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La ‘Manada’, la perspectiva de género y la Justicia

A raíz de la Sentencia que condena a los cinco jóvenes de la tristemente famosa «Manada» a nueve años de prisión se ha convertido en dogma que nuestra legislación, y muy especialmente la penal, debe reformarse para comprender, tanto en su redacción como en su aplicación, «la perspectiva de género».

Tal dogma es repetido hasta la saciedad por todos los corifeos del sistema político actual: los grandes medios de comunicación, algunos colegios profesionales, la legión de ONGs subvencionadas, organismos internacionales y supranacionales de escasa transparencia, etc. Sin embargo ninguno ni los lobbys feministas, ni los partidos políticos, ni el Gobierno, ni estos corifeos complacientes han explicado a la sociedad qué es realmente la «perspectiva de género». Por eso, para poder tener un criterio formado sobre lo que supone la introducción de esa perspectiva conviene saber a qué se hace referencia con ella.

Es verdad que entre los defensores de la «perspectiva de género» en los delitos contra la libertad sexual los hay más y menos radicales, pues como en todas las agrupaciones humanas hay más y menos exaltados. No obstante en España la posición más extendida, y por tanto la que en principio tiene mayores posibilidades de conseguir una ley según sus deseos, es la del feminismo radical. Hoy en día su defensora internacional más significada es Catharine Alice MacKinnon, abogada, profesora, escritora y activista norteamericana autora de «Hacia una teoría feminista del Estado» (Madrid, 1995. Ediciones Cátedra).

En su obra antes citada sostiene que vivimos en una sociedad patriarcal que necesita, para su corrección, la aplicación en todos los ámbitos de la «perspectiva de género». En la cuestión sexual la misma sostiene que en nuestras «sociedades machistas» solo existe el consentimiento sexual libre de las mujeres en las relaciones homosexuales. Y ello por cuanto en estas sociedades las mujeres no pueden negarse a las relaciones sexuales heterosexuales, pues el hombre está amparado por la fuerza del patriarcado, de manera tal que la mujer siempre que accede a las relaciones sexuales heterosexuales lo hace por la mayor fuerza física del hombre o por su mayor poder económico, social, político, etc. o, en fin, por la coerción de la sociedad patriarcal. Por eso en su obra sostiene que no hay diferencia alguna entre las relaciones sexuales consentidas y las no consentidas. La aplicación de todo esto al ámbito penal implica que toda relación sexual heterosexual es abuso, y toda relación carnal heterosexual es violación.

Las consecuencias prácticas es que toda relación heterosexual debiera ser delito si la mujer decide denunciar, y ello con independencia de que consintiera o no o como haya expresado su consentimiento, pues su consentimiento es en todos los casos nulo. En breves palabras: UN SÍ EXPRESO TAMBIÉN ES UN NO. Precisamente desde esta óptica se puede comprender la reacción de los grupos feministas durante el transcurso del juicio y a la publicación de la Sentencia, reacciones, todas ellas, que por demás han replicado los medios de comunicación mayoritarios y los partidos políticos de forma acrítica. Y es que estos grupos de odio feministas criticaron acerbamente que los magistrados, cumpliendo con su deber, indagaran si hubo ropa rasgada, si hubo lesiones, si hubo dolor, si la denunciante consintió o si manifestó de algún modo exterior la ausencia del consentimiento.

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Pues bien, de todos es sabido, o al menos debería ser conocido que los jueces, en un procedimiento penal, tienen una muy principal labor de «reconstrucción»: deben decidir si en un determinado momento existió o no un hecho en el que no estuvieron presentes. Y como no estuvieron presentes deben reconstruir con los vestigios que queden (pruebas dactilares, periciales, testimonios de testigos, de los implicados, etc.) el hecho, para tras un posterior cálculo de probabilidades, y tras un procedimiento lógico inductivo-deductivo, resolver si tal hecho existió o no. Eso sí, considerando siempre que su conclusión es falible, y que en efecto pueden errar, pues como seres humanos que son deben reconocer con humildad que su fallo es un simple cálculo de probabilidades, y que por tanto nunca serán capaces de determinar cuál es la verdad. Simplemente determinarán desde un cálculo probabilístico y más allá de toda duda razonable lo que «probablemente pasó», y en función de ello aplicarán la pena prestablecida antes de la comisión del hecho por el legislador.

Sin embargo todo este proceder escandaliza a los creyentes en la ideología de género, pues ellos ya han decidido previamente que toda relación sexual entre hombre y mujer es delito, pues como sostiene su autora de cabecera en la sociedad patriarcal (la que ellos mismos sostienen, sin prueba alguna, que existe en todas las sociedades occidentales) no existe nunca consentimiento real para estas relaciones.

Por eso el lema de este procedimiento ha sido un lema gregario, de rebaño: «Yo sí te creo». Y es que para ellas no hace falta prueba alguna: basta con la existencia de una denuncia, pues la existencia de la denuncia constata, sin más, la existencia de la violación por cuanto toda relación heterosexual es per se delictiva.

Por tanto, modificar el Código Penal en este sentido, o adoctrinar a los jueces para aplicar tal perspectiva sería dar un paso más para la desaparición de la sociedad misma. Y es que para estos ideólogos es lícita y recomendable cualquier práctica sexual con tal que sea aberrante, pero no es lícita ni recomendable la práctica sexual natural de un hombre con una mujer. Con ello pretenden que los hombres, por temor, no tengan relación alguna con las mujeres, lo que unido al fomento del aborto y la difusión de los medios anticonceptivos, así como al aborrecimiento de la maternidad, concluirá con la desaparición, por falta de relevo generacional, de las sociedades occidentales (pues tal ideología no la predican en los países de tradición no cristiana). Los ideólogos de género aborrecer que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios, y por eso aborrecen aquello de «Creced y multiplicaros». Quierenn una natalidad 0 y salvo que la sociedad reaccione enérgicamente acabarán por conseguirlo.

Abogado experto en derecho de familia se ha convertido en un referente en derecho de familia, custodia compartida, violencia de género y secuestro y sustración internacional de menores, es académico de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. Colaborador de numerosas publicaciones y revistas y contertulio en numerosos medios de comunicación social.

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