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¿Se unirá la comunidad internacional a la condena del genocidio uigur de China?

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha sido criticado por eludir el tema, aunque a la luz de la declaración de Estados Unidos, es probable que se enfrente a una mayor presión para hablar.

Xi Jinping, en el 19 Congreso del Partido Comunista de China | Thomas Peter/Reuters

En uno de los últimos actos de la administración saliente de Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró a China culpable de genocidio contra su minoría musulmana uigur, una postura que también respaldó el candidato a secretario de Estado del presidente Joe Biden, Antony Blinken.

En los últimos años, han aparecido informes explosivos sobre los abusos cometidos por el Partido Comunista Chino contra la minoría musulmana uigur, incluyendo la detención en “campos de reeducación”, abortos forzados y esterilizaciones masivas.

Las instituciones internacionales han sido mucho más silenciosas en su respuesta, a lo sumo haciendo“algunas declaraciones sin sentido que no van seguidas de acciones decisivas para cambiar el destino de las comunidades afectadas”.

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Algunos países han usado las plataformas de la ONU, incluyendo el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de derechos humanos dependiente del Consejo de Derechos Humanos, para hacer sonar la alarma.

En el primer examen del EPU de China en 2009, la declaración de apertura de Canadá “expresó su profunda preocupación por los informes sobre la detención arbitraria de miembros de minorías étnicas”, incluyendo los uigures.  La República Checa también mencionó a los uigures y recomendó a China que revisara sus leyes para garantizar la libertad de religión y la protección de los grupos minoritarios.

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En el segundo EPU de China en 2013, Estados Unidos exhortó a China a “proteger los derechos de los grupos étnicos minoritarios”, incluyendo a los uigures, “según la Constitución de China y los compromisos internacionales de derechos humanos”. Suiza también recomendó a China que permitiera a los expertos independientes en derechos humanos visitar las zonas uigures y tibetanas, y Canadá y la República Checa reiteraron sus preocupaciones del período anterior.

En el examen más reciente de China en 2018, el clamor fue en aumento.  Seis países hicieron un total de ocho recomendaciones que trataban específicamente sobre los uigures.  Suiza, Irlanda, Australia, Alemania y Finlandia retomaban ahora el tema, centrándose sobre todo en la detención arbitraria de uigures en campos. Los oradores eran de Europa Occidental, Australia y Canadá, lo que suscitó preguntas sobre por qué los países mayoritariamente musulmanes no se manifestaban en apoyo de la minoría musulmana de China.

Para entonces, China había sido acusada de cometer un “genocidio cultural” contra los uigures, un término no definido formalmente en el derecho internacional.  Pero en julio de 2020, el investigador Adrian Zenz informó de que las actividades del gobierno chino se ajustaban a la definición de genocidio de la ONU debido a sus políticas dedicadas a “suprimir sistemáticamente la natalidad y deprimir el crecimiento demográfico” entre los uigures.

China tiene una larga historia de supresión forzosa de la natalidad, sobre todo con su brutal política de hijo único.  En 2013, se informó de que cuatro mujeres uigures fueron obligadas a abortar a pesar de que “como minorías étnicas, los uigures [debían] estar exentos de la política de hijo único”.

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La próxima vez que China se someta al EPU será en noviembre de 2023, y es probable que las protestas en favor de los uigures sean mucho más fuertes.  Mientras tanto, las nuevas revelaciones sobre la reducción coercitiva de la fertilidad contra los uigures siguen cambiando la opinión pública.

En octubre, 39 países, liderados por Alemania, hicieron una declaración en la que expresaban su “profunda preocupación” por las violaciones de los derechos humanos cometidas por China en la Asamblea General, lo que supone un notable aumento comparado con la declaración de 23 países del año anterior.  Una declaración opuesta, liderada por Cuba, se hizo en defensa del historial de derechos humanos de China.  Sin embargo, el grupo que apoyaba a China se redujo en dieciséis países desde el año 2019.

El tamaño y el poder de China han hecho que las entidades de la ONU sean reacias a provocarla, lo que tuvo consecuencias devastadoras cuando la Organización Mundial de la Salud tardó en responder a la creciente pandemia de COVID-19 y, en cambio, repitió los argumentos del gobierno chino.  Para muchos países, defender a China en cuestiones de derechos humanos podría significar mantener un valioso socio comercial.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha sido criticado por eludir el tema, aunque a la luz de la declaración de Estados Unidos, es probable que se enfrente a una mayor presión para hablar.

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