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Los muertos por COVID no les bastan

Al igual que hicieron con el aborto, la progresía vende engañosamente a la sociedad sumisa la aprobación de la eutanasia.

Curar cuando se puede, cuidar siempre, matar nunca…. esa es la clave ética del sanitario 

“No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”, fue la base del juramento que Hipócrates obligó a hacer a sus discípulos que llevarían a lo largo del mundo la medicina. Del siglo IV a.C. al XXI d. C. en el que vivimos, el tiempo transcurrido ha facilitado la irrupción de ideologías que han dado al traste con la doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana, recogidos ya en aquel juramento

Con la llegada de la pandemia, a la sangría en compatriotas, se añade el empobrecimiento de la Nación y, por si fuera poco, la falta de respeto al ser humano aplastado por el poder del gobierno al vulnerar éste varios de los aspectos que componen lo que se conoce como derechos humanos. El virus, y la despótica utilización del miedo que ha generado en la población, ha acabado, no sólo con vidas y haciendas, también  con valores éticos.

Acabando con las vidas:

La escalada de fallecidos por coronavirus continúa, a pesar de que el presidente del Gobierno aseguró el  09.04.2020 , que la pandemia “empieza a estar bajo control, y advirtió “que habrá una “nueva normalidad”, lo cual debe de ser cierto porque esta situación no habíamos padecido sino en tiempos de Guerra. De modo que por nueva normalidad debe entender seguir privándonos de libertad, mientras se hunde la economía y continuan aumentando el número de fallecidos.

El nuevo dato ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística a 13/02/2021 revela que España ha alcanzado los 95.613 muertos[1]. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han empeñado en ocultar la cifra real de fallecidos por coronavirus en España al rechazar incluir en el cómputo de muertos a aquellos que, pese a contar con el respaldo del criterio clínico, no se pudieron confirmar por test o analítica hospitalaria debido al colapso que vivió la sanidad en toda España durante la primera ola del Covid-19.” Pero los datos oficiales que ofrece el Gobierno comunista quedan desnudos ante la evidencia. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III), el exceso de muertes se sitúa en 70.703 fallecidos. Los resultados obtenidos con MoMo estiman que se han producido dos periodos de exceso de mortalidad por todas las causas a nivel nacional, el comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, en los peores momentos de la pandemia, y entre el 20 de julio y el 20 de diciembre, cuando ha tenido lugar la segunda ola. Ahora, ya en esta denominada tercera ola, España queda sólo por detrás de un diminuto paraíso fiscal, San Marino. Y por encima de todo el resto de estados con características comparables. Y es que, en estos momentos, el dato total de muertes de España es de más de 95.000 fallecidos por Covid. (Carlos Cuesta en OK Diario).

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Acabando con la Hacienda:

La  pésima gestión de la pandemia en España, ha ocasionado un gran aumento del número de parados que en febrero de 2021 se situó en 4.008.789 personas, siendo el mes de febrero el que ha dado lugar a un aumento de un 1,12% respecto al mes anterior, es decir, 44.436 desempleados más Con respecto al mismo mes de laño anterior, la variación fue de 23,5%, según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (Véase El paro registrado en España, en datos (epdata.es))

De modo que una gestión que, al tiempo que aumentaba descontroladamente el paro, aumentaba en igual medida gastos indebidos y superfluos, ha producido inevitablemente un aumento desbocado de la deuda pública española que ha cerrado  2020 en los 1,311 billones de euros, lo que supone un incremento de 122.439 millones de euros respecto al cierre de 2019. Solo ese aumento de la deuda equivale a más de dos veces la economía entera de Bulgaria o Croacia. La crisis económica generada por la pandemia del covid-19 ha hecho mella de forma evidente en las finanzas públicas españolas, generando un desequilibrio que dejará un deficit publico  histórico y una deuda pública en el 117,1% del PIB, un ratio que no se veía desde 1902.

La Seguridad Social es el único organismo que ha visto disminuir su partida de gastos, bien es cierto que ni por eficiencia ni eficacia en su gestión, sino que se lo ha facilitado la cantidad de muertos de pensionistas fallecidos por coronavirus. En el periodo que va de febrero a noviembre de 2020, los mayores de 74 años fallecidos llegaron al 78% seguido del grupo de edad de 65 a 74 que alcanzaron un 58% por lo que fueron dados de baja 67.837 pensiones de jubilación y viudedad. La cifra todavía podría ser mayor ya que no está contabilizado el mes de diciembre, y al ritmo de los últimos datos, supondría sumar unas 2.000 muertes a ese cómputo macabre, lo  que dejaría la cifra en 70.000 pensionistas fallecidos. Esta cifra corresponde con el exceso de bajas detectado con respecto a 2019.

El Tribunal de Cuentas ha valorado, por otras circunstancias, que la pensión que corresponde a 30.000 personas fallecidas asciende al importe de unos 25 millones mensuales, esto es, unos 300 millones de euros al año, de modo que podría decirse, que los 70.000 pensionistas fallecidos han ahorrado al Estado algo más de 600 millones de euros al año, sin tener contabilizado el ahorro en gastos en farmacia, médicos o atención hospitalaria.

La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo, y para muchos un favor.”, dijo Séneca. Ese favor es el que para la Seguridad Social ha supuesto el “ahorro” del pago a los 70.000 pensionistas, más el devengo correspondiente por las atenciones médicas que precisaran. Sin embargo, parece que resulta insuficiente para el gobierno, de modo que con la consabida algazara de los palmeros diputados de izquierda, han aprobado en el Congreso la ley de eutanasia. Y nos llena de perplejidad esta actitud, porque podemos entender que la apruebe HB, (al fin y al cabo les es más cómodo que utilizar sus métodos tradicionales), pero que la aplauda el PNV, aquél que se definía: “Nosostros para Euskadi y Euskadi para Dios”, cuesta trabajo asumirlo…¿Lo utilizarán con su amatxu, su amona o su aita? No creo, es para aplicarlo a otras madres, abuelas o padres…

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Nunca entenderé a estos que se llaman progres. Son seres incongruentes que por una parte están encantados con asesinar a indefensos ancianos y por otra, se enternecen con asesinos múltiples si son de su cuerda, o simplemente necesitan sus votos.

Acabando con valores éticos:

Al igual que hicieron con el aborto, la progresía  vende engañosamente a la sociedad sumisa la aprobación de la eutanasia, cuya definición dice que es un acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona, es decir, matar. Como asumirlo es muy duro, lo dulcifican diciendo que es para evitar que sufra aquel que padece una enfermedad incurable.

La cuestión es que si quieren acabar con las situaciones de dolor insoportable,  eso no se soluciona con la eutanasia, que sólo es matar, sino mitigando el dolor, aunque esa mitigación pueda acortar la vida, al reducir las defensas del interesado. Los cuidados paliativos, no sólo no están prohibidos por la Iglesia que condena la eutanasia sin paliativos, sino alentados por ella.  Aunque a veces la ideología impide ver y tocar la realidad. 

El discurso de la muerte digna y del derecho a morir es otro eufemismo, como llamar al aborto interrupción voluntaria del embarazo, para disimular la carga que conlleva el acto, que dificulta empatizar con el enfermo en su sufrimiento físico, la soledad y la tentación de la desesperanza. “Lo que pide a gritos la persona que sufre es una compañía humana que alivie su dolor y le sostenga en la certeza de que la vida, también cuando se apaga, es un bien, tiene sentido”. Para curar, dice Francesc Torralba[2], es necesario cuidar, porque el cuidado tiene también efectos curativos. 

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El jurista Segismundo Alvarez Royo-Villanova escribe en ABC (16-01-2021) un extenso artículo en el que expone sus razones por las que considera que “El problema es que va a ser difícil que la ley consiga un objetivo razonable: equilibrar la protección de la vida con la libertad del enfermo en situaciones extremas”. Y da varias razones de las que escogemos dos que nos parecen esenciales: 1) la dificultad para el médico, en controlar el grado de sufrimiento físico o psíquico dado el carácter subjetivo del mismo, por lo que el grado de inseguridad para pacientes y médicos será enorme y 2) porque los procedimientos que establece están mal diseñados que no garantizan la verdadera voluntad del paciente ni su  adecuada información.

Sabemos, además, a dónde llevan estas dificultades de aplicación. La experiencia de países cercanos con leyes semejantes muestra que la consecuencia será una aplicación generalizada de la eutanasia, mucho más allá de los supuestos excepcionales que dieron lugar a la regulación: hoy en día el 4% de las muertes en Holanda y el 2,5% en Bélgica son eutanasias activas a través de inyecciones letales realizadas por sanitarios. Y empujan también a una huida de ancianos –a aquellos que puedan permitírselo− a países que no tengan aprobada esta malhadada ley.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés en una entrevista en El Toro TV, se ha manifestado diciendo: “Es cruel que la alternativa sea matarles” y hainsistido en que lo que “urge” en España es “una ley de cuidados paliativos”. “Los cuidados paliativos están infradesarrollados en España. Lo que se recomienda son dos servicios por cada 100.000 habitantes y aquí no llegamos a la mitad (0,6). Hay pacientes con enfermedades avanzadas que están sufriendo, pero la alternativa no puede ser matarle.

Considera peligrosa esta ley de matar seres indefensos porque puede aumentar el negocio de algunos como es el terrible y poco conocido que llevan a cabo “algunas empresas en España que de forma ilegal están facilitando el suicidio, cobrando 10.000 euros”, y advierte de la potencialidad de dicho “mercado” que movería “116 millones de euros”[3].

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 “Usaré tratamientos para el beneficio de los enfermos de acuerdo con mi capacidad y mi criterio, y apartaré de ellos todo daño e injusticia” dice el juramento hipocrático, es decir, como explicó a la BBC el experto en ética médica Daniel Sokol, los médicos deben defender los intereses de sus pacientes, y esforzarse por corregir la injusticia que los perjudiquen. Los médicos españoles lo tienen presente y han hecho saber su derecho a la objeción de conciencia, ante lo cual el todopoderoso “padrecito” gobernante ya ha anunciado que harán listas en las que figuren todos aquellos que se opongan a su orden de matar ancianos (de momento, luego lo aplicarán a discapacitados y si dura mucho, a los opositores a sus deseos. ¿Están copiando de

Hitler y su nazismo, o quizás de Stalin?). Solo con la amenaza de las “listas negras” ya han conseguido asustar a muchos, especialmente a los jóvenes con contratos de seis meses, que se ven en la calle porque temen que el negarse a incumplir su código deontológico, sirva de excusa para no renovarles el contrato.

Todos los médicos, sea cual sea su especialidad, están de acuerdo en la necesidad de desarrollar el área de los cuidados paliativos tan escasa en España, pero, al tiempo, todos coinciden también en la falta de confianza en que lo haga el gobierno, porque ha demostrado que valora como perjudicial el hecho de hacer una gran inversión sin obtener ningún beneficio.

En un mundo tan materialista, alejado de Dios, la cuestión moral sobra. “La Sagrada Escritura es clara al señalar que la vida es un don de Dios y solo Él tiene poder para darla y quitarla”. Bajo esta idea, toda persona, institución o gobierno deben hacer todo lo posible para ayudar a conservar la vida propia y la de los demás”. Por eso “no es posible que ninguna persona, institución o gobierno considere que tiene derecho a quitar la vida de otra persona”, (pero claro, ¿dónde va uno hablando de Dios y las Sagradas Escrituras?).

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“Resulta inconcebible, y a todas luces inmoral, que el Constituyente haya convertido en derecho lo que en realidad es un delito”.[4] Según Alejo Schapire, autor de ‘LA TRAICIÓN PROGRESISTA’, la explicación reside en que la izquierda identitaria actúa como una policía moral, una nueva Inquisición”[5]. Muy cierto.


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