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Epistemocracia

La cuestión del poder no es sólo, de entrada, una cuestión de mera legitimidad en el sentido de determinar, bajo un procedimiento u otro, quién debe ostentar qué cargo o qué formas de gobierno deben ser adoptadas.

DANIEL ANTONIO JAIMEN NAVARRETE PEKÍN

Entre las diversas propuestas de filosofía política al uso o en desuso, muchas comienzan con disputas en torno a quién debe detentar el poder por el bien mismo de la sociedad. Incluso se pretende que la « democracia » -término manido, críptico y oscilante en su significado donde los haya- es la forma de organización política que mejor sirve a la sociedad en su conjunto o, si no, al bien común; ese bien común que se halla para los pánfilos en algún recoveco del cielo celeste de algodón dulce. Sin embargo, con demasiada frecuencia, en la discusión nuestra de cada día con agentes sociales de diverso pelaje, monta y extracción, los irreflexivos y ultramontanos defensores de eso que ellos denominan «democracia» -sin, por supuesto, entrar en más disquisiciones sobre la naturaleza o definción de ésta y mucho menos de la ubicación politológica de sus diversas variantes y combinados- vienen a decir o a intentar decir de un modo más o menos torpe que eso de la democracia es una especie de axioma incuestionable, que todos sabemos en qué consiste realmente y que vendría a ser algo así como un imperativo categórico de la ética política. Y al que piense lo contrario se le ignora o se le somete a chanza y escarnio después de haber sido expuesto a todo el repertorio ese de muecas y mohines que sirven para desactivar cualquier intercambio organizado y productivo de ideas en una sociedad digna de tal nombre.

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He ahí donde debemos incidir y de donde debemos partir como grave indicio de lo que sería una pretensión inauténtica, una pretensión que oculta sus motivos reales subconscientes, una pretensión que delata lo inconfesable o una pretensión que responde a una intencionalidad no cándida sino aviesa: el bien común se ha esfumado y ha sido escamoteado en la afirmación inquebrantable y en la adhesión unilateral aunque masiva a un mito político. La legitimidad ha sido redefinada chapuceramente y ha sido equiparada a la conformidad con una convención forzosa. Para más inri, se hace apelando a un pueblo siempre ficticio, a una voluntad popular indescifrable así como a la «legitimidad» subsecuente de chamanes electos (pero no selectos) que pueden leer el oráculo de las entrañas de las aves y decir que el pueblo se ha pronunciado o se les ha aparecido en sus sueños. Son nuestros gobernantes por la gracia del pueblo, es decir, por obra y gracia de un arquetipo teológico secularizado según los gustos y las modas de una sociedad descreída pero crédula. Con estas fórmulas manieristas, se abre la posibilidad de colar por la puerta trasera de la sociedad decisiones manifiestamente impopulares -como, por ejemplo, la inmigración masiva- haciendo un alarde de cinismo total y de un ufano talante totalmente «democrático». Al fin y al cabo, los lemas electorales y las consignas sólo constan de un número muy escueto de palabras para que las percebideras de ese pueblo no se sobrecarguen. La consecuencia indefectible es que, por arte de birlibirloque, ese bien común es ahora el disfraz de intereses particulares oligárquicos o, en el menos malo de los casos, de intereses alguna clase social más o menos amplia. Esa es la doblez: « creedme hijos míos, todo esto es por vuestro bien… ».

La cuestión del poder no es sólo, de entrada, una cuestión de mera legitimidad en el sentido de determinar, bajo un procedimiento u otro, quién debe ostentar qué cargo o qué formas de gobierno deben ser adoptadas. La cuestión del poder debe, necesariamente, ser planteada en un estadio lógico fundamental y fundamentante anterior como una cuestión de valores, fines y propósitos. Los hombres viven en sociedad para satisfacer una serie de necesidades elementales y no elementales y hacerlo conforme a una escala de valores y fines transcendentes y no transcendentes. La legitimidad de una forma de gobierno, la legitimidad de una decisión, la legitimidad de una legislación descansan, en último término y en último análisis, sobre su utilidad, sobre su respeto por derechos fundamentales, sobre su adecuación a un orden de valores. La objección facilona, el subterfugio pueril y populero, la obstrucción del intelecto, es siempre la misma: el relativismo cognoscitivo y su primo el relativismo ético. Es ahí donde debemos rebelarnos contra esas masas rebeldes orteguianas, contra el hombre que no se exige nunca nada a sí mismo y odia al que lo hace, contra el que ha adoptado una posición acomodaticia en su vegetativa vida y, para no tener que pensar, dice que la verdad no existe o que, lo que viene a ser lo mismo, que se vote para ver qué es justo y que no, qué es cierto y qué no. Es también en este punto donde caemos en la cuenta de que la verdadera antítesis del concepto corriente y moliente de la democracia esa contemporánea es, precisamente, la epistemocracia.

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