Por Rebecca Oas, Ph.D.
(C-Fam) El gobierno de Biden publicó una nueva estrategia para promover el empoderamiento económico de las mujeres a nivel mundial, que ordena al gobierno de EE.UU. a “expandir el acceso equitativo” a la “atención de salud sexual y reproductiva”, que se entiende incluye el aborto.
El expresidente Donald Trump hizo del empoderamiento económico internacional de las mujeres una alta prioridad de su administración, y su hija Ivanka encabezó una iniciativa para apoyar el emprendimiento de las mujeres y el acceso a oportunidades financieras en todo el mundo. Este proyecto fue criticado por los activistas del aborto porque se centraba únicamente en cuestiones económicas y no en otros temas, como la salud, donde los grupos de aborto podrían obtener un punto de entrada y una fuente de financiación gubernamental.
La administración Biden eliminó el sitio web de la Casa Blanca dedicado a la Iniciativa de Desarrollo Global y Prosperidad de las Mujeres de la era Trump y ahora está promoviendo la “primera” estrategia del gobierno sobre el empoderamiento económico de las mujeres en el extranjero. A diferencia de la primera iniciativa, contiene referencias reiteradas a los servicios de “salud reproductiva”, incluida la planificación familiar, que se enmarcan como requisitos previos para la participación económica de la mujer.
La estrategia también define que sus beneficiarios también incluyen “mujeres y niñas transgénero” y ordena al gobierno de EE.UU. promover el “matrimonio” entre personas del mismo sexo en el extranjero. “Aquellos que desean que se reconozca a sus familias deben poder hacerlo”, dice, argumentando que el reconocimiento legal de las uniones del mismo sexo “otorga credibilidad, confiere beneficios y derechos tangibles, y apoya la inclusión social completa.”
Con este nuevo plan se pretende que funcione de acuerdo con otros documentos de estrategia del gobierno, como la política de género de USAID, que pronto se publicará en su forma definitiva. Bajo el presidente Trump, la política se actualizó para eliminar las referencias al lenguaje ambiguo o eufemístico que se utiliza para promover el aborto, y para priorizar claramente la igualdad entre hombres y mujeres. La administración Biden se apresuró a reemplazarlo con un borrador de política que promovió una visión no binaria del género y otros elementos controvertidos.
En todos los documentos de estrategia de la administración Biden se hace hincapié en la utilización de todas las cuestiones, como la prevención de la violencia o el empoderamiento económico de la mujer, como vehículo para promover un cambio social radical en cuestiones como el género y el aborto. Estas políticas se llevan a cabo en países de todo el mundo canalizando fondos de EE.UU. a organizaciones que comparten la agenda social de la administración Biden.
EE.UU. lanzó recientemente una actualización de una iniciativa dirigida a prevenir y responder a la violencia de género en entornos humanitarios, llamada “Safe from the Start Revisioned.” La versión anterior de “Safe from the Start”, lanzada por la administración demócrata de Obama, envió fondos a varias agencias de la ONU, así como a organizaciones que promueven el aborto. La iteración “revisada” prioriza la “financiación coherente y específica” a los enfoques que apoyan la “programación de salud sexual y reproductiva.” En lugar de centrarse en poner fin a la impunidad de la violencia y proporcionar medidas prácticas para mantener a las mujeres y las niñas seguras, pide que se investigue “cómo abordar las formas interseccionales de opresión”, incluso sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género, y cambiar las normas sociales.
Junto con esta iniciativa renovada, la administración Biden lanzó una estrategia actualizada para abordar la violencia de género a nivel internacional, que ordena al gobierno alinear sus programas y políticas con los estándares de la ONU que se refieren explícitamente al aborto como parte de la respuesta mínima a la violencia sexual en entornos humanitarios. La ley de EE.UU. sigue prohibiendo el uso de fondos de los contribuyentes para proporcionar o promover el aborto en países extranjeros.
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