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Democracia orgánica en un Estado corporativo

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En 1975 la clase política franquista, acomplejada de dictatorial y acobardada,  trajo a dos Partidos: al PSOE, famoso por sus checas, pero alardeando de socialdemocracia, y al partido Comunista, no menos famoso por su masacre de Paracuellos, pero repartiendo reconciliación, abrazos, y todos amigos. Estos tres grupos, junto al vocerío y la opresión mediática nacional e internacional, el lobby relativista de Philadelphia-Boston, Escocia y París, gozando de la posibilidad de borrar a Franco de la Historia, la financiación del PSOE y de la agitación estudiantil por la Fundación Friedrich Ebert, la influencia de Don Juan sobre el Príncipe Juan Carlos y, finalmente, la hábil ejecución del exfalangista y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, hicieron tabla rasa del éxito de la política de Franco, gracias al casi corporativismo orgánico del Estado por el que los españoles pasamos de las alpargatas de los años 30 al 600 de los 70. 

Entonces,  en 1978, se volvió a la política demoliberal  y a la democracia inorgánica, por un craso olvido histórico del fracasado régimen de 1812, de la Restauración y de la II República, con su ineficaz parlamentarismo y su peleona partitocracia. También se olvidaron de las palabras, de los escritos y/o de las intervenciones de Medina Echevarría, Fernando de los Ríos, Posada, Madariaga, Besteiro, Oyuelos y de otros de izquierdas, así como de los de la derecha como Maeztu, de Mella, Calvo Sotelo, López-Amo, Calvo Serer, Elías de Tejada, y muy especialmente de Aunós, Pradera y Fernández de la Mora. 

Como consecuencia de aquellas influencias y de estos olvidos, empezamos a disfrutar de la sacrosanta Transición, con su democracia inorgánica, su Parlamento y su partitocracia, y ahora, después de 40 años y en pleno siglo XXI, terminamos padeciendo lo que en la barra del bar se la llama, por gentes de toda condición, “la democracia del pitorreo”. Y ello por el analfabetismo escolar y universitario, la galopante deuda pública, la desindustrialización, la colonización extranjera, el invierno demográfico, el gigantismo del Estado, la duplicidad de las empresas paraestatales, la elefantiasis administrativa, el paro crónico, la destrucción de la clase media, el despilfarro en naderías con sifón -junto a la ausencia de inversiones productivas-, un Parlamento tan abundante en charlatanes, en rifirrafes y en mentiras presidenciales, la existencia de políticos delincuentes a nivel municipal, provincial, autonómico y estatal (Calvo del PSOE fraguó el concepto “el dinero público no es de nadie”, y las malas lenguas añaden “y por eso me lo meto en el bolsillo”), la no separación de los tres poderes del Estado, el no respetar el principio de subsidiaridad, etc. etc.

En efecto, hubo políticos de izquierdas que lucharon por un Estado corporativo, en mayor o menor medida. Pablo Iglesias agregó a sus principios guesdistas otros de carácter organicista, tomados del socialismo fabiano inglés, de los sindicaos franceses y del krausismo (Democracia industrial). Fernando de los Ríos con su obra “La crisis actual de la democracia” (1917) se decantó por la «democracia orgánica», con un modelo constitucional profesional donde prevalezcan en el gobierno los más capaces (sofocracia). Existiría un Parlamento de Trabajo y una Cámara sindical. Sus ideas las presentó en el Congreso del PSOE (1921), pero tuvieron poca aceptación. Medina Echevarría, en su obra La representación profesional en las asambleas legislativas (1930), propone corporaciones comarcales, unidas en mancomunidades regionales autónomas, cuyos miembros de origen profesional integrarían el Consejo Económico Federal y regularían la vida económica de la nación. El caos obrero, a finales de la segunda década (huelga general, 1917) y principios de los años 20, propició el ansiado gobierno fuerte y la paz social de Primo de Rivera. Algunos socialistas colaboraron con su gobierno (Largo Caballero, Nuñez Tomás, Cabello Toral , M. Vigil, Oyuelos, etc.) y fueron conscientes de su éxito social y económico. 

Más tarde, sin embargo, en pleno periodo constitucional republicano (1931), desaprovecharon la primera oportunidad que les brindó la Historia para implantar la doctrina del Estado corporativo, la democracia orgánica. Ossorio y Gallardo (presidente de la comisión jurídica asesora) participó con su Anteproyecto en la tarea constitucional (Parlamento de gobierno, 1930). Presentaba un Senado corporativo, compuesto exclusivamente por representantes de asociaciones patronales, obreras, profesionales y culturales, unos Consejos Técnicos asesores y un poder judicial organicista. Partidario de un sistema bicameral, aceptaba la elección de los diputados por sufragio. El gobierno ni siquiera lo llevó al debate en el Congreso.

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Este bicamerismo también se observa en los Anteproyectos de Posada (La reforma constitucional, 1931) y de Madariaga, ambos representantes del liberalismo krausista, en los que presentaban las unidades vivas, individuales y las colectivas –representación de los cuerpos sociales intermedios-. Posada planteó en su Anteproyecto elementos individuales  y sociales: sindical y corporativo, pero no fue aceptado. Madariaga trató de reformar la constitución del 31 criticando su sectarismo anticlerical y su dogmatismo ideológico y señalando como solución la democracia orgánica, con la eliminación de los partidos políticos y los sindicatos de clase (Anarquía o Jerarquía, 1934). Esta sería su Tercera República: Estado republicano y liberal, con un gobierno aristocrático, un legislativo corporativo y una participación y representación de los municipios. Tampoco prosperó su bicamerismo. 

De los Ríos fue partidario de una constitución corporativa-profesional para la naciente República, que ya había expresado anteriormente, pero la fue modificando ante el ambiente adverso de su partido. Sustituyó su Parlamento profesional por los Consejos Técnicos asesores ejecutivos y legislativos, con unos sindicatos verticales de todos los sectores técnicos y productivos. Su Anteproyecto fue rechazado. Por último, Besteiro diseñaba un Congreso elegido por sufragio universal y una Cámara corporativa por sufragio de los representantes de las corporaciones económicas, profesionales y sindicatos; lo cual recordaba a una “democracia industrial” española. Ni el PSOE ni la UGT aceptaron esta ni otras de sus propuestas.

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Produce tristeza comprobar cómo los jóvenes socialistas sevillanos olvidaron a estos sus antepasados que, habiendo escarmentado del “turnismo” y del parlamentarismo demoliberal, se esforzaron por modernizar el sistema político español al estrenar el nuevo Régimen republicano del 31. Ciertamente Felipe González, Alfonso Guerra, Manolo Chávez, y el resto de los 15 del “clan de la tortilla” (aunque no la hubo, sino queso y paté en la excursión a Puebla del Río, 1974), perdieron la segunda oportunidad que les brindó la Historia para continuar con el exitoso Régimen de Franco, enriqueciéndolo con las doctrinas de los estudiosos y experimentados en la democracia orgánica como Aunós, Pradera y Fernando de la Mora; y estimulados por una idea de Salvador de  Madariaga, que tanto vale para España como para los países hispanoamericanos: “Para todas las naciones, pero más aún para las hijas de Roma, el sufragio universal directo es peligroso y debe sustituirse por otro en el que el voto individual se agote en el municipio, y las demás instituciones políticas del país se elijan por las instituciones del “piso” inmediatamente inferior” (Anarquía o jerarquía, 1934).

Antonio Rodríguez Burgos – Catedrático de la Universidad de Córdoba

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Antonio Rodríguez Burgos

Nacido en Porcuna (Jaén) en 1934. Dr. en Medicina y catedrático de Microbiología en la Facultad de Biología de la Universidad de Córdoba. Vive en Córdoba. Derecho por la derecha.

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