El Gobierno de Pedro Sánchez ha dictado un polémico decreto en el que impone al pequeño comercio la obligación de apagar las luces desde las 22:00 horas, regular la temperatura del aire acondicionado y la calefacción, y realizar costosas obras de adecuación en los accesos a los locales, así si durante el COVID querían todo abierto e incluso los niños tuvieron que pasar frio en las escuelas por tener que tener las ventanas abiertas en lo más crudo del invierto, ahora lo que se pretende es que esté todo cerrado para no desperdiciar energía, aunque esto sea a costa de la salud.

Como siempre el Gobierno español se ha lanzado al ruedo con un único estoque: la improvisación, por cuanto sus medidas no vienen avaladas por estudios previos de consumo de energía, ni de impacto de las medidas adoptadas, pero el verdadero problema no es este calamitoso gobierno que sufrimos, sino que Europa no anda mejor dado que la Unión Europea ya ha anunciado posibles cortes de luz a la industria.

En un comunicado oficial la Unión Europea afirma que corremos «el riesgo de afrontar nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia», aunque evidentemente no reconoce que la realidad de ese riesgo son las propias medidas sancionatorias impuestas por los estados miembros a Rusia, es más, en su comunicado no contentos con no reconocer las causas de este riesgo energético cargan contra Putin al referir que «el Kremlin está utilizando sus exportaciones de gas como arma y casi la mitad de nuestros Estados miembros ya se han visto afectados por la reducción del abastecimiento». Ante esta afirmación resulta obligado recordar que Rusia no ha reducido voluntariamente sus exportaciones de gas, sino que como reacción a las restricciones europeas al pago de deudas Rusia obligó a los estados sancionadores a pagar en rublos, dado que los grandes bancos rusos tienen bloqueadas sus cuentas por parte de Estados Unidos, y la Unión Europea.

Según la UE «tomar medidas ahora puede reducir tanto el riesgo como los costes para Europa en caso de perturbaciones adicionales o totales, reforzando la resiliencia energética europea.»  

Esas medidas pasan por reducir el consumo de gas en Europa en un 15 % hasta la próxima primavera, por lo que la burocracia europea quiere obligar a «todos los consumidores, las administraciones públicas, los hogares, los propietarios de edificios públicos, los proveedores de electricidad y la industria» a tomar medidas para ahorrar gas.

Actualmente está en estudio la elaboración de un nuevo Reglamento del Consejo relativo a la adopción de medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas, por el que se reconozca a la Comisión la posibilidad de declarar, previa consulta a los Estados miembros, una «alerta de la Unión» sobre la seguridad del suministro, e imponer una reducción obligatoria de la demanda de gas a todos los Estados miembros. Una vez más organismos que no representan al pueblo tendrán en su mano la posibilidad de aplicar medidas restrictivas que interfieran en nuestra vida ordinaria.

Supuestamente para ayudar a los Estados miembros a lograr las reducciones de la demanda necesarias la Comisión ha adoptado un Plan Europeo de Reducción de la Demanda de Gas que establece medidas, principios y criterios para una reducción coordinada de la demanda. Según refieren «el Plan se centra en la sustitución del gas por otros combustibles y en el ahorro energético global en todos los sectores» y si bien es cierto que resulta poco creíble que en unos meses se pueden encontrar caminos para sustituir nuestras actuales líneas de abastecimiento de energía, se agradece que Europa reconozca implícitamente que su política energética de las últimas décadas ha sido un total y completo fracaso. Evidentemente siendo complejo a corto plazo la sustitución del gas de origen ruso resulta más que evidente que cualquier medida pasará por incorporar medidas de “ahorro energético”, es decir, por implantar lo que toda la vida hemos llamado medidas restrictivas del consumo de energía.

Resulta curioso que el Plan de Reducción de la Demanda de Gas propuesto por la Comisión establece que «antes de considerar aplicar las reducciones, los Estados miembros deben agotar todas las posibilidades de sustitución de combustibles», sin embargo, en España sin haber trabajado previamente tal posibilidad se ha establecido un plan, si así se le pueden llamar, que prima el ahorro obligatorio e impositivo, frente a los planes de ahorro no obligatorios y las fuentes de energía alternativas.

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Igualmente parece que España no ha explorado otras vías, que si viene recogidas en el Plan Europeo como son «dar paso al carbón, al petróleo o a la energía nuclear» aunque sea solo como medida temporal. En este sentido los prejuicios ideológicos han primado más que el interés general.

Sin duda, lo hasta aquí dicho no sorprenderá a nuestros lectores, pues todos estamos supuestamente informados por los medios de comunicación sistémicos, pero lo que ha pasado desapercibido es que la Unión Europea prevee cortes de luz generalizados para la industria, por cuanto el  Plan de Reducción de la Demanda «ayudará a los Estados miembros a identificar y priorizar, dentro de sus grupos de consumidores no protegidos, a los clientes o instalaciones más críticos» aplicando los siguientes criterios:

•  Importancia social: sectores como la sanidad, la alimentación, la seguridad, la seguridad, las refinerías y la defensa, así como la prestación de servicios medioambientales.
• Cadenas de suministro transfronterizas: sectores o industrias que proporcionan bienes y servicios esenciales para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro de la UE.
• Daños a las instalaciones,para evitar que no puedan reanudar la producción sin retrasos significativos, reparaciones, aprobaciones reglamentarias y costes.
• Posibilidades para reducir el gas y sustitución de productos o componentes: la medida en que las industrias pueden pasar a usar componentes o productos importados y la medida en que la demanda de productos o componentes puede satisfacerse mediante importaciones.

Estos criterios de identificación serán los que a posterior sirvan para justificar los cortes de luz principalmente a la industria con las consiguientes consecuencias para el empleo. Estos futuros cortes nos los venderán como ajustes necesarios para combatir los efectos del conflicto de Ucrania, y el cambio climático, y pretenderán que la población los asuma de buen grado, cuando lo cierto y verdad es que las actuales y futuras restricciones son debidas a la deficiente y cortoplacista política energética que la UE ha estado implantando en las últimas décadas. Efectivamente Europa nos ha engañado sistemáticamente afirmando durante años que se estaba «construyendo un sistema energético limpio e interconectado, centrado en aumentar la cuota de energía renovable producida a nivel nacional, en eliminar progresivamente los combustibles fósiles importados y en garantizar las conexiones y la solidaridad entre los Estados miembros en caso de interrupción del suministro», cuando lo cierto y verdad es que se ha estado trabajando en la eliminación de la soberanía energética de los diferentes países Europeos al eliminar el carbón sin haber encontrado ningún sustituto con producción europea, y al haber atacado sin fundamentos científicos a la energía nuclear como alternativa. Europa lleva años socavando su independencia energética, y apostando por un globalismo destructor de las economías locales y ahora estamos pagando las consecuencias.

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