Por Erik Encinas

En los últimos cinco años ha habido un gran incremento de casos de okupación en España, que han permitido a verdaderos delincuentes instalarse en la nación sin pagar ni un duro por vivir en este país. Sobre todo, asaltan viviendas particulares y negocios, llegando a cambiar las cerraduras y echando a sus propietarios de los inmuebles.

La ley es muy laxa y está hecha a la medida de los criminales, porque las penas de cárcel son bajas o nulas y con sanciones económicas, pero no olvidemos que encima se lucran. Además, el principal dilema con el que se encuentran los propietarios consiste en que, una vez dentro, es muy difícil echar a los okupas, ya que es necesario emprender un farragoso procedimiento judicial cuya resolución puede alargarse hasta tres años, con la pérdida de tiempo y dinero que ello supone. La Policía sólo puede entrar y desalojar a los usurpadores en un caso de «delito flagrante», es decir, si son pillados justo en el momento de la okupación, pero, si logran entrar y cambiar la cerradura, hay que solicitar una orden judicial de desalojo, presentando una demanda civil de desahucio cuya tramitación es muy lenta. Una situación sin la menor duda indignante y vergonzosa.

Antes de la realización de este artículo, he podido conocer ejemplos de primera de mano, donde hasta los propietarios de la vivienda han tenido que irse temporalmente a una pensión pagándola de sus bolsillos. Esto ocurrió en el barrio de la Barceloneta de Barcelona, donde hay una oleada criminal y los okupas se han disparado. No es extraño, que detrás de algunos de estos grupos haya mafias organizadas, que tienen intereses más allá de las okupaciones y por ello también muchos son muy violentos y se niegan a marcharse de las propiedades que asaltan. A día de hoy, hay más de 100.000 viviendas okupadas en la nación, la mayoría ubicadas en la ciudad condal y en Madrid.

La violencia de los okupas ha quedado comprobada en muchas ocasiones, sin ir más lejos, los Mossos d’Esquadra se han visto obligados a cargar contra varias personas que protestaban en el barrio de Sants de Barcelona contra un desahucio que ha quedado suspendido. Asociaciones minoritarias que respaldan a los okupas frente al clamor popular.

En cualquier caso, se puede decir con claridad, que en España los okupas gozan de cierta impunidad, a diferencia de lo que sucede en otras potencias europeas, algo muy envidiable, salvo la excepción de Portugal. En Alemania, ante un suceso algo parecido, las casas son desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciar la okupación por parte de los propietarios. En caso de que la vivienda esté vacía y en mal estado, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Berlín. Y en Francia la Policía puede proceder al desalojo inmediato de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. Una vez pasado este plazo, los okupas deben probar ante la Policía que llevan residiendo en la citada vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad. A partir de ese momento, el propietario debe denunciar y el desalojo se produce una vez exista sentencia judicial, si bien se suele resolver de forma ágil.

Así pues, no es de extrañar que cada vez más ciudadanos de bien reclamen un marco legal diferente, que tenga en cuenta los modelos europeos más rígidos para frenar las okupaciones ilegales y las personas afectadas no sean expulsadas de sus casas como está pasando de manera realmente lamentable, mientras hay desgobierno en la patria.