La tutela es para garantizar los derechos constitucionales a los ciudadanos. Pero ahora se usa para proteger a los vándalos que llevan dos meses disparando el contagio del Covid, y para cercenar a los habitantes de Medellín su derecho a recoger firmas para revocar al alcalde.

La Constitución del 91 y el humillante pacto de La Habana nos han traído no solamente la dictadura de los jueces, que ahora legislan y dan órdenes al Ejecutivo, sino también el caos de la inseguridad jurídica, el entorpecimiento de los programas de erradicación del ilícito cultivo y las restricciones a la fuerza pública en sus tareas de restablecer el orden.

Detrás de esa estrategia litigiosa se encuentran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); el Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes); la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); el Centro de Estudios Culturales de la Memoria; y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam).

Un juzgado administrativo de Popayán falló una tutela prohibiendo al ESMAD el uso de un arma no letal, aprobada internacionalmente para el control de disturbios callejeros, el lanzador múltiple eléctrico Vernom. Ya son los jueces los que manejan el orden público, no el Presidente ni los Alcaldes, como lo determina la Constitución.  Pero no intervienen para proteger a una ciudad como Popayán, tristemente vandalizada, sino precisamente para facilitar aún más la acción depredadora y bestial de los bárbaros.

Pero a quienes utilizan las vías jurídicas para hacer valer sus derechos, como los habitantes de Medellín que tienen derecho a pronunciarse sobre la revocatoria de su alcalde, el Gobierno Nacional, en complicidad con la Registraduría y con los jueces, les niegan ese derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional .

Entre el Ministro de Salud y el Registrador se encargaron de empantanar la entrega de planillas durante 5 meses y medio que se gastaron en intercambio de comunicaciones. Finalmente, cuando se logró que entregaran la planilla oficial, aparece un oscuro juez suspendiendo la recolección de firmas hasta que el alcalde ad hoc designado para el control sanitario del proceso se posesione y apruebe el protocolo a seguir.

No se busca con ello garantizar ningún derecho constitucional sino violar el de toda la ciudadanía que aún no ha podido firmar para solicitar la revocatoria de un alcalde indigno para esta ciudad.

¿Acaso exigieron el Gobierno nacional y los gobiernos municipales algún requisito a los miles de agitadores que durante dos meses se han dedicado a propagar libremente el virus chino por todas las ciudades?

¿Dónde están las tutelas para evitar la masacre sanitaria que nos tiene como el país más contagiado del mundo, guardadas las proporciones de número de habitantes?

¿Es que la defensa del derecho a la vida, conculcado por el incremento de la pandemia,  por la multiplicación del área sembrada de coca y por la acción del terrorismo no es prioritaria ni para el Gobierno ni para los Jueces?

Amanecerá y veremos. El pueblo indignado se levantará como Fuenteovejuna, todos a una, para decir NO a estos políticos contemporizadores con el delito, a apoyar una nueva fuerza comprometida con la abolición de ese fatídico acuerdo, con la desaparición de la JEP , con la reforma a fondo de la Justicia, con la erradicación de la droga y del terrorismo y con el restablecimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y la Seguridad de los colombianos.

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