Por: Luis Alfonso García Carmona

Entre las muchas tragedias que padecen las gentes de escasos recursos en nuestro país, nos encontramos la práctica de los préstamos “gota a gota”, que coloca a los pobres en manos de desconocidos e ilegales prestamistas, en busca de una rápida solución a sus necesidades monetarias, sin prever que los montos del crédito crecen al capricho del usurero y que los métodos de cobranza no siempre se sujetan a los mandatos de la ley.   

En la misma forma, estamos los colombianos sometidos a una revolución “gota a gota” que se evidencia en las diarias vulneraciones del Estado de Derecho, el avance de la inseguridad por cuenta del desmoronamiento de la Fuerza Pública, la conversión de la Nación en un narco-estado, el despilfarro de los recursos públicos, la impunidad absoluta para los escándalos por corrupción en los poderes públicos, o  la sistemática destrucción de la seguridad social mediante las reformas al sistema de salud y a los fondos de pensiones que avanzan engrasadas con el sistemático y vergonzoso soborno de los parlamentarios que venden su voto o su presencia en las sesiones para cumplir con el quórum reglamentario.

No hay día que no nos traiga otra mala noticia para la suerte de los colombianos o para el futuro de nuestra Patria, ahora convertida en el coto de caza de unos criminales sin límites legales, éticos o morales. 

Sin una Justicia proba, idónea y eficaz todo el engranaje del Estado se derrumba. Pero, además, los particulares, ante la ausencia de un ente imparcial que brinde una rápida y equitativa solución a sus conflictos, opta por hacer justicia por su propia mano y llegamos por esta vía al caos y la anarquía.

Persiguiendo este objetivo, se empeña el régimen de ultraizquierda que nos desgobierna en acelerar ese proceso de descomposición moral, impunidad y desorden colectivo con acciones como la de ordenar al ministro de Justicia que prepare un proyecto para reformar la Fiscalía, dizque para “simplificarla, empoderarla volverla efectiva y cercana a la ciudadanía”. 

¿Qué se pretende con esa insulsa y vacía palabrería? Ocultar el verdadero propósito del susodicho proyecto, que no es otro que detener de una vez y para siempre cualquier investigación penal por los múltiples escándalos descubiertos en la Presidencia, tanto en la campaña presidencial como en el primer año de su gestión, actos delincuenciales que – como todo el pueblo colombiano conoce- involucran a varios personajes de la familia y del entorno más cercano al guerillero que ejerce las funciones presidenciales.  

Como motivación para esta reformas no encontramos la búsqueda de soluciones a las  inveteradas deficiencias de la justicia colombiana . No, lo que expresa el mandatario revela su real interés de retaliación y su apetito por colocar el organismo al servicio de sus caprichos o intereses, cuando afirma: 

“espero que a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”  

Significa el dicho del mandatario que tiene conocimiento de que la Fiscalía se ha dedicado en el pasado o en la actualidad a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y que se ha usado este organismo para encubrir el crimen. Si ello es así y hasta el momento no lo ha denunciado ante las autoridades competentes, está incurso en el delito de encubrimiento, denominado “favorecimiento” en nuestra legislación. De acuerdo con el artículo 446 del Código Penal Colombiano, el que posea conocimiento de una comisión de conducta punible y ayudare a eludir -sin concierto previo- la acción de las autoridades o a entorpecer las investigaciones correspondientes, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses.

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Para finalizar, cabe recordar, ya que los medios se han abstenido de precisarlo, que cualquier iniciativa para modificar las normas constitucionales que organizan la Fiscalía debe llevarse a cabo mediante una reforma constitucional y no mediante un simple decreto del Gobierno. 

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