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Pedro I el Desjudicializador

Es tan burda la maniobra, que resulta increíble que los jueces no sean los primeros en denunciar este asalto al orden democrático.

Por Santiago Trancón Pérez

No el Justiciero, ni el Justo, ni el Juicioso; puede pasar a la historia como Pedro Sánchez el Gran Desjudicializador (y primero en esta tarea). Y los jueces que lo desjudicialicen (que los tendrá), buenos desjudicializadores serán. Ya desjudicializó a los golpistas sediciosos, desjudicializó al Tribunal de Cuentas que exigió el dinero robado por los separatistas, desjudicializó el derecho a recibir la enseñanza en español (lengua común, oficial y materna de la mayoría de españoles), desjudicializó la Fiscalía del Estado, los estados de alarma, la Ley de Transparencia, los incendios y hasta la corbata de los señores ministros y de las ministras… Pronto desjudicializará a Chaves, Griñán y Puigdemont. Allí donde pone el ojo, asunto que desjudicializa y problema que desaparece. Que la justicia (las leyes y los jueces) quiten sus sucias manos de… ¡la política! Pero oiga, ¡«en España se cumple la ley!»

Es tan burda la maniobra, que resulta increíble que los jueces no sean los primeros en denunciar este asalto al orden democrático; porque no se trata de un asunto trivial, sino que afecta a la esencia misma de la democracia, del sistema constitucional y legal que sostiene al propio Estado. Desjudicialización es un horrísono polisílabo que sigue la moda de alargar las palabras para darles un empaque técnico lleno de afectación y pedantería. No es palabra aceptada por la RAE (espero que nunca lo sea). Se forma añadiendo el prefijo «des» a «judicializar», que tiene aquí la función morfológica de invertir y negar (como en «des-hacer» y «des-confiar») el significado básico del lexema al que acompaña. Así que des-judicializar no es otra cosa que, por un lado, no llevar o no poner algo en manos de la justicia y, por otro, quitarle a los jueces algo que estén llevando entre manos.

La pregunta obligada es saber qué asuntos son los que pueden ser desjudicializados y quién debe decidir si son o no desjudicializables. Es algo elemental. Sería la pregunta inmediata de cualquier periodista: «Señor presidente, ¿podría decirme a qué asuntos concretos se refiere usted cuando habla de desjudicialización? ¿Se puede desjudicializar una sentencia judicial? ¿Y un delito establecido en el Código Penal? ¿Y cómo y quién puede desjudicializarlo? ¿Se desjudicializan los jueces a sí mismos?». Cualquier lógica salta por los aires. Imposible sostener la más mínima coherencia semántica. No importa saber qué significan las palabras; no tienen otra función que la de encubrir los hechos, diluir y borrar los contornos del delito, justificar cualquier acto en nombre de las intenciones. Queremos acabar con el problema catalán y lo vamos a hacer mediante el diálogo y el acuerdo político. De qué se dialoga y qué se decide, eso no importa, no hace falta ni nombrarlo.

Es hora de que hablemos claro: la democracia puede degenerar en autocracia, despotismo, autoritarismo, dictadura, tiranía. Viejos fantasmas, sí, contra los que hemos luchado varias generaciones de españoles y que ya creíamos desterradas. Desjudicializar los hechos para dejarlos en manos de la política y los políticos es la mejor definición de totalitarismo, de sustitución de la ley por la arbitrariedad, de imposición frente a control democrático. No hay política sin justicia, no hay ningún espacio en el que la política y los políticos puedan estar al margen de la ley y la justicia. Cualquier decisión política está sometida al control democrático de la ley y, por tanto, a la acción de los jueces. No cabe imaginar un espacio político «desjudicializado».

Pero tampoco la justicia se puede desjudicializar, porque su actuación está sometida a la ley, no existe fuera de la ley, nace de la ley. Obsérvese que quienes ahora hablan de desjudicializar la política hablan, cuando les conviene, de despolitizar la justicia. Dado el ostentoso control político que este Gobierno ha hecho de los órganos judiciales hasta donde ha podido, hablar de despolitizar la justicia resulta sarcástico. «La politización de la justicia es algo que hace siempre la derecha y la ultraderecha, nosotros, no». Claro, sostener este discurso después de indultar a los golpistas y de convertir a la Fiscalía en un nuevo Ministerio, resulta difícil de defender.

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La actuación política y la de la justicia, hay que repetirlo, están basadas en la ley y sometidas a la ley. No hay ningún espacio impune ni para unos ni para otros que escape a la ley. Y toda ley, en un Estado democrático como todavía sigue siendo el nuestro, nace de la política y puede ser cambiada por procedimientos políticos democráticos. Todo lo que se sale de esta norma básica debe ser rechazado. Así que no hay ningún espacio político aparte que pueda desjudicializarse. No significa esto que todo deba pasar por las manos de los jueces, pues afortunadamente la mayoría de los ciudadanos cumplen la ley y no cometen delitos; pero todo aquello que afecte al interés común, y más a la propia existencia y funcionamiento de nuestro Estado democrático, eso no puede en modo alguno desjudicializarse, dejarse en manos de acuerdos y cambalaches entre políticos, y menos entre políticos que han intentado acabar con el Estado.

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Insistamos en que el periodismo crítico, especialmente en este momento de confusión ideológica, debe ser siempre beligerante con las palabras, luchar contra la manipulación de las ideas, desentrañar las mentiras y engaños que encierra el lenguaje, ir hacia lo que ocultan los mantras políticos que se repiten con deliberada alevosía, no permitir que los ciudadanos sean tratados como un rebaño o una masa ignorante, fácilmente embaucable con promesas de revancha y salvación. Si por algo destaca Pedro Sánchez es precisamente por su falta total de coherencia, la ausencia de escrúpulos semánticos, la desfachatez con que a cada instante puede defender todo lo contrario de lo dicho, y luego lo contrario de lo contrario. Ciertamente, nunca nuestra democracia, durante los últimos cuarenta años, había sido sometida a unas tensiones antidemocráticas tan profundas y peligrosas como las que está llevando a cabo el gran desjudicializador, que rima con descuartizador.

La democracia, sí, puede descuartizarse, desintegrarse poco a poco, decreto a decreto, ley a ley, impuesto a impuesto, subvención a subvención, nombramiento a nombramiento, campaña a campaña, acuerdo a acuerdo, despilfarro a despilfarro, chiringuito a chiringuito, ERE a ERE, desjudicialización a desjudicialización, mesa a mesa, indulto a indulto. Los síntomas están ahí. Ciego sea quien no lo ve, y más necio y ciego quien no lo quiera ver. En mi libro Sabiduría de los clásicos analizo el espléndido escrito de Quevedo, Vida de Marco Bruto, sobre el asesinato de Julio César, que resulta de gran actualidad. Definiendo la tiranía nos advierte del peligro que supone en el malo lo poco bueno que haga, pues con ello engaña y confunde: «Debe recelarse del tirano que tiene algo bueno en que se disculpa y se desfigura». Sí, quedan todavía algunos que ven algo bueno en Pedro Sánchez, y con ello lo acaban disculpando. Otros, incrédulos ante el desmoronamiento evidente del Estado y la Nación, siguen pensando que la democracia se salva por sí sola o por sí misma, no por los ciudadanos.

A todos nos conviene recordar estas palabras de Quevedo: «Determinarse tarde al remedio del daño, es daño sin remedio». Julio César no atendió a las señales que anunciaban su desgracia. Le cegó la soberbia y el exceso de confianza en su poder. Le apuñaló Casca por la espalda después de que Tilio Cimbro le quitara la toga de los hombros, primera puñalada que dio determinación a las otras veintitrés. Pero aún en ese momento muestra César su desconocimiento de la realidad: «Tiene César en la mano la empuñadura de la espada que le hirió y pregunta gritando al homicida lo que hace, habiéndoselo dicho el golpe y la sangre. No puede ser mayor ignorancia que preguntar uno lo que ve».

Es casi inevitable recordar la cara de Rajoy y su reacción cuando se le vino encima el golpe separatista y luego cuando Pedro Sánchez le puso sobre el atril del Congreso la moción de censura. Veía el puñal y la sangre y seguía preguntándose qué pasaba. Inevitable, venció en él la cobardía, hija de la ignorancia. No conviene olvidar el modo como Sánchez llegó al poder, y después de qué. Y, sobre todo, cómo ante nuestros ojos se prepara la conjura para asestar un día, no muy lejano, una puñada mortal a nuestra democracia. Para quienes piensen que exagero echando mano de esta metáfora, les recordaré aquellos conocidos versos del mismo Quevedo: «¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?»

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