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El menguante estado de derecho y su contexto: vamos hacia atrás

Las decisiones del Gobierno lejos de perseguir el bien común son pago a traidores o moneda de cambio para perpetuarse en el poder.

De nuevo, con más de lo mismo, en un Estado de Derecho menguante en donde lo que parece primar son los intereses de nuestros propios dirigentes por encima del bienestar de los ciudadanos. Algo que los juristas no podemos dejar de denunciar, porque todo el andamiaje jurídico (y muy especialmente, su propia legitimidad) reposan sobre los cada vez más endebles pies de lo que debe ser un Estado de Derecho. Los acontecimientos se precipitan, pero en la dirección equivocada, porque cada vez son más y mayores los desafueros a los que continuamos asistiendo entre incrédulos e impotentes. Ni siquiera da tiempo para denunciarlos públicamente y, de ahí, que cuando se hace semanalmente (como es mi caso) me vea obligado a sacar a colación asuntos muy diversos -a veces, como ahora, en tropel- porque no hay tiempo para realizar análisis en profundidad de cada uno de ellos. Eso sí, todos ellos tienen en común el hecho de suponer un retroceso en lo que debería ser un Estado de Derecho, y éste es su factor aglutinante.

La semana pasada le tocó el turno al control de la información por el Gobierno mediante los mecanismos previstos en la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre (por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional) y pude despacharme a gusto.[1] En otros anteriores traté del “non law land” (o espacio del no-Derecho) con lo que pretendía denominar a la situación de no sometimiento a controles externos por parte del Gobierno desde que declaró el primer estado de alarma (allá por el mes de marzo), momento a partir del cual el Derecho parecía inmerso en una enorme burbuja en la que no parecen regir los mecanismos fundamentales para este control, con el consiguiente desquicio de los ciudadanos y muy especialmente de los juristas.[2] Dejé de analizar dos asuntos muy importantes como la Ley de Educación (con la eliminación del español como lengua vehicular) y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (ambos en trámite de discusión parlamentaria). Y de ambos trataré ahora junto con otro realmente preocupante, como es la falta de trasparencia en casi todos los asuntos delicados al amparo de una norma obsoleta (que proviene de la etapa franquista para colmo de los despropósitos), como es la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Comenzando por esto último, resulta insultante (no se me ocurre otro adjetivo más adecuado) que Sánchez oculte el gasto de sus actividades puramente privadas calificándolo de “secreto oficial” o “materia reservada” como si se tratase de algún dato esencial para la seguridad del Estado que, realmente es la única finalidad de esta Ley.[3] Oculta el importe de estos gastos para que no pueda ser legítimamente criticado un comportamiento en el que, deliberadamente, confunde el desempeño de sus funciones como Presidente con su vida privada. Una falta absoluta de trasparencia y una auténtica burla, porque su actividad privada no puede ser costeada con dinero público, especialmente en unos momentos en los cuales gran parte de la población está pasando por serios apuros económicos. De hecho, se imputan al Gobierno 42 incumplimientos de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) en lo que va del presente año, lo cual es todo un récord.[4]

sigo con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cuyo contenido ya se ha escrito bastante, poniendo de manifiesto dos cuestiones fundamentales. La primera, que las previsiones de ingresos se encuentran claramente “infladas” (de lo cual ya ha advertido la UE al Gobierno) y de que el gasto público es elefantiásico ya que no prevé -sino todo lo contrario- una contracción de ese gasto, al incrementar sueldos de funcionarios y pensiones, en cuantías muy poco significativas pero que, en su conjunto, suponen una cantidad de dinero muy importante para las arcas públicas. Y lo que es más grave a mi juicio (y al juicio de expertos en la materia), no se contempla una reducción de un sector público plagado de cargos inútiles, que solo sirven para consumir recursos -cada vez más escasos- que poca o ninguna utilidad pública tiene. ¿Para qué tanto asesor? ¿Para qué tanta empresa pública vacía de contenido real? ¿Para qué tanto despilfarro? Sencillamente, para mantener una clientela de votos cautivos y para asegurar en su cargo a quienes ahora nos gobiernan porque, a la hora de resolver problemas lo único con lo que nos encontramos en con enormes atascos en la Administración, con números escandalosos de Pensiones y ERTEs no tramitados aún. O sea, una gigantesca Administración que no atiende a los ciudadanos para su desesperación y el caso de el SEPE no es desgraciadamente el único.[5]

Pero a lo que vamos (que es la trasparencia), como es público y notorio, el Proyecto de Ley de Presupuestos, pone una vez más de manifiesto que para su aprobación ha salido a la luz el pacto del Gobierno tanto con Bildu como con ERC, a quienes se les compensará tanto en el propio seno de los Presupuestos como fuera de los mismos (a Bildu con las progresivas concesiones para los presos etarras). Se trata, por tanto, de unos Presupuestos a los que hay que prestar atención tanto en su contenido como en contexto de otras medidas ajenas a los mismos. A todo esto, añadamos el estupor que ha causado que Podemos (en unión de ERC y de Bildu) haya planteado una enmienda parcial a los Presupuestos relativa a la congelación de los alquileres, de tal modo que el propio Gobierno se hace oposición a sí mismo como la mítica serpiente que se muerde su propia cola (llamada Uróboros). Y es que, si una serpiente empieza a comerse su cola y acaba comiéndose absolutamente todo su cuerpo, ¿dónde estaría la serpiente, si está dentro de su estómago, que a su vez está dentro de ella?

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Pero el colmo de los despropósitos quizás se lo lleve la reclamación, por parte de Iglesias, de un referéndum en el Sahara (al margen del propio gobierno al que no se sabe ya si pertenece o le hace la oposición desde dentro) en un momento en el que las relaciones con Marruecos están muy tensas. O tiene la intención de descolgarse del Gobierno o no sabe ya en qué patio juega (o, incluso, ambas cosas a la vez) porque se lo está poniendo a Sanchez más difícil que la propia oposición, que ya tiene mérito. Vamos, como para fiarse de él en cualquier asunto, aunque, bien merecido lo tiene Sánchez, ya quien con niño se acuesta, amanece … meado.

Otro tanto sucede con la ley de Educación de Celaá, cuyo auténtico sentido y finalidad se encuentra fuera del propio texto de la Ley y que hay que buscar en el contexto político bajo el cual se ha aprobado este jueves en las Cortes. Se trata de un texto lo sumamente ambiguo (respecto a las lenguas vehiculares) que será necesario analizar con detenimiento a la hora de plantear su inconstitucionalidad, para no dejar nada fuera de un eventual recurso. Destierra (o permite) desterrar el castellano de la enseñanza, se cisca en la enseñanza especial y desatiende la educación concertada, con clara vulneración del derecho de los padres, que van a encontrarse sin arte ni parte para poder decidir cómo quieren educar a sus hijos. O sea, todos los derechos del artículo 27 de nuestra Constitución tirados por tierra, para satisfacer los deseos de sus socios separatistas catalanes y posiblemente también los vascos, que para eso se cree Sánchez el amo del Cortijo (aunque se encuentre hipotecado hasta las cejas por sus socios de dentro y fuera del Gobierno).

Este es el resultado de este malhadado juego entre el texto y el contexto de las decisiones y de las normas que se están aprobando, porque suponen un pago bien por los servicios prestados o un anticipo por los que espera que le presten en el futuro, olvidando que la traición nunca prospera a la larga, porque si lo hiciese, nadie se atrevería a llamarlo traición. Como bien nos recuerda Vargas Llosa está llegando la época en que la honorabilidad es la excepción y la traición es la norma, motivo por el cual quien juega limpio juega en clara desventaja. Y lo que se pone de manifiesto, es el condicionamiento del Derecho (entendido como lo que debe ser justo y adecuado para resolver un problema o regular una situación) a los intereses políticos del Gobierno, condicionado, a su vez, por los socios que ha escogido para llegar al poder y a quienes ahora tiene que rendir tributo para mantenerse en él. Malos tiempos para los juristas y, en general para todos los ciudadanos que estamos asistiendo atónitos a un rosario de ataques al Estado de Derecho, tan perverso, o incluso más que la epidemia que nos asola, porque tenemos a los mandos a un irresponsable, capaz de venderse (y a nosotros con él) por un miserable plato de lentejas con tal de seguir con su sillón en La Moncloa y el Falcon a su servicio.

Prestemos atención pues, no solo al texto de las decisiones que se adoptan por el Gobierno sino también al contexto en el que se desenvuelven, porque lejos de perseguir el bien común son pago a traidores o moneda de cambio para perpetuarse en el poder. No olvidemos tampoco que la falta de claridad y trasparencia es siempre un signo de deshonestidad, y que cualquier apaciguamiento de la tiranía es también traición, de modo que toca luchar con la única arma que poseemos aún (sin saber siquiera por cuanto tiempo) que es nuestra libertad de expresión.

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Con este triste panorama y pensamiento me despido hoy, con una oculta sonrisa etrusca, deseando a todos (menos a los traidores) un buen fin de semana

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