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Más subvenciones estatales a los partidos políticos

La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Se acaban de publicar en el Boletín Oficial del Estado (Reminiscencia del régimen anterior, que refleja que es el Estado, a través del poder ejecutivo, y no la nación a través del poder legislativo, el productor normativo), dos nuevas subvenciones estatales anuales, una para sufragar los gastos de seguridad, y la otra para atender los gastos de funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2020. (para ver las publicaciones en el BOE pulse aquí, y aquí).

Sobre ello quiero hacer varias reflexiones:

Primera.- Habla de formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados. Por consiguiente, son los partidos políticos los únicos con representación política y, no los ciudadanos, a través de su representante de distrito con mandato imperativo, algo que por cierto, prohíbe esta Carta otorgada de 1978.

Esto evidencia que en España no existe principio representativo del ciudadano y, por tanto, carece de democracia formal. Dicho principio es pieza clave para la producción normativa, a través de verdaderos representantes de la ciudadanía mediante los mecanismos de propuesta y promulgación legislativa. Sólo en la medida en la que intervienen en ese proceso representantes con mandato imperativo revocable de los ciudadanos, la norma alcanza su fin último de coordinar las necesidades sociales y no las del poder político de turno o del lobby de los poderosos.

Segunda.- Al carecer del principio representativo la sociedad civil, las normas carecen de legitimidad, que no de legalidad, y por tanto, del deber de obediencia civil.

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Existe una fórmula latina que dice: “Quod omnes tangit ad omnibus approbari debet” (“Lo que a todos nos atañe, todos debemos aprobar”). Por tanto, si el ordenamiento jurídico es el encargado de regular la convivencia del hombre en sociedad, teniendo aquél el carácter coercitivo general, qué menos que todos (puesto que nos atañe a todos) podamos decidir (a través de verdaderos representantes) sobre su contenido, finalidad y destino.

Tercero.- Por todo lo anterior, en referencia a las polémicas actuales, la cuestión no se debe focalizar en polémicas estériles e interesadas de desviar la atención de la verdadera causa del problema, como por ejemplo si los impuestos en España son muy altos o muy bajos, o más financiación a la Instrucción pública (que no Educación)  o a Sanidad, sino que debemos ir a la raíz del problema, a la causa y no a las consecuencias, puesto que al financiarse el Estado con la retracción obligatoria del patrimonio de los ciudadanos, todos debemos participar en su gestión y destino, vía Presupuestos Generales del Estado y ello, reitero, a través de verdaderos representantes políticos y, no de empleados de partidos políticos que obedecen a los intereses del jefe que les ha situado en esa función.

Cuarta.- Sin representación del diputado de distrito y sin separación de poderes, la corrupción es factor de gobierno.

Quinta y última.- Es una aberración que los partidos políticos se financien del Estado, puesto que ya se conoce la máxima de “Uno se debe a quien le paga” y así los partidos políticos pierden su sentido y su esencia, que fue recogida en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en su punto número 2, que dice lo siguiente:

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“2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”.

Por supuesto que el régimen político ideal no existe, y no por eso dejamos de pensar que es un ideal al que se debe de aspirar. Todos los sistemas pueden degenerar, y la democracia o la pseudodemocracia no es una excepción. La democracia corre el peligro de convertirse en una plutocracia, lo cual es un argumento a favor de diseñar formas que hagan más difícil que degenere, y esas formas existen. Lo que no es una alternativa es una dictadura o que un grupo de gente decida que ellos son los mejores o los que saben cómo elegir a los mejores y debe por tanto hacerse su santa voluntad. Eso no es una alternativa, porque entonces sería peor el remedio que la enfermedad.

Luchemos por la libertad. Abstención activa y desobediencia civil.

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