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La Conselleria de Mónica Oltra imputada por abusos a una menor, y los políticos encendiendo el ventilador contra la Iglesia

Nuestra muy liberal, y muy corrupta, clase política ya ha puesto en funcionamiento el ventilador para trasladar sus culpas a terceros, ahora solo cabe esperar para comprobar si el populacho, que tiene derecho a voto cada cuatro años, se traga la versión políticamente correcta que dice que el celibato sacerdotal es la causa de los abusos, o sale a la calle para pedir la dimisión de toda esta escoria que detenta cargos públicos y disfruta de pingües beneficios.

Mónica Oltra
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Hace unas semanas informábamos en Tradición Viva que el Congreso tiene la intención de crear una Comisión para investigar los abusos a menores presuntamente perpetrados en el seno de la Iglesia. Es evidente que con esta maniobra los grupos izquierdistas impulsores de la iniciativa no buscan encontrar la verdad, sino simplemente manchar el honor de los sacerdotes, y no solo de los presuntos culpables, sino de todos los sacerdotes.

No resulta extraño que ante la petición de VOX y el Partido Popular de investigar todos los abusos a menores, y no solo los cometidos por sacerdotes, los mismos grupos impulsores de la medida votaran en contra, pues claro su objetivo no es acabar con los abusos, sino acabar con la Iglesia haciendo un uso instrumental de este tipo de delito tan execrable.

Igualmente en Tradición Viva ya hemos informado como en los últimos años diferentes cargos políticos, principalmente del PSOE y PODEMOS, han sido acusados de abusos sexuales, y como dichas causas han llegado a los Juzgados y Tribunales, sin que hasta la fecha se conozca que los diferentes partidos políticos hayan impulsado comisiones de investigación internas para dilucidar si las directivas eran conocedores de dichas circunstancias y guardaron un culpable silencio.

La ilegalidad de cualquier tipo de investigación en sede parlamentaria sobre la actuación de la Iglesia en este tipo de conductas es evidente, por cuanto el Congreso no puede investigar a empresas, asociaciones o entidades que no son públicas, sino privadas. Igualmente, no parece muy indicado investigar los supuestos abusos dentro de la Iglesia, cuando según los datos oficiales estos presuntos abusos suponen una mínima parte de los abusos cometidos, ya que para empezar los datos oficiales reportan que la mayor parte se realiza en el seno familiar. De igual forma resulta sorprendente como se esconde que en el seno de la Iglesia la mayor parte son abusos homosexuales (en Francia el informe Sauvé llega a la conclusión que el  80% de abusos sexuales en la Iglesia fueron homosexuales según informábamos el pasado 6 de octubre de 2021), pues claro la corrección política nos impide hablar mal de los homosexuales que por lo visto son una casta angelical incapaz de cometer ninguna fechoría.

En este contexto, y cuando los políticos llevan meses preparando las piquetas para la destrucción de la Iglesia, hoy por diferentes medios de comunicación nos enteramos que un Juzgado imputa a seis cargos de la Consellería de Mónica Oltra por los abusos de su exmarido a una menor tutelada, imputación que posiblemente no será la única, pues siguen abiertas varias instrucciones penales para el esclarecimiento de los hechos. Igualmente, en las Islas Baleares no está cerrada la investigación de los casos de abusos a menores tutelados en centros de acogida pública, por más que el Partido Socialistas y sus socios se negaran a abrir una Comisión de Investigación al respecto.

Es evidente que los diferentes partidos políticos quieren ocultar sus propias miserias encendiendo el ventilador para que la «mierda», dicho sea con perdón, salpique a otros, y no a los verdaderos responsables de la corrupción de menores, y no solo nos referimos a la comisión directa de conductas abusivas, sino también por la propagación de doctrinas infectas en la educación como la ideología de género, la legalización del aborto de las menores sin consentimiento paterno para facilitar el ocultamiento de abusos, y la extensión de la hipersexualización de la juventud y la pornografía mediante leyes de origen liberal que dicen respetar la libertad de cada cuál, sin tener en consideración que no existe libertad sin verdad, y que los  menores tienen que ser especialmente protegidos.

El PSOE y sus socios están especialmente interesados en tapar el escándalo de Valencia pues el exmarido de la Consejera Mónica Oltra ya está condenado (aunque la Sentencia todavía no es firme) por los abusos a una menor tutelada por la propia administración, y ahora se investiga a seis cargos de la propia administración siendo que una de las investigadas concurrió en las listas electorales de Compromís y fue miembro de la ejecutiva del partido en Xàtiva.

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De momento, y aunque el Congreso no tiene intención de investigar los abusos cometidos por funcionarios, o personal dependiente de la administración, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ya ha citado a declarar como investigados a seis cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra en relación a la investigación sobre la gestión de los abusos sexuales a una joven tutelada por parte del exmarido de la vicepresidenta del Gobierno Valencia, aunque es posible que esta no sea la única causa, dado ha sido remitida a dicho Juzgado una nueva querella  contra la propia Mónica Oltra por este asunto.

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El abogado de la menor abusada, el patriota don José Luis Roberto, y tras la condena del exmarido de Mónica Oltra, presentó las acciones penales oportunas para que se investigara penalmente si la administración pública, o los cargos dependientes de la misma, desprotegieron a la víctima para tapar el escándalo mediático después de que la sentencia que condenó al acusado a cinco años de prisión pusiera en entredicho la actuación del ejecutivo autonómico en este asunto, es decir, que el letrado ha cogido el toro por los cuernos y quiere que se investigue si los cargos políticos ocultaron deliberadamente este escándalo.

Entre los ahora investigados se encuentra la directora territorial en Valencia, Isabel Serra, la que junto a otros siete personas tendrá que declarar ante el Juzgado, y ya veremos si de las investigaciones no resultan nuevos investigados, pues es necesario recordar que este caso fue archivado en su día a petición de la Fiscalía justificando la petición de archivo archivo en la falta de firmeza de la Sentencia condenatoria del exmarido de la Vicepresidenta del Gobierno Valenciano, aunque la Audiencia Provincial dio la razón al abogado recurrente recordando que cada proceso sigue un cauce distinto y los hechos que denuncia la menor -la falta de respuesta ante un suceso tan grave- «resultarían punibles» aunque finalmente el acusado fuera absuelto.

No es ocioso recordar que tanto la Sentencia condenatoria de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia del pasado mes de marzo, como la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de septiembre coincidieron en señalar «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima» por parte de «quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla», cuestionando igualmente el motivo por el que no se acudió a la Fiscalía de Menores encargándose únicamente unos informes que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» pese a que eran «plenamente conscientes» de que el asunto ya estaba en manos del Ministerio Público.

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Abogado, académico de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y colaborador de numerosas publicaciones y revistas, exdirector de la sección cultura del periódico digital Minutodigital, e impulsor de numerosas iniciativas de la sociedad civil para fomentar la participación ciudadana real en la vida política y social, como el Centro Jurídico Tomás Moro, el Centro de Estudios Históricos General Zumalacárregui, o la Asociación Editorial Tradicionalista. Actualmente es director de Tradición Viva

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