ha dado recientemente la sorpresa: como Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se ha referido a la autodeterminación del pueblo saharaui, del que no habló durante su etapa de ministro de Exteriores de España a pesar de que este derecho fue defendido por los anteriores gobiernos de España.
En contestación a una carta de los eurodiputados Manu Pineda y Sira Rego sobre el caso de la activista saharaui Mahfouda Elfakir, que ha estado seis meses en prisión, Borrell ha dicho al referirse “a la cuestión del Sáhara Occidental” que la Unión Europea apoya “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.
Borrell como ministro de Exteriores llegó a afirmar que España no es de iure la potencia administradora del Sáhara Occidental, en contra de lo que establece la ONU y contempla la Audiencia Nacional; su departamento evitó que se realizase en el Congreso de los Diputados una jornada sobre el Sáhara Occidental para no molestar a Marruecos y estableció una alarma por riesgo de atentado islamista para que no se viajase a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, alarma negada por el Gobierno argelino y por la misión de las NN.UU. para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).
A finales de enero Borrell, el que ya habla de la autodeterminación del pueblo saharaui, manifestó tras reunirse en Bruselas con el ministro marroquí Nasser Bourita que el régimen marroquí está haciendo esfuerzos “serios y creíbles” por encontrar una solución “justa” a la situación del Sáhara Occidental, mientras en los territorios ocupados por Marruecos se siguen produciendo violaciones de los Derechos Humanos, como refleja la relación correspondiente a mayo de 2020, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis.
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