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Un pueblo secuestrado y amordazado: consecuencias

Sánchez está aprovechando la crisis sanitaria y económica del país y el confinamiento de los españoles para gobernar por decreto preparando un golpe de Estado.

España está confinada, a causa del Covid 19 y por un decreto del Gobierno, en estado de alarma. El origen, desde luego, ha sido una epidemia vírica desconocida que causa pánico social lo que, a su vez, deriva en una catástrofe económica que provoca transformaciones políticas, económicas, psicológicas y culturales que van infinitamente más allá del aspecto sanitario de lo que realmente es una pandemia.

Sí cabe recalcar que la culpa del crecimiento terrible que el virus ha tenido en España que ha dado lugar a ser el país de Europa con más muertos e infectados, se ha debido a que su Gobierno actuó tarde, el balance de su gestión ha sido nefasto y no ha cumplido con las recomendaciones de la OMS y otros organismos desde el principio. Desoyó, en las primeras semanas de la expansión del virus, los llamamientos efectuados por la OMS y por la Unión Europea para hacer acopio de material sanitario durante los primeros compases de la expansión del coronavirus. Posteriormente, ya tarde, pues fue tras el decreto de alarma del 14 de marzo, cuando de forma centralizada se lanzó a comprar suministros para intentar controlar la pandemia. Lo terrible para el pueblo español es que la compra se encargó, como siempre, a personas afines, quienes carentes de un intelecto preparado para ello y de experiencia en el tema, solo ha servido para que fueran “distraídos” de las arcas públicas varios millones de euros, al tiempo que entorpeció la adquisición de material por parte de las CCAA a las que se empeñó en no ayudar.

La inacción del gobierno persiste. Tres meses después de decretar el estado de alarma, seguimos encerrados pero aún no ha dotado a España de test rápidos y los que ha comprado no funcionan. Se podría decir que el Gobierno considera que solo con ello, ya ha cumplido en este aspecto de sanidad pública, porque en otros, como veremos, ha estado más diligente. Quizá por tantos errores han cerrado la página que permitía vigilar la transparencia y el control al Gobierno. Necesitan que el pueblo no sepa el número cierto de fallecidos e infectados, ni el tema de las empresitas involucradas en tantas “distracciones” millonarias, por ejemplo.

Se produjo la invasión del virus poco después de que España hubiera sufrido una gran  transformación política con el preacuerdo, firmado el 12 de noviembre ppdo., entre Sánchez e Iglesias, al descubrir el primero que esa joint venture le dejaba dormir tranquilo. Formaron entonces lo que denominan, un gobierno Progresista, y ambos declararon que las dos formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea. Quedó muy bien la declaración, pero luego, tal como se preveía conociendo a los personajes, ningún respeto a la defensa de esos valores, más bien, aprovechando el decreto de alarma, los vulneran y atacan a quien los defiende y respecto a lo de “progresista”, veremos cómo su progresismo consiste en llevarnos a la más atroz ruina económica.

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Ante la actitud abusiva del gobierno, la judicatura, que es el elemento central y más insustituible de un ordenamiento jurídico, ha salido a defender los derechos y obligaciones que como tercer poder del Estado le son propios. Se ha visto obligado a manifestar abiertamente que estaban en contra de sus actuaciones y lo han hecho ante la petición de aquél de ampliar a una quinta prórroga el estado de alarma. Quizá el poder judicial se ha visto forzado por la dicotomía planteada por Sánchez: el estado de alarma o el caos, lo que consideran dictatorial y tan falso como oponer libertad a sanidad. Aducen que la excepcionalidad estaba justificada cuando la sanidad estuvo colapsada, pero es hora ya de volver a la normalidad, porque, y es algo en lo que todos coinciden, tanto la Ley General Sanitaria como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud, o incluso las de Seguridad Nacional y Protección Civil, posibilitan la correcta gestión de esta crisis tanto por el Gobierno de Sánchez cómo, y sobre todo, por las Comunidades Autónomas.

Pero el Gobierno no parece escuchar las advertencias porque se encuentra muy cómodo en esta situación, tanto que ya habla de prorrogarla hasta finales de junio y con un poco de suerte, con el cierre del Congreso por vacaciones de verano, llega a septiembre u octubre con una población prisionera y amordazada. Los juristas, (excepto los más afines políticamente que matizan más sus afirmaciones,) por fin, han puesto el grito en el cielo y claman por la necesidad de volver a la normalidad, lo que significa pasar del Derecho de excepción al Derecho ordinario. Y, por supuesto, dejar de gobernar a golpe de decreto y de órdenes ministeriales, que nos han llevado a un estado de excepción y aún más, puesto que algunos expertos dicen que con las últimas medidas de restricción horaria –toque de queda a las 23h.−, más parece que estemos en estado de sitio.

Sin ánimo de aplicar un plan B que suavice la situación de la población, restituya sus derechos fundamentales y reactive la economía al tiempo que controle la pandemia, el desgobierno está dispuesto a prolongar la situación mientras ellos lo necesiten hasta dar la vuelta a España como un calcetín para llegar a conformarla en la línea que le marca Soros con la ayuda impagable del comunista Pablo Iglesias. Y en eso están, utilizando el estado de alarma para limitar hasta el poder judicial, no digamos la asistencia a las iglesias; rechaza que los comercios puedan ofrecer rebajas, limitan el horario de los mismos, multan a quienes en coche circulaban portando banderas nacionales, censuran redes sociales y blogs (últimamente han dado la orden de aumentar la presión sobre ellos); y por último, la discriminación política en la autorización a las distintas comunidades para pasar de fase con las debidas precauciones; hecho importante porque supondría una menor asfixia en todos los aspectos y una reactivación de la economía.

Y abusando de todas esas constricciones que facilitan el obligado encierro y el amordazamiento, efectúan nombramientos que van en contra del sentido común y del mejoramiento de la economía. Para esto si actúan diligentemente. Así, la introducción de Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y en la gestión de residencias de mayores, por cierto, francamente mejorable[1].

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Mientras no toman medidas ni para controlar la pandemia ni para reactivar la economía, con una gran alegría proceden a nombrar a multitud de personas afines o simplemente antipatrióticas como ha ocurrido con la composición de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la covid-19, compuesta por 46 diputados, al frente de la cual, como presidente figura el muy competente socialista Francisco Javier López Álvarez, −alias, Patxi, porque en un ambiente tan anticlerical, “no se lleva” estar bajo la advocación de tan gran santo misionero− y de vicepresidente, el actual secretario general del Partido Comunista de España Enrique Santiago[2], cabeza de puente de los cárteles de la droga mexicanos, según Tertsch en Periodista Digital (11-5-2020).

No parece, pues, que podamos esperar eficacia de una comisión sin economistas, escaparate de rencores y ajustes de cuentas, a años luz de la comisión que se ha formado en Italia con personajes muy cualificados. Mejor hubiera sido que para la de España nombraran a Alfredo Lafita, Alfredo Sáenz, Ángel Corcóstegui, Antonio Fernández-Galiano, Isidre Fainé, José Antonio Marina, José Ignacio Goirigolzarri, Josu Jon Imaz, Juan Entrecanales Azcárate, Juan Roig, Luis de Carlos, María Dolores Dancausa, Matías Rodríguez Inciarte, Rodrigo Echenique, Javier Gomá, Pablo Isla, Valentín Fuster, que en España hay gente muy experta aún en partidos políticos.  Por si alguien duda de los rencores y “ajuste de cuentas” con que actúan, lo verán más claro si observan que un partido como Podemos, con 35 escaños, tiene representación en esta comisión y en cambio han impedido que Vox, con 52 diputados la tenga, ¿tendrán miedo a enfrentarse con las verdades que les lanza VOX?

Así que esto no ha hecho más que empezar porque la situación es un salvoconducto hacia el deterioro económico, el debilitamiento del Estado y la generación de más desigualdades lo que se agravará al colocar al frente de esta encomienda a alguien que no tiene ni idea de economía, porque según dicen los expertos, es como poner a un fontanero de ministro de Ciencia y Tecnología.

Una situación democráticamente inaceptable que empieza a preocupar en la UE y en USA que ya nos ha supuesto la pérdida del contrato con Navantia[3] de 5.000 millones de euros y el aumento de gente en paro, además de una gran pérdida de prestigio. Y esto en el momento en que el peso del sector público en España se prepara para batir récord en 2020. Y es que, por primera vez en la democracia, el gasto público podría llegar a suponer más de la mitad del PIB. Al menos eso es lo que calcula el propio Gobierno.

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Las explicaciones que dan los economistas son terroríficas pero creíbles por lo sensatas. Rafael Pampillón, profesor de IE University, apunta algo que cualquier ama de casa tiene muy en cuenta en su economía particular: “lo dramático de este asunto es que, durante los años de recuperación económica, no hayamos sido capaces de reducir la deuda pública por mantener muchos gastos públicos innecesarios. Es un problema porque todo esto nos ha pillado muy endeudados y ahora que necesitamos gastar no contamos con ese recurso”. Coincide con el economista Daniel Lacalle quien cree que uno de los grandes problemas de España es no ser capaz de reducir el gasto público y que, en vez de adecuar el gasto al nivel de ingresos, el Gobierno opta por buscar fórmulas que permitan adecuarlos al gasto, para lo cual solo hay una regla aumentar los impuestos.

El economista José Carlos Díez, ve difícil que el rebote pueda ser muy vigoroso cuando los sectores que sacaron a España de la anterior recesión están entre los más perjudicados: el turismo y la hostelería[4]. Vislumbra un horizonte incierto: las exportaciones se resienten; la industria del automóvil disminuirá su peso al no estar aquí los centros de decisión, y la inversión empresarial, afectada además por la destrucción de sociedades y la amenaza de nacionalizaciones, no encontrará la demanda necesaria. En tanto que no se disipen las dudas sobre el virus, la economía española es un avión que intenta remontar el vuelo con varios motores fallando, asegura el experto. 

Ante esta situación, los nuevos hábitos a los que la sociedad habrá de acostumbrarse, serán gastar menos en comida, transporte, ropa, cultura… Con la actividad a medio rendimiento, parte de las empresas tendrá dificultades para abrir de nuevo soportando unos costes fijos altos; ni los negocios low cost podrán aguantar con la mitad del aforo. La mitad de las empresas españolas recortará plantilla este año ante la crisis del coronavirus y los economistas señalan que la cosa tomará un cariz deflacionista si se prolonga: para sobrevivir, las empresas ajustarán empleos y salarios, suprimirán la inversión y primarán el pago de deudas, retroalimentando la espiral.

El Banco de España, por su parte, estima la caída en una horquilla que va desde el 6,5%, al 13,5%, para 2020. La tasa de paro de dispararía entre el 18,3% y el 21,7%, sin contar los trabajadores afectados por ERTE. El déficit público podría colocarse entre el 7% y el 11% del PIB. Y la deuda se situaría entre el 110% y el 122% del PIB. En cuanto a 2021, la recuperación que estima no será fuerte como para compensar la caída de 2020. El BCE ha estimando desplomes del PIB en la eurozona hasta del 15%.

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Aún así, los planes del Gobierno apuntan a un gasto público récord este año, que se verá incrementado por medidas como la implantación de un ingreso mínimo vital  para ayudar a cerca de un millón de hogares vulnerables (para lo que se han presupuestado unos 3.000 millones de euros), la revisión al alza de las pensiones (otros 1.700 millones) y la subida de sueldo a los funcionarios (otros 3.000 millones más). La destrucción de empleos en marzo por la pandemia deja el peor dato en la historia española: el número de personas en situación de desempleo ha aumentado hasta 3.548.000 personas. De momento, según publicaba El País (13-5-2020), casi  102.000 personas se agrupaban en Madrid ante centros sociales y organismos oficiales en busca de ayuda en lo que el periódico denomina “las colas del hambre”.

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Iglesias que sabe que las crisis sanitaria, económica y social del país carecen de una solución a corto y medio plazo, impone la renta básica como una limosna para coaccionar a los perceptores de la misma a dar su voto al “padrecito Iglesias”, en vez de apoyar a los autónomos y pequeñas empresas a salir adelante que serán los que luego les darán trabajo. “La renta básica cancela el honor del ser humano” / “Volver al trabajo es cuestión de vida o muerte y quien no se dé cuenta está en la extrema idiocia”, afirma Antonio Escohotado. Por desgracia para España, de esos tenemos una colección.

Y mientras, Pedro Sánchez, como denuncia Pablo Casado, está aprovechando la crisis sanitaria y económica del país y el confinamiento de los españoles para gobernar por decreto preparando un golpe de Estado. Ya ha metido mano en la justicia, en los cuerpos policiales, se ha asegurado, mediante compra, el control de los grandes Grupos de Comunicación con dinero público. ¿Qué será lo siguiente? Sin embargo, todo este abuso de poder no parece ser suficiente para Iglesias del que algunos creen que por su actitud, más parece pensar en el próximo final del Gobierno de coalición y por ello tensa las relaciones en el interior del Gobierno para provocar la ruptura y salir por la puerta disfrazado de paladín de los pobres y envuelto en la bandera de la II República. 

La Comunidad de Madrid que salió antes que el Gobierno a defender los derechos de sus ciudadanos, ha sido “premiada” con un cordón sanitario tratando de asfixiarla económica y políticamente. De modo que se temen disturbios en las calles, sabotajes o altercados provocados por el descontento de quienes se han quedado en el paro y no ven actitud positiva por parte del Gobierno para la reactivación económica, antes al contrario, ven con toda claridad, las consecuencias de una pésima gestión en todas las áreas, porque el gobierno adopta medidas, algunas francamente risibles, que no solo no favorecen la salida de la crisis, sino que por el contrario son contraproducentes como han declarado muchos sectores, porque aumentan el destrozo de la economía y lo poco que queda del prestigio internacional que tuvo España.

Y ante eso ¿qué hace el Gobierno? Se limita a ordenar a Guardia Civil y Policía Nacional que reactiven su estrategia para la etapa 1 de la desescalada, es decir, que endurezcan sus intervenciones ante los conatos de manifestaciones y caceroladas en contra de Sánchez que se han ido extendiendo por distintos barrios de Madrid. Estas manifestaciones han provocado duras críticas de la izquierda que no han dudado en calificar a sus participantes de “cayetanos” o “coronapijos” (Pablo Echenique en el Congreso de los Diputados). “Una minoría privilegiada –olvida que él pertenece a ese grupo: es miembro de lo que llamaba casta y su vecino− no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar”, ha escrito Echenique en Twitter. Y Marlaska ha actuado. Tanto que no han dudado en entrar en un domicilio sin ninguna orden judicial, pretendiendo identificar a sus habitantes porque habían puesto el himno nacional. Parecía una actuación más propia de la policía bolivariana que de la policía nacional española que hemos conocido hasta ahora, corroborando así el eslogan del cartel que corre por las redes: ¡Lo que le pasa al país es que la solución está en manos del problema!

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Nada nuevo. A lo largo de la Historia hemos visto similares situaciones dictatoriales que se han apresurado a coartar la libertad para que los individuos no expresaran su malestar por el paro y la precariedad a la que se veían sometidos. Sin embargo, a pesar de su férreo control, cuando el individuo es llevado al límite de su supervivencia de modo que lo mismo le da morir por el virus, por hambre y desesperación o por balas o golpes de las fuerzas de orden público, las protestas se generalizan derivando en revoluciones, en ocasiones, muy sangrientas.                     ¡Que Dios ayude a España!


  • [1] Según la prensa, se limita a mandar a las residencias morfina, ningún medicamento que cure, pero tiene la “compasión”  de que con la morfina acaban antes y sin dolor.
  • [2] Enrique Santiago Romero (Madrid, 1964) es un político y abogado español, desde el 8 de abril de 2018 es Secretario General del PartidoComunista de España. En 2010 asumió la Secretaría de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de IU desde 2004 a 2013 y del Comité Ejecutivo del PCE desde 2008 a 2015.En el ámbito internacional ha destacado su papel como miembro del equipo jurídico de las FARC en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, consiguiendo que el narcotráfico no fuera considerado un crimen, sino una forma de financiación de una lucha política. Posteriormente, fue rechazado este acuerdo en plebiscito por los ciudadanos y pueblo de Colombia.  
  • El pasado mes de octubre, protagonizaba una polémica entrevista en la revista Mongolia. Santiago aseguraba ser leninista “a mucha honra” y afirmaba que si en España se dieran “las mismas condiciones” que en la Rusia de 1917, “indudablemente” iría mañana alPalacio de la Zarzuela y haría lo mismo que Lenin le hizo al Zar”. Tras dicha afirmación, el entrevistador repreguntaba: “¿Lo liquidarías?” (a Felipe VI). Santiago respondía: “Eso ya depende de cómo se pusiera y lo que surgiera. Todos los procesos revolucionarios no los haces para matar a un zar, evidentemente. Eso es bastante anecdótico”. Añadía su gran admiración por Fidel Castro y por Nicolás Maduro. Anecdótico le resulta el asesinato de Nicolás II, su esposa y sus cinco hijos, de entre 13 y 22 años que fueron asesinados a tiros y bayonetazos en el verano del año 1918 Suponemos que los miles de fallecidos por coronavirus en España (que algunos calculan cerca de 40.000) le importarán lo mismo, es decir, NADA.
  • [3] Tras la resolución algunos militares consultados por Europa Press han estimado que detrás de esta decisión podría estar la decisión del Gobierno Sánchez (siguiendo la estela de Zapatero) de retirar la fragata ‘Blas de Lezo’, con base en Ferrol, de un despliegue en el que tenía previsto realizar la vuelta al mundo como escolta del portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’. Hace casi un año, el 14 de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó que la fragata de la seria F-100 abandonara el grupo cuando el buque militar norteamericano y otros barcos que le prestaban apoyo fueron enviados hacia el Golfo Pérsico. Todo ello ante la escalada de violencia en la zona, en un conflicto entre EE.UU. e Irán, una decisión que no gustó y que desde la Embajada norteamericana en España se criticó, y que ya motivó el que algunas voces estimaran que esta decisión podría tener consecuencias en este concurso.
  • [4] Un detalle de sus medidas reactivadoras para este sector: “podrán venir turistas pero han de pasar 15 días de cuarentena encerrados en un hotel” Así nadie querrá venir, estarán mejor en sus casas, lógicamente.

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