Por Stefano Gennarini, J.D.
(C-Fam) Los líderes demócratas en la Cámara de Representantes se preparan para votar una Ley de Respeto Global, que le daría al presidente la capacidad de imponer sanciones a los líderes políticos, culturales y religiosos extranjeros que se opongan a la agenda de la homosexualidad/transgénero.
Aparentemente, el propósito del proyecto de ley es proteger los derechos humanos de las personas que se identifican como homosexuales o transgénero, pero su efecto sería disuadir la libertad de expresión y socavar la libertad religiosa en todo el mundo.
La Ley de Respeto Global no solo penalizaría las violaciones atroces de los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el genocidio, que son universalmente condenados y severamente castigados por una ley federal conocida como la Ley Magnitsky. También incluye una disposición penal general contra cualquier discurso o acción que pueda contribuir a cualquier “negación flagrante del derecho a la vida, la libertad o la seguridad del individuo”.
Esta amplia disposición general está diseñada para censurar a los líderes políticos y religiosos que se oponen a la agenda homosexual/transgénero. Si se convierte en ley, le daría al presidente un poder discrecional para imponer sanciones al discurso político y religioso contra el matrimonio homosexual o los derechos de las personas transgénero, incluso para los niños.
Activistas, organismos de derechos humanos de la ONU y personal de la ONU ya acusan a los creyentes religiosos de discurso de odio, incitación a la violencia e incluso complicidad en la violencia y la tortura cuando expresan públicamente su desaprobación de la conducta homosexual y la ideología transgénero.
En un informe reciente a la Asamblea General, el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género dijo: “Los Estados deben adoptar medidas decisivas cuando las autoridades, los líderes o los agentes religiosos infringen los derechos de las personas LGBT a través de la violencia y la discriminación, incluido el discurso de odio”.
La experta de la ONU denunció específicamente a las autoridades religiosas de la Iglesia Ortodoxa por su oposición a la agenda homosexual/transgénero, acusándolas de “incitar” al odio y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Un comité de la ONU encargado de promover los derechos de los niños bajo un tratado de la ONU censuró al Papa por oponerse al matrimonio homosexual y la agenda transgénero. El comité llegó incluso a criticar la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la “complementariedad e igualdad en dignidad” de los sexos porque estos conceptos “justifican legislaciones y políticas discriminatorias”. Una respuesta oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano a los comentarios de 2014 del comité de la ONU lo llamó una “espada contra la libertad de religión”.
La Ley de Respeto Global no alcanzó votos suficientes en el comité de Asuntos Exteriores a fines de septiembre. Una enmienda ofrecida por los republicanos para limitar la autorización de sanciones fracasó en el propio partido. Se espera que el proyecto de ley se someta a votación este mes.
Un proyecto de ley complementario a la Ley de Respeto Global tanto en la Cámara como en el Senado, llamada Ley Global, incluye el mismo tipo de sanciones al estilo Magnitsky, pero también amplía enormemente la huella de la agenda LGBTQI+ dentro de la burocracia del Departamento de Estado. Codifica los asuntos homosexuales/transgénero como una máxima prioridad de derechos humanos y otorga poder y financiamiento permanentes a un embajador en misión especial de los EE. UU. para tales asuntos y a otros funcionarios dentro del Departamento de Estado de los EE. UU.
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