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La fiscal jefe de Sevilla debería dimitir

La reciente Sentencia Tribunal Constitucional que rehabilita al Juez de Familia, Francisco Serrano, pone las cosas en su sitio y repara la terrible injusticia en la que incurrieron el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por denuncias del lobby feminnazi y de la Fiscal de Sevilla, MARÍA JOSÉ SEGARRA CRESPO, que desembocaron en la inhabilitación y expulsión del Juez Francisco Serrano de la carrera judicial por alterar un régimen de visitas en un divorcio.

La inhabilitación del Juez Serrano por este absurdo motivo tenía como principal objetivo infundir miedo en todos los jueces y fiscales que fueran discrepantes con las leyes de “género” y plantaran cara al lobby feminazi, y especialmente en los pleitos de divorcio, por la custodia de los hijos menores, y por la liquidación del régimen económico de gananciales; y sobre todo en cuanto concierne a la aplicación de la perversa, totalitaria, liberticida LVIOGEN -Ley de Violencia de “género” de 28 de diciembre de 2004– mediante la cual se suprimió la presunción de inocencia masculina y se crearon tribunales de excepción para juzgar exclusivamente a hombres a los que se castiga más severamente que a las mujeres en caso de incurrir en el mismo ilícito penal… Ley cuyo objetivo principal es promover la guerra de sexos y destruir a las familias, como paso previo a la destrucción de la sociedad occidental judeocristiana.

La actitud de la Fiscal Jefe de Sevilla con la denuncia/complot contra Francisco Serrano abrió la puerta posteriormente a “legalizar” el robo de menores, y su condena a situaciones de orfandad, con informes falsos, manipulados y tergiversados por los Servicios Sociales y Equipos Técnicos Psicosociales adscritos a los Juzgados de Familia, todos ellos exentos de todo control judicial o fiscal o deontológico…

Con el Juez Francisco Serrano Castro se intentó hacer lo que ya se había hecho con anterioridad con otro juez valiente: Fernando Ferrín Calamita, que tampoco era del agrado del lobby feminazi, y más habiéndose significado públicamente como católico… La misma actitud de amedrentamiento y acoso tuvo el lobby feminista de género contra la actual Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, María Sanahuja, por haber tenido la osadía de hablar de que existen muchas, muchísimas denuncias falsas de supuesto maltrato, y que “casualmente” son puestas por mujeres que acuden a abogados y abogadas que son a la vez dirigentes de las diversas “asociaciones de mujeres”…

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Cuando todo esto sucedía, la actual Fiscal General Estado era Fiscal de Sala de Menores en la Fiscalía General del Estado, y silbaba, miraba para otro lado y encubría a todos los que realizaban semejantes tropelías, “todo ello por el favor filii, el interés superior del menor”, decían y siguen diciendo. La cosa llegó al extremo de que la Fiscalía ¨General del Estado no actúa pese a haber denuncia del Sindicato de Policía Local por uso político de la Policía Local; y bloquea la investigación que se inició en 2013 por orden del anterior Fiscal General del Estado de los Equipos Técnicos Psicosociales y el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla respecto de los que hay algo más que sospechas de que elaboran informes falsos, manipulados, tergiversados para perjudicar a los padres, varones, y otorgar la guarda y custodia a las madres de forma sistemática…

Por si no fuera suficiente, también, la Fiscal Jefe de Sevilla bloquea querellas que han sido interpuestas contra abogadas vinculadas al PSOE que promueven denuncias falsas en violencia de género..

¡Pero lo más llamativo del asunto es que cuando la Fiscal Jefe de Sevilla accedió a dicho puesto prometió fomentar la protección de la institución familiar!,

Es por ello que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado debería destituir a MARÍA JOSÉ SEGARRA CRESPO de su puesto de Fiscal Jefe de Sevilla, y por supuesto emprender las acciones legales oportunas para que se la sanciones con la contundencia que corresponde a las irregularidades civiles y penales en las que sin duda ha incurrido.

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