El Comité de la ONU contra la Tortura expresó preocupación este viernes por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, y los actos de tortura y malos tratos, así como por las desapariciones forzadas a manos de la Policía Nacional, agentes vestidos de civil y otros actores durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021.

El Comité instó a Nicaragua a investigar de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas.

Asimismo, pidió al país que respete los derechos de todos los detenidos, tome las medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de las garantías fundamentales, periodistas y líderes opositores, y que libere a los detenidos arbitrariamente.

Por su parte, un grupo de relatores especiales* denunció el cierre arbitrario de más de 700 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua -487 de ellas el mes pasado-, afirmando que esto tendría un efecto amedrentador en los activistas de derechos humanos del país.

Entre las organizaciones clausuradas se contaban las promotoras de la democracia y los derechos humanos, de las mujeres y los pueblos indígenas, o las que brindaban ayuda humanitaria, servicios médicos o educación.

Los cierres vienen ocurriendo desde la crisis de 2018, pero se han acelerado como consecuencia de dos leyes, una de regulación de agentes extranjeros y otra de control de organismos sin fines de lucro.

“Instamos al Estado a abstenerse de decretar más cierres y a revocar inmediatamente estas restricciones sobre las asociaciones. Un espacio cívico y político funcional, sólido y diverso es crucial para cualquier país democrático”, dijeron los expertos.

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