Una vez más una podemita es acusada de violar los derechos de los trabajadores, así a la polémica suscitada tras conocerse que Echenique pagaba en dinero negro a su asistente personal, y la polémica protagonizada por la ministra Montero (concubina de Pablo Iglesias) que reconoció en una conciliación ante los Juzgados de lo Social que obligaba a su guardaespaldas a realizar horas extras no remuneradas, y la obligaba a realizar compras particulares, se suma ahora la demanda de la que tendrá que defenderse Victoria Rosell, y en la que su empleada del hogar la acusa de pagarla en negro, y de despedirla al estar de baja médica por enfermedad.
Cada día resulta más evidente el desprecio de Podemos a los derechos de los trabajadores, pues aunque se les llena la boca en defensa de los desvalidos, sin embargo parece que la realidad es que se aprovechan del estado de necesidad de miles de españoles para hacer con ellos su santa voluntad, y aplicando métodos de tiranía solo conocidos en los regímenes comunitas.
Ahora conocemos que Simona Chambi, de nacionalidad boliviana, y de profesión empleada de hogar, ha denunciado a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la podemita Victoria Rosell alegando que ha sido despedida de forma «improcedente» cuando se encontraba de baja por enfermedad, después de trabajar para para la podemita como empleada del hogar durante más de siete años, recibiendo su salario en dinero negro.
Hasta la fecha en España estábamos acostumbrados a la corrupción de los cargos públicos (principalmente de Convergencia i Unio, PSOE, PNV, y Partido Popular), pero esta corrupción se centraba en el uso y abuso de los fondos públicos, sin embargo PODEMOS ha demostrado que no sólo se pueden malversar los fondos públicos (actualmente tienen una causa abierta por supuesta financiación ilegal), sino que además pueden corromperse en su vida privada, pues son numerosos los casos en los que se acusa a los podemitas de aprovecharse de sus empleados, y de realizar prácticas que pueden definirse como de explotación laboral.
Victoria Rosell (quien encabezó la candidatura de Podemos por Las Palmas en las elecciones de 2016 y 2019) es acusada ahora de tener una empleada de hogar sin contrato y cobrando en negro, y despedirla al estar en una situación de vulnerabilidad (baja médica por enfermedad). Resulta que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género parece no ser competente para dicho cargo, pues se ha aprovechado de la condición femenina de su empleada del hogar, y ha abusado laboralmente de ella.
Igualmente, la empleada del hogar denuncia que Rosell ya se apropió indebidamente de un finiquito que correspondía a la trabajadora de un anterior contrato, pues en Simona Chambi se vio obligada a regresar a Bolivia debido a un problema familiar, por lo que pidió la rescisión voluntaria del contrato y fue dada de baja el 30 de noviembre de aquel año, sin que Rosell llegara a pagar el finiquito al que tenía derecho.
Por lo visto la práctica habitual de la ex magistrada Rosell consistía en no dar de alta a sus empleadas de hogar, y en no firmar contratos de trabajo, ni realizar las oportunas cotizaciones a la Seguridad Social.
Dado el cargo público de Victoria Rosell okdiario informa que al cabo de los años, y tras conseguir la empleada tener un contrato, Rosell modificó el contrato para que figurara como empleador su pareja Carlos Sosa, aunque a pesar de dicho cambio siguieron con las prácticas irregulares, pues en las vacaciones de agosto obligaban a su empleada a dar de comer a las mascotas y regar las plantas, sin recibir ningún tipo de remuneración y sin respetar su derecho a vacaciones.
En estas circunstancias, y estando su empleada de baja médica por complicaciones tras una intervención quirúrgica, la trabajadora recibió la notificación por la que la pareja la despedía con fecha 16 de julio de 2020.
No es la primera polémica de Victoria Rosell
No parece el año de Victoria Rosell, pues no solo tendrá que enfrentar una denuncia por violación de los derechos de los trabajadores, sino que además tiene que dar explicaciones razonables tras su silencio ante la detención del Magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del PSOE, don Fernando Valdés Dal-Ré, que ha sido acusado de violencia de género.
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Efectivamente, a todos ha resultado extraño el silencio que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha mantenido en torno al caso del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés Dal-Ré, quien fue detenido el pasado 10 de agosto por supuestos malos tratos a su esposa.
La exdiputada podemita, y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, se ha caracterizado por mantener los mantras del feminismo radical, y pronunciarse siempre sobre los asuntos catalogados como de “violencia de género”, incluso siendo protagonistas de salidas de tono propias del feminismo radical.
¿Rosell silenciosa por interés?
Sin embargo parece que Rosell está inmersa en un clara situación de conflicto de interés, por cuanto el magistrado Valdés Dal-Ré es el ponente del recurso de amparo que ella interpuso ante el Tribunal Constitucional en el 2018 contra una sentencia del Tribunal Supremo, que anuló el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que se le había dado la razón a la magistrada. Evidentemente parece que Rosell no quiere enemistarse con el hombre que decidirá sobre su recurso, y evidentemente para un podemita primero están los intereses particulares, y después los intereses públicos.
Su causa pendiente ante el Tribunal Constitucional, otro escandalazo.
El actual recurso que Rosell tiene pendiente ante el Tribunal Constitucional se presentó frente a una Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias reconociendo el derecho del Ministerio Fiscal a comprobar, de forma preliminar, y hasta un límite, hechos de una posible responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados.
El caso en cuestión comenzó cuando el 23 de noviembre de 2015 la Fiscalía Provincial de Las Palmas recibió un sobre cerrado a nombre de la fiscal Evangelina Ríos. Contenía una fotocopia de un contrato de prestación de servicios –fechado el 26 de octubre de ese año– entre Clan de Medios, Comunicación y Marketing, S.L.U., propiedad de Carlos Sosa, pareja de hecho de la magistrada Rosell, y Patricio Viñayo García, en representación de la productora audiovisual Unión Deportiva Las Palmas, S.L., del que era máximo accionista el empresario Miguel Ángel Ramírez, propietario a su vez de ese equipo de fútbol.
Hacía dos años que Ramírez estaba siendo investigado por la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, por los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Una causa que todavía no se ha resuelto después de 7 años de instrucción, pues Rosell había dejado el Juzgado tres días antes de pedir la excedencia para incorporarse a Podemos como candidata a diputada por Las Palmas y de que su pareja firmase el referido contrato.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas empezó a sospechar del citado contrato, pareciendo sospechoso que se firmara justo tres días después de que Rosell dejase el Juzgado, existiendo indicios para pensar que tuvo que negociarse el contrato antes del cese de la magistrada, por ello la fiscalía ordenó abrir diligencias preprocesales sobre Rosell “con la finalidad de valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria prevista en el artículo 417.8° de la Ley Orgánica del Poder Judicial al no haberse abstenido del conocimiento del asunto por concurrir en ella la causa prevista artículo 219.10° de la LOPJ”: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, ya que existían documentos que demostraban que la relación empresarial entre Ramírez y la pareja de Rosell se extendía en el tiempo desde el año 2006.
Si bien es cierto que inicialmente el TSJ de Canarias dio la razón a Rosell en primera instancia, reconociendo que la Fiscalía no podía investigar disciplinariamente ni a jueces ni a magistrados y anulando las diligencias preprocesales llevadas a cabo por la Fiscalía, sin embargo el Tribunal Supremo consideró no ajustada a derecho la Sentencia del TSJ afirmando que “la cautela y prudencia que merece una denuncia anónima (…) no excluye que sea improcedente su archivo ‘a limine’ cuando revela hechos con trascendencia procesal o disciplinaria y no resulte notoria su falsedad. Su verosimilitud debe ser verificada para la comprobación de la información con carácter previo al ejercicio, como se aprecia en el Decreto de incoación, del derecho-deber de remitir denuncia al Consejo General del Poder Judicial por la posible comisión de una infracción disciplinaria”. Para el Supremo lo realizado fue conforme a derecho y de acuerdo con las facultades que le atribuyen a la Fiscalía el artículo 5.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Sus líos con la justicia deberían impedir que Rosell ocupara cualquier cargo público.
PODEMOS se ha caracterizado por poner el listón muy alto cuando habla de la corrupción de otros partidos, sin embargo parece que la corrupción en su propias filas se mide con otros parámetros, pues el lío disciplinaria, y la posibilidad de que Rosell como magistrada interviniera en un asunto del que debía haberse apartado por la relación entre su pareja y algunos de los acusados debería ser suficiente para inhabilitarla de hecho para cualquier cargo público, sin embargo Rosell sigue cobrando de los presupuestos públicos, y presuntamente parece que viola los derechos laborales de su empleada de hogar.
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