“Rezo todos los días para morirme”
(Eduardo Zaplana)
Deviene la representación de la Justicia, en primer lugar, de la diosa Themis que en la mitología griega representaba la ley divina, las leyes terrenales y las costumbres hechas leyes. Retomada por los romanos le colocaron el sobrenombre de Fas. Para ellos “Fas” era todo lo lícito y justo por la voluntad de los dioses. Como consecuencia de lo opuesto al “fas”, lo contrario a la ley divina, lo ilícito, lo injusto lo denominaban “nefas” que deriva finalmente en la palabra nefasto la cual se aplica a cualquier persona siniestra, detestable, injusta, incorrecta.
Partiendo de estas creencias semidivinas se cambió el nombre de la diosa a Iustitia que deviene del romano Ius = Derecho la cual era una diosa que aplicaba la ley y sancionaba drásticamente a quienes incumplían las leyes romanas. Con el pasar del tiempo la figura de la diosa tuvo muchos cambios y fue en el año 452 DC cuando el Papa León el Grande sustituyó varias partes y características de la diosa la cual definitivamente fue armada con una espada, sinónimo de autoridad y firmeza y en la otra mano poseía una balanza. Con la Revolución Francesa se le aplica una venda alrededor de los ojos de la diosa de la justicia lo cual significaba que la misma administraría justicia imparcialmente, sin mirar ni favorecer al grande o al pequeño, al pobre o al rico, al blanco o al negro, entre otros, sino que se basaría estrictamente a lo establecido en la ley.
Viene esta introducción a cuento por el desconcierto que está causando entre los españoles la diferente vara de medir que utiliza la Justicia en el tratamiento de los presos. He aquí varios ejemplos: El caso de Bernardo Montoya, asiduo inquilino de las cárceles españolas; la primera condena fue por matar en 1995 a una anciana de 82 años en Cortegana, a la que abordó en su casa asestándole varias puñaladas. El caso lo instruyó un juzgado de Aracena. Meses después de cumplir esta condena, ingresó de nuevo en prisión por dos robos con violencia. Y últimamente, apenas a dos meses de ser puesto en libertad, asesina a la profesora Laura Luelmo. De nuevo surgen voces de la ciudadanía pidiendo más dureza en las condenas y la prisión permanente para este tipo de delitos, pero las izquierdas, con su poder para manejar su rebaño de acólitos, salen a la calle coreando su consabido mantra: “No se puede legislar en caliente”. No. Hay que esperar a que el tema se vaya enfriando hasta lograr que la gente lo olvide.
Dicen algunos juristas que esto ocurre porque en España tenemos un sistema muy garantista, pero debe de ser garantista y humanitario para los asesinos y delincuentes porque para las pobres víctimas no tienen tanta consideración, excepto si entre los agresores figura algún miembro de las Fuerzas Armadas españolas, Guardia Civil o Policía Armada en cuyo caso todas las Femen saltan en su contra presionando a la Justicia.
Pero el caso que últimamente trae más en entredicho a ese importante pilar del Estado es el diferente comportamiento que mantiene según la adscripción política de los presos estableciendo diferentes grados de permisividad en función no de la peligrosidad de los mismos, sino en función de lo que interese al gobierno. Nos referimos a la situación que disfrutan los políticos independentistas de Cataluña los cuales gozan de un magnífico retiro en una prisión nueva con todas las comodidades como en hotel de cinco estrellas y todas las prebendas, tantas, que al decir de algunos, a la plaza de Sant Jaume de Barcelona, sede de la Generalitat y del Ayuntamiento, le ha salido con la cárcel de Lledoners, un fuerte rival como centro de la vida política catalana.
Esa actividad política desarrollada por los políticos presos desde que en julio consiguieron ser trasladados a dicho centro penitenciario, ha adquirido en los últimos meses un protagonismo inusitado. Han conseguido convertir el módulo en el que están recluidos en una especie de despacho oficial en el que reciben a un buen número de representantes políticos y sindicales. En connivencia con la Consejería de Justicia, de quien depende la Dirección General de Prisiones, y bajo la excusa de ‘visitas institucionales’, Oriol Junqueras, los Jordis y el resto de líderes del ‘procés’ pueden despachar en un solo día hasta con 15 personas, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial. Todos los presos masculinos están en el mismo módulo, el 2 de la cárcel de Lledoners, lo que facilita incluso que esas reuniones con las visitas se celebren en grupo. Un ‘privilegio’ del que no disfruta cualquier otro interno de la prisión.
Algunas de dichas visitas se han hecho públicas, ya que el independentismo quiere seguir manteniendo mediáticamente vivo el mensaje de que son ‘presos políticos’. Por ejemplo, la que, recién trasladados a la cárcel catalana, les hizo el lendakari, Iñigo Urkullu el pasado 15 de agosto.
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Otros visitantes han sido: el presidente catalán, Quim Torra; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente, Pere Aragonès, la diputada autonómica Gemma Geis y el empresario del sector de la joyería Joan Oliveras Bagues, Bernat Solé y Barril (diputado de Esquerra), Montserrat Fornells y Solé (diputada de Esquerra), David Rodríguez y González (alcalde por Esquerra), Joan Marc Flores Riera (concejal por Esquerra) y Albert Bonàs Tomàs (otro concejal de Esquerra), Miguel Ángel Escobar Gutiérrez (alto cargo de la Generalitat), Mercè Homs y Molist (concejala del PDeCAT) y Neus Munté y Fernández (exconsejera de la Generalitat). Es decir, 13 visitas en una sola tarde.
El 31 de agosto, las visitas se intensificaron. A las 10 de la mañana llegaron a Lledoners el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el jefe de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Oriol Sagrera i Saula. A las 16:00 fue el turno de José Javier Pacheco Serradilla (secretario general de CCOO en Cataluña), Jordi Bosch de Borja (alto cargo del Ayuntamiento de Barcelona) y las periodistas Esther Vera (directora del diario ‘Ara’) y Núria Orriols. Poco después llegaron Alba Vergés Bosch (actual consejera de Salud), Robert Fabregat (dirigente de Esquerra) y Marc Bataller Serra (jefe de comunicación de la Consejería de Salud). A las 17:00 Raimond Blasi i Navarro (concejal del Ayuntamiento de Barcelona), Albert Alins Abad (alto cargo de la Generalitat), Isidre Gavin Valls (alto cargo de la Generalitat), Josep Maria Tost Borràs (director de la Agencia de Residuos de la Generalitat), Alba Pellicer Navarrete (en el departamento de comunicación de la Generalitat) y Germà Bel, exdiputado de Junts pel Sí. Más tarde llegaron Ferran Mascarell (delegado de la Generalitat en Madrid) y cuatro diputados autonómicos: Gemma Geis, Albert Batet, Eduard Pujol y Josep Maria Forné y por último, otra parlamentaria de Esquerra, Eva Baró. En total, 21 visitas.
El 3 de agosto fueron 15 las visitas. Iván Altisent Fornons, quien fuera jefe de gabinete de Raül Romeva, y Aleix Villatoro (alto cargo de la Generalitat), Damià Calvet (‘conseller’ de Territorio), Roger Rosich Balcells (asesor de la Generalitat) y Pere Ferrer Sastre (alto cargo de la Generalitat); los exconsejeros Xavier Vendrell y Joan Puigcercós, la diputada del PDeCAT en el Congreso Míriam Nogueras y el exdiputado David Bonheví, el diputado Antoni Morral, los dirigentes sindicales Camil Ros, Javier Pacheco y Dolors Llobet; el expresidente catalán Artus Mas, y el concejal de Esquerra Pau Morales Romero.
En algunas de las autorizaciones redactadas desde el centro la dirección refleja a quién iba dirigida la visita. En otras no, libertad absoluta para ver a cualquiera de los presos. El 10 de septiembre, por ejemplo, el eurodiputado de Bildu Josu Juaristi y Arnaldo Otegi, máximo responsable de Bildu, obtuvieron el permiso para visitar a los siete presos independentistas de Lledoners. Ese día también acudieron al centro otras ocho personas: Lluís Salvadó (alto cargo de la Generalitat), Laura Martínez Portell (de la Diputación de Barcelona), Jordi Roca Ventura (de la Diputación de Barcelona), Alfred Bosch (concejal de Esquerra) y Lluís Ridao Martín, Pere Saló Manera, Maria Mercè Rius Serra y Agustí Serra Monté (estos cuatro, altos cargos de la Generalitat) 10 visitas constatadas
Es decir, en escasamente un mes (de 15 de octubre a 10 de septiembre) recibieron 59 visitas verificadas[1]. Lo que para cualquier otro recluso común estaría bastante más limitado, para los presos del ‘procés’ es “libertad absoluta”. “Están dirigiendo sus partidos desde la cárcel. También el proceso soberanista”, explican fuentes conocedoras de estas visitas. “Los dos presos de Esquerra se reúnen con sus visitas y los del PDeCAT con las suyas. En salas conjuntas, como reuniones de trabajo”. Sin límites de tiempo. Al margen, en el día a día, cualquier preso tiene 40 minutos a la semana para encuentros en el locutorio, una sala en la que se reciben las visitas a través de un cristal. Son cuatro las personas que como máximo pueden estar al mismo tiempo en esos encuentros. Son citas previstas para los familiares de los reclusos y sus amigos (en este último caso, deberán obtener una autorización del centro penitenciario). También está fijado un vis a vis al mes de 90 minutos, que se elevan a dos en caso de tener hijos menores. Desde la ‘conselleria’ han asegurado que el alto volumen de visitas no está alterando el día a día de la prisión y niegan repetidamente que en absoluto haya cualquier tipo de privilegio.
Observen bien la situación de estos individuos políticos presos porque desean romper la unidad de España. Comparen después con el trato que se le da a un ex político preso preventivo, acusado de presunto blanqueo de capitales y cohecho en el marco de la Operación Erial: Eduardo Zaplana.
Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro ex político español fue alcalde de Benidorm, presidente de la Generalitat Valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Grupo Popular en la oposición en el Congreso, al que mantienen en prisión por temor a que se fugue antes del proceso en el que debe ser juzgado. Parece poco probable que eso ocurra, debido a su pésimo estado de salud pues padece desde 2015 una grave enfermedad que precisa de cuidados constantes. Se trata de una variante de leucemia; superó más tarde un trasplante de médula en el hospital La Fe de Valencia en abril de 2016, tras un largo y duro tratamiento.
Desde entonces, Zaplana se desplazaba los lunes desde Madrid a Valencia para someterse a los controles de especialistas de la ciudad del Turia. Esta rutina médica fue interrumpida el 22 de mayo de 2018 por agentes de la UCO sin tener en cuenta la situación de su enfermedad, algo que tanto el Juzgado, como la Fiscalía y los investigadores conocían si, como ha transcendido, le siguen los pasos desde hace un par de años. El ex presidente valenciano no sólo fue detenido sino que fue sometido, en contra de los criterios médicos, a una intensa presión: primero registraron su casa de Valencia, después lo condujeron a su vivienda de Benidorm siempre en automóvil por carretera cuando fuentes expertas en oncología manifiestan que un trasplantado como Zaplana debería recibir un tratamiento especial, pues puede sufrir algún contratiempo de manera irremediable.
El 19 de diciembre Zaplana fue ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia por un agravamiento de su estado de salud. El jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del centro sanitario, Guillermo Sanz, considerado una de las mayores eminencias mundiales en la dolencia que padece el ex presidente, informó a la juez de que la situación de Eduardo Zaplana reviste en estos momentos una extraordinaria gravedad y ha advertido por escrito que si regresa al centro penitenciario morirá de forma irremediable. A pesar de la contundencia de los dictámenes médicos, la juez ya ha trasladado su determinación para que Eduardo Zaplana regrese de inmediato a la cárcel. Por ello, está requiriendo prácticamente a diario a los médicos para que permitan su nuevo encarcelamiento cuanto antes, sin explicar a qué responde su extraña premura. En estos momentos, el ex presidente valenciano está siendo sometido a una serie de pruebas médicas, entre las que se encuentra la limpieza de su sangre, y su pronóstico sigue siendo, a juicio de los facultativos que le atienden, extraordinariamente grave. De tal forma que su posición pasa por mantener en el hospital a Zaplana durante un largo periodo de tiempo hasta certificar que mejora su estado.
La juez Rodríguez no ha atendido hasta el momento las indicaciones de los médicos, como tampoco las de los representantes de las asociaciones de enfermos de cáncer de la Comunidad Valenciana, que se han puesto en contacto con ella a título particular para trasladarle lo delicado del estado de Eduardo Zaplana y la irresponsabilidad en la que incurriría si decide finalmente devolverlo a Picassent. La magistrada ha atendido a estos últimos pero se ha mostrado inflexible en su posición. Considera que puede darse a la fuga si queda en libertad y que se encuentra mejor atendido en la cárcel que en el hospital de referencia en el tratamiento del cáncer en la Comunidad Valenciana.
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De manera paralela, ha impuesto a Zaplana un régimen de visitas más severo todavía que el que tenía en la prisión, hasta el extremo de denegar la visita de la familia. De hecho, en Nochebuena ni siquiera se permitió al cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, visitarle junto con el capellán, al cual si se permitió hacerlo a los enfermos más delicados ingresados en La Fe. Los agentes explicaron que la decisión no les correspondía a ellos sino a la juez María Isabel Rodríguez Guerola.
Algunos hablan de prevaricación, otros de odio sarraceno, pero lo que sí parece claro es que el trato que está recibiendo el ex presidente valenciano es un ensañamiento en toda regla. Revela, además, una doble vara de medir escandalosa. Hace un mes, durante la huelga de personal penitenciario, el Ministerio del Interior dejó a Zaplana sin visitas en prisión, cosa que no hizo con presos etarras. Esta doble vara de medir es indignante, especialmente si recordamos casos de asesinos sanguinarios como los etarras Bolinaga y De Juana Chaos, que sí fueron excarcelados por motivos de salud incluso contra los informes médicos. Por otra parte, personajes como Jordi Pujol, Manuel Chaves o José Antonio Griñán siguen libres a pesar de estar relacionados con casos de corrupción cuyo elevadísimo importe hace que la cantidad que se atribuye a Zaplana parezca calderilla. De esa libertad también disfrutan diversos políticos imputados por casos de corrupción, algunos de los cuales incluso siguen en sus cargos. Por ejemplo, todo el equipo de gobierno municipal de Podemos e IU en Zaragoza está imputado por prevaricación, pero ahí siguen como si nada, incluso incumpliendo los códigos éticos que con tanta solemnidad exhibieron como garantía ante sus votantes.
Este trato desigual, está sirviendo para retratar también a los políticos, especialmente a los de izquierda. Ellos, los buenos, honestos y regeneradores, esos que apoyaron la puesta en libertad del etarra Bolinaga y de los corruptos de su partido, los que reclaman la libertad para los presos golpistas, son los que al mismo tiempo mantienen un ominoso silencio ante el ensañamiento judicial contra Zaplana.
En todo Estado de derecho, tan importante es que la Justicia se pueda impartir con total independencia como que se aplique sin encarnizamiento. Por ello, un caso como el de Eduardo Zaplana difícilmente lo entiende la ciudadanía, ya que transmite una imagen de la Justicia justiciera y, desde luego, desmesurada, pues parece estar cebándose prepotentemente con el ex ministro a modo ejemplarizante. Todo ello al tiempo que están preparando la puesta en libertad de 23 presos etarras, muchos de ellos miembros de la banda de Belén González Peñalba (q.e.p.d.), partícipes en muchos asesinatos.
Ya se elevan voces para que el Consejo General del Poder Judicial actúe antes de que sea demasiado tarde para el detenido y para la Justicia, deteriorada por la actitud ensoberbecida de algún juez tentado de ser “nefas”.
[1] David Fernández en El Confidencial, 6/10/2018
