Por Gema Huesca, publicado en vozpopuli.com

La Justicia vuelve a respaldar los artículos críticos con los contratos de mascarillas que fueron a parar al proveedor de confianza de José Luis Ábalos. Un juzgado de Zaragoza ha absuelto al autor de estos escritos al considerar que no cometió delito alguno y se ha negado a sancionarle por relacionar al antiguo dueño de la firma zaragozana con el exministro de Transportes.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, valora el contenido de los artículos que publicó Ramiro Grau en plena pandemia. En uno de ellos, titulado ‘Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja’ se vinculaba al exministro con el empresario Ángel Escorial Senante, entonces administrador de Soluciones de Gestión.

La firma pidió que se condenara al autor por vulnerar presuntamente su derecho al honor, pero el juzgado de primera instancia número 14 de Zaragoza no solo le absuelve, sino que respalda la difusión de los escritos. Al respecto, incluso alude a Ábalos, a quien se refiere como “destacado responsable político”.

“Destacado responsable político”

“Se limita a transmitir hechos publicados en otros medios que se hicieran eco del precio de las mascarillas (el volumen y precio del negocio fue objetivamente importante) y la existencia de partidas defectuosas conteniendo las publicaciones a través de los términos ‘chanchullo’, ‘corrupción’ o ‘llamativa pareja’ en referencia a un destacado responsable político y al administrador de la entidad actora una intención de mera crítica“, reza el fallo.

Se da la circunstancia de que la sentencia se hace eco de otro pronunciamiento muy similar del pasado mes de marzo cuando un juzgado de Madrid también falló a favor de Grau. En ese caso matizó además que era  “especialmente importante” que los medios fiscalizaran la actuación del Gobierno al tratarse de contratos adjudicados ‘a dedo’ y de cuantías muy elevadas. Además, resaltó el hecho de que esta empresa zaragozana pasara de facturar cero euros en 2019 a 50 millones en el año de la pandemia.

Las manifestaciones no tienen intensidad suficiente para considerar que constituyen una intromisión al honor. Debe prevalecer la libertad de expresión

Sobre estas adjudicaciones, desveladas por Vozpópuli en abril de 2020, vuelve a pronunciarse la Justicia para incidir en lo vistoso del volumen de negocio de Solución de Gestiones. “Es llamativo y noticiable tanto el volumen de negocio, cuanto la circunstancia de la falta de relación previa de la entidad actora con el sector sanitario y la ausencia de volumen de negocio, según sus cuentas anuales en el año 2019, esto es, en el ejercicio del año anterior al que tuvo lugar la contratación”, razona.

De 0 a 53 millones de negocio

Tal y como informó este medio, la empresa de Zaragoza ingresó en el año 2020 un total de 53 millones de euros, frente a los 0 euros de facturación que declaró el año anterior y los 101.058 de 2018. Solo el Ministerio de Transportes, del que era titular José Luis Ábalos, compró 8 millones de mascarillas en los primeros compases de la pandemia a esta empresa que no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario.

Las críticas vertidas por Grau -que habló de “chanchullos”- se enmarcan dentro de la libertad de expresión. “Las manifestaciones del demandado no tienen intensidad suficiente para considerar que constituyan una intromisión en el honor de una persona física, y mucho menos jurídica, entendiéndose que debe prevalecer la libertad de expresión del demandado”, indica.

La sentencia afea que sea la empresa la que demande a Grau, ya que la vulneración del derecho al honor, en todo caso, se cometería a su exdueño, a quien vincula con Ábalos. Con todo, la Justicia prioriza la libertad de expresión y pide, además, que se establezca una clara distinción entre información y expresión porque la veracidad, dice, es predicable a la primera pero no así a la segunda. “La libertad de expresión, al afectar a meros juicios de valor, no puede estar sujeta a este requisito”, añade.

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Una adjudicación “noticiable”

A todo ello, el juzgado agrega que estas adjudicaciones -que se tramitaron de emergencia dado la urgencia de la situación- es un asunto de “interés público y noticiable”. Sobre el hecho de que se requiere que se produzca injuria para acreditar la comisión del delito, la sentencia recuerda que las expresiones más duras se profirieron contra el antiguo dueño de Soluciones de Gestión y ese asunto ya se dirimió en un juzgado de Madrid, el cual dio igualmente la razón al abogado demandado.

En ese procedimiento se valoró si constituían delito las acusaciones contra Escorial Senante de “comisionista” y las sospechas sobre sus vínculos con Ábalos. “Resumiendo y concretando, con estos mimbres, Ábalos compró ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado”, apuntó Grau en uno de sus escritos.
Al igual que hace ahora el juzgado zaragozano, en este caso se habló de actitud “crítica” y se priorizó la libertad de expresión; incidiendo además que el abogado se hizo eco de noticias que previamente se habían publicado en prensa. Al respecto, cabe recordar que este medio desveló las adjudicaciones ‘a dedo’ a la firma no solo del Ministerio de Transportes (el cual abonó por los 8 millones de mascarillas más de 24 millones de euros), sino también de otros entes como Adif.

Este órgano, que también tutelaba Ábalos, adquirió a Soluciones de Gestión cinco millones de mascarillas por 12,5 millones, mientras que el Ministerio del Interior también compró un millón de mascarillas a esta misma mercantil por 3,48 millones. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indició a este medio que la elección de este proveedor se debió a la mediación del Ministerio de Transportes.

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