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No es una cuestión de kilowatios.

Lo fundamental es que rebajemos por todos los medios el poder del Estado y el alcance de sus leyes y de su poder de coerción.

Foto: Pixabay

Me llega un pequeño vídeo, de esos que circulan por las redes estos días de cabreo generalizado por la subida del precio de la luz. En él, un currante se despacha leyendo la lista de los expolíticos españoles que están acomodados, con sustanciosas nóminas, en empresas eléctricas.

El buen hombre está cabreado, pero bien cabreado, como la mayoría de los que vamos a sufrir en nuestro bolsillo el rejonazo anunciado. Sólo la mayoría, porque los izquierdistas y los salvaplanetas fanáticos están encantados con el asunto.

Pero estar enfadado, estar indignado no significa que se haya identificado bien el problema y mucho menos que se haya dado o se proponga una solución que lo evite, lo solucione o impida que vaya a más. Buena prueba de esto que digo lo tenemos en los indignados por la crisis del 2008, sus diagnósticos y soluciones, que nos han traído hasta aquí.

Porque el buen hombre, que seguro que lo es, dirige su ira hacia las eléctricas y hacia los cobijados, sin que sepamos a quién de todos y en qué proporción hace responsables del desastre, ni qué propone para salir de él.

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Dejando claro que esto, como casi todo, es un problema multicasual y que se ha ido enredando en el tiempo, lo primero que hay que tener claro es que las eléctricas no han subido el precio de la luz. El mercado eléctrico español es de los más intervenidos, de los más regulados, de los más estatalizados, por más que los operadores sean privados.

Éstos no fijan el precio del kilowatio que se consume, sino que lo hace una bien tejida red de regulación. Además, del precio final que paga el consumidor, menos de la mitad corresponde a lo que se entendería como precio de la luz, porque el resto, o sea la mayoría, son impuestos y tasas, cargas y más cargas que se han cargado vía legislación. Por si fuera poco, se cobra, además, el IVA, lo que es un impuesto sobre impuestos, es decir algo ilegal aunque en este nuestro país eso ha dejado de significar algo hace ya un tiempo.

Está muy extendido el pensamiento de que son las eléctricas las que presionan a los políticos para que legislen de tal modo que ellas saquen beneficio, pagando luego los favores con apetitosos puestos de trabajo sin trabajo pero con buen sueldo.

Puede leer:  Memoria y concordia, ¿una ley posible?

Pero esto no es más que una forma de verlo.

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Pensemos con tranquilidad qué ocurriría si, por mucho que presionasen a los políticos los malvados empresarios, por mucho que aquéllos se dejasen o les interesase ser corruptos, no se pudieran dictar leyes como las que ahora se aprueban. Es decir, que las leyes fueran leyes y no legislación y no pudieran ir contra la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.

Pues claro, que no se podrían tomar decisiones que extendieran privilegios de unos sobre otros, que no se podrían aprobar impuestos para subvencionar unas formas de energía sobre otras, que no se podrían regular los precios a corto plazo para luego tener que recompensar con tarifas vía decreto, que no se podrían conceder subvenciones a unos operadores con el dinero de los consumidores, o que no se podrían prohibir ciertas formas de energía y mucho menos pagar las indemnizaciones por esas prohibiciones con el dinero de los consumidores. Y tampoco se podría cobrar un 21% de mordida porque sí, por la cara bonita del Estado.

Es fácil culpar a los malvados empresarios de todos los males que nos acechan. Lo difícil es ver que, si no tuviéramos ese monstruoso leviatán capaz de hacer leyes que impongan cualquier cosa que se le ocurra sin control alguno, aquéllos no podrían hacer nada, o muy poco.

Si el fabricante de caramelos de menta no logra que su producto me guste, no compraré y no me comeré ninguno. Y ya está. Pero si el Estado, si el gobierno hace una ley que me obliga, no solo a comprar caramelos de menta, al precio que se me ofrezcan y no a otro, sino que además me obligue a sufragar las compras de caramelos de menta de aquellos a los que les gustan, pagaré por los caramelos quiera o no.

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Así que lo fundamental es que rebajemos por todos los medios el poder del Estado y el alcance de sus leyes y de su poder de coerción. Que nos demos cuenta de que ese poder para obligarnos, esa posibilidad de aprobar leyes que impongan cualquier cosa, por descabellada que nos parezca, es lo que nos reduce a la esclavitud (y si no, observemos lo que ha pasado durante este último año).

Lo fundamental es que intentemos, que luchemos para que las instituciones que dirijan la vida de la gente sean lo más naturales posibles, lo más alejadas del aparato estatal, tan artificial como dañino, y que éstas sean las personas, las familias, las comunidades y otras natural y voluntariamente formadas.

Puede leer:  Donoso Cortés sintetiza magistralmente lo que ocurre con los políticos "católicos"

Para concluir, solamente quiero apuntar que, en nuestros tiempos, cuando una sociedad está a punto de caer en la esclavitud del socialismo, comienza por destruir las rentas de las clases medias por medio de los impuestos y el paro, además de las subvenciones, controlar los medios de comunicación y aumentar la propaganda, destruir las empresas, encarecer e impedir el acceso a la energía, provocar la carestía y la escasez de alimentos, para terminar por hacerse con el control.

No sé si les va sonando a algo parecido lo que estamos viviendo por aquí últimamente…

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