Por Juan Antonio Elipe Songel

Las consecuencias del normal desarrollo del título VIII de la Constitución de 1978, la actitud de la izquierda antiespañola y la derecha rica, egoísta y separatista de no inmutarse ante las mayores barbaridades legales, ha llevado a la profusión de aberrantes leyes estatutarias y autonómicas que han ido reiteradamente ampliando competencias, sustituyendo unas por otras más antiespañolas.

Los adalides del autonomismo han sido los dirigentes, elegidos por unas leyes electorales sesgadas, que han encumbrado en el poder a minorías como el PNV y los distintos partidos antiespañoles en Cataluña. Sin lugar a dudas, es el talante, a falta de derecho y sin pertrecho intelectual, el que ha terminado configurando el llamado marco territorial de España. Mucho talante y poco talento. NUNCA Vascongadas ni Cataluña fueron naciones, si quieren volver al Medievo que vuelvan y que llámese a una “marca hispana” y a otra territorio castellano.

¿Qué por qué no queremos esas autonomías, esos estatutos de  autonomía? Es simple, es  un primer paso, como estamos viendo, a la destrucción de España. Esa supuesta organización territorial de Estado es contraria al alma del pueblo español, sectaria y totalitaria. Además, enfrenta al pueblo y atenta a sus derechos más elementales como los que afectan a su vida privada, el uso del español, sus creencias religiosas, su historia y la tradición de España.

 ¿Es constitucional  la reforma de los estatutos de autonomía otorgando cada vez más competencias? ¿Son constitucionales las transferencias de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas con independencia de sus contenidos?

 El Constitucional no puede entrar a valorar el fondo de la cuestión porque los socialistas terminaron con el recurso previo de constitucionalidad hace tres décadas, nos les interesaba, era, cómo decirlo, poco democrático.

 Sólo ex post habrá resolución del Constitucional. Lo lamentable es que para entonces el daño a nuestra Patria se habrá realizado y no confío en absoluto en el sentido de esas sentencias constitucionales.

¿Es, dentro del propio ordenamiento jurídico español, irreversible la estructura territorial y política del Estado?: pues NO. Eso sí, difícil de  arreglar  tal guisa de despropósitos, al menos desde la escrupulosa legalidad inconstitucional del subvertido orden.

Si las normas y leyes de  nuestro país se han pervertido, si el ordenamiento jurídico se ha fulminado por el gobierno de la nación, si el cambio de sistema político se ha realizado sin consultar al pueblo español ¿Es necesario respetar esa legalidad impuesta para proceder a imponer unos valores axiológicos superiores? ¿Qué valores?: El principio de legalidad, el estado de derecho y lo que aún es más importante, la reconquista de la Nación Española, violada por el capricho de un nuevo régimen político que no se sabe muy bien cuándo ni dónde se funda, ni en virtud de que legitimidad.

Si en ejercicio del derecho a la libertad de expresión se me permite, considero que, infringida manifiestamente la legalidad y cambiado sin fundamento legitimador el sistema político y aún el propio régimen constitucional, no se requeriría el escrupuloso respeto a la norma ilegal, que estaría en vigor solamente para los fundadores del nuevo ordenamiento y que se valoraría como inexistente por los ciudadanos sensatos. El ejemplo, un clásico en Derecho; si una alcalde dicta en un bando una sentencia de muerte, ¿Habría que recurrirla? NO y no es nula de pleno derecho es simplemente INEXISTENTE, no existió nunca esa resolución y simplemente al alcalde habría  que internarlo judicialmente en un psiquiátrico más que en un centro penitenciario. Pensemos ahora en algo más simpático, más liviano, más gracioso, que el mismo Alcalde dicte un bando por el que prohíba comer ovejas a los lobos o perros sarracenos del municipio ¿qué pasaría? ¿Detendrá la policía local a los canes y lobos vulneradores de la norma? Pues no, INEXISTENTE la prohibición  y chistosos comentario de los paisanos. En la Administración pública, si por ejemplo, un director de  instituto expidiera títulos de doctor en  filología etrusca, o el Ministerio de Hacienda embargara  suegras /os, es verdad que en este último caso quizás no hubiere quejas de ningún tipo.  ¿Habría que recurrir en reposición, en alzada tal vez? PUES NO, en todo caso, una  vez más, a los loqueros. Si, esto acontece en los mencionados casos y en muchos más que se nos pueden ocurrir…

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 ¿Qué pasaría si un presidente de gobierno, un gobierno, un parlamento dictara un decreto o, en su caso, promulgara una  ley por la que se obligara a la ciudadanía  a  hablar con el ombligo? Y si  ese mismo gobierno, presidente o parlamento autonómico o nacional, en un irreal supuesto, aceptara el planteamiento de  una minoría parlamentaria que, perdida la chaveta, propusiere la fragmentación de la soberanía nacional o, incluso, la creación de una nación o nacioncilla dentro de la nación? ¿y si el 54% del un parlamento dice que sus nacionales a partir del día de la fecha son por imperativo legal marcianos?. Queda claro que no pasaría nada, la ley, el decreto o el pronunciamiento es irrelevante, es INEXISTENTE. Eso sí, muy recomendable meter entre rejas o, en todo caso, en el psiquiátrico al artífice de semejante adalid ¿ o no?.

Como escribía el eminente politólogo Benigno Pendás: “ Nuestro drama colectivo deriva de un puñado de votos que determina un desafío sin final conocido a la organización territorial del Estado. La arquitectura constitucional sale a subasta a cambio de apoyos coyunturales. No pasa en ningún país del mundo”.

¿Algo se debe reformar en España?  ¡¡Claro!!, muchos ya abogaron por ello hace varias décadas:

1.-  De entrada la Constitución Española de 1978. No quisimos la mayoría de los españoles el título VIII de la misma, esa organización territorial pactada con los partidos separatistas para conciliar consenso (pese a que los separatistas vascos votaron NO  a ella). ¿Se nos dió la oportunidad a los españoles para que nos pronunciáramos en 1978 sobre estructura territorial de España?, NO, a los portugueses sí y…. demócratas ellos, dijeron que NO querían autonomías.

2.- La Ley de Partidos. Se debe exigir en todo caso que se cumpla stricti iuris el texto constitucional en este aspecto, véase artículo 6 de la Constitución de 1978, respeto a la Ley y a la Constitución. Claro la Ley de partidos debiera matizar más, insistiendo en la expresión del pluralismo político de los partidos políticos debiera exigirles además la defensa patriótica de la nación española y los intereses patrios. Si no es así, ¿para qué financiamos los españoles  a los partidos parlamentarios? ¿ ¿Para qué?. Y, ¿en que país del mundo el Estado financia a quien quiere destruirlo?. Muy cretino se debe ser….. ¿o no?.

3.- La Ley Electoral, ¿cómo es posible que con un número irrisorio de votos,  los de los partidos separatistas, incidan decisivamente en los gobiernos de turno en este ordenamiento jurídico de 1978?. La respuesta es clara: por la Ley Electoral española que premia a los partidos secesionistas que sólo se presentan en alguna región frente a los grandes partidos y los que lo hacen en toda España. ¿Por qué?   Porque en la tan traída transición democrática (o claudicación de los vencedores como quieran denominarlo) se intentó ganar las simpatías de los anti-españoles. Ganar simpatías con muchas concesiones, suculento pasteleo y mucho dinero del erario público. Claro, siempre se puede pedir más…

4.- Los Estatutos de autonomía. Si pedimos públicamente la derogación del título VIII de la constitución…. Sus hijos, los estatutos, no merecen carta de naturaleza en una España Unida, además ¿para qué? ¿Saca algo el pueblo español de los mismos? ¿Saben los españoles lo que cuestan las autonomías?  ¿Saben los españoles cuánto cobran los presidentes autonómicos y su curia?  ¿Consideran los españoles necesarios tanto parlamento regional, con parlamentarios con sueldazos?. ¿Se les preguntó alguna vez?   !!!!NO!!!.

y 5.- La Legislación autonómica. En España hacen falta buenas leyes, leyes sociales que defiendan a los trabajadores españoles frente a la oligarquía económica. Qué digo defender, acabar con ésta, e imponer la justicia social de una vez por todas. Hace falta también una legislación clara que defienda los intereses comunes de los españoles, la Patria, la Tradición y la fe de un pueblo.

 Volver a legislaciones liberales, inventos legislativos secesionistas, pragmáticas de reinos de taifas o…quizás al derecho de pernada, me parece inútil, arcaico y sobre todo antisocial por contrario a la igualdad de los españoles ante la Ley. ¿Un ejemplo? Los estatutos de autonomía de ¿tercera generación?.

¿Ha visto el amable lector las manifestaciones de los últimos 1 de mayo? Lamentables, pocos, muy pocos participantes ¿A quién representan los llamados sindicatos mayoritarios? si son cuatro gatos  Eso sí, por lo que se ve cuatro viejos gatos sobrevivientes, algunos, de la II república que se jactan de ser inconstitucionales por las banderas que exhiben. No había proclamas en defensa del pleno empleo, trabajo estable, mayor salario. Sólo banderas de la segunda republicanas y rojas ¿Para qué los financia el Estado con nuestro dinero?. ¿Es el resultado del nuevo régimen que parece  fundamentarse en la revolución liberal y la II república?

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Ante las graves circunstancias que acaecen en España en este momento, ante el estólido planteamiento del político de turno, sólo cabe una respuesta, una respuesta ESPAÑOLA.

Este artículo se publicó en la Revista Reino de Valencia nº 125

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