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Energía y ecología. La alternativa pasa por romper la globalización

Los Estados se muestran como meros títeres de las corporaciones, aceptando e implementando todo tipo de legislaciones en favor de los grandes capitales.

Fotografía con licencia Pixabay

Este es un tema de actualidad en el que es preciso posicionarse. Desde las organizaciones ecologistas se nos dice que debemos ir hacia una transición energética y ecológica justa hacia las energías verdes, y que para ello, las comunidades energéticas son la herramienta clave para evitar una transición ecológica injusta.

Y lo que hay detrás de todo esto son unos tratados de libre comercio que son acuerdos entre Estados que permiten a las grandes corporaciones actuar con amplias garantías y escasos límites. Así, por ejemplo, el poco conocido Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), poco conocido pese a que está en vigor desde los años 90, en alianza con los Tribunales Internacionales de Arbitraje, conocidos por sus siglas en inglés como ISDS, permite a las empresas denunciar y ganar a los Estados en cuanto estos lleven a cabo legislaciones restrictivas al extractivismo energético. Es decir, que tenemos encima un Tratado y unas reglas que dificultan aún más la llamada transición ecológica justa.

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Lo cierto es que existen multitud de tratados y acuerdos internacionales que apenas conocemos y menos aún les prestamos atención, pero que tienen repercusiones estructurales en las políticas globales y en sus reflejos locales. Y el objetivo de estos tratados de libre comercio es la eliminación de trabas a las empresas multinacionales para que puedan invertir en los diferentes territorios con las mayores facilidades posibles. Es decir, los Estados y sus gobiernos ceden parte de su soberanía en favor de empresas privadas que operan a nivel global con el fin de obtener más beneficios. Eso es la globalización y eso es el capitalismo global.

En lo que respecta al sector energético, podemos ver dos momentos en los que este sector se ha visto ante un nuevo escenario que las compañías energéticas toman como una oportunidad para ampliar su negocio. En un primer momento, a principios de los años 90, tras la caída del bloque del Este, números países y sus recursos energéticos entraban poco a poco en el mercado global. Ante ellos, los lobbies energéticos promovieron lo que actualmente es el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Las empresas energéticas necesitaban un marco legal que les permitiera invertir en estos nuevos mercados con las máximas garantías posibles. El segundo momento es el presente. Frente a la llamada crisis climática sería sensato que las políticas bajo el marco de la tan nombrada emergencia climática, tornaran hacía sí un uso más restrictivo y equitativo de los recursos energéticos, algo que choca contra los intereses y necesidades de las grandes corporaciones que temen que sus inversiones corran peligro.

Una de las cuestiones clave dentro del Tratado TCE es la existencia de los Tribunales Internacionales de Arbitraje (ISDS). Estos “tribunales” (entre comillas) están formados por abogados privados y no son profesionales que hayan superado alguna oposición o que hayan realizado una carrera judicial y estén ligados a alguna institución de Derecho Internacional. Básicamente, estos tribunales realizan un arbitraje entre empresas y Estado, permitiendo a las empresas demandar a los Estados por encima de las legislaciones nacionales. De nuevo, los Estados regalan una parte de su soberanía a entidades supranacionales que van contra sus supuestos intereses materiales (el control de un territorio o país).Las cláusulas del Tratado TCE son tan abusivas contra los territorios y tan favorables a las corporaciones  que permiten demandar a los Estados en caso de que por cambios legislativos  nacionales sus perspectivas  de beneficios tras una posible inversión  se vean afectadas. Es decir, si en un momento como el actual, un gobierno que ha aceptado el Tratado TCE, como el gobierno de España, realiza un cambio legislativo que aumenta la presión fiscal sobre las empresas que se dediquen al sector de las energías fósiles, estas empresas podrían demandar, y ganar, al Estado español, en uno de estos tribunales internacionales.

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España es el segundo país más demandado en el mundo ante tribunales de arbitraje internacionales por cláusulas ISDS, de un total de 117 con este tipo de demandas. El primero es Argentina, con 60 demandas, y el segundo España, con 49 demandas, y de éstas, 47 se han realizado basándose en el Tratado TCE.

Un ejemplo ilustrativo de la dimensión de los ISDS es el laudo que fue emitido en julio de 2019 contra el Estado de Pakistán.  La demanda por la denegación en 2011 de una concesión minera a una multinacional anglo-canadiense se resolvió con una condena contra Pakistán que le obliga a pagar a la empresa 5.840 millones de dólares (5.240 millones de euros). El arbitraje se solicitó a través de una filial australiana aprovechando un tratado bilateral de inversiones firmado entre Pakistán y Australia.

Hace dos años, a 31 de diciembre de 2018, se habían iniciado 942 casos utilizando las ISDS, y existen un total de 2.666 tratados internacionales que incluyen estas cláusulas. Pese a ello, y a las costosas consecuencias que acarrean para los Estados, continúan firmándose nuevos acuerdos, en contra del interés general de los ciudadanos. Sólo en 2019 se firmaron 9 nuevos tratados, con un alcance tan amplio como el formalizado el 30 de junio de ese año entre la U-E- y Vietnam, y que siguen a los 40firmados en 2018.

A Alemania, abandonar la energía nuclear le puede costar más de 5.100 millones de dólares tras una demanda ante un ISDA de la empresa Vattenfall. Otro ejemplo que se puede replicar en tantos otros países en el momento en que empiecen a tomarse medidas concretas y de choque en materia de transición ecológica.

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Así, los tratados de libre comercio junto con los tribunales internacionales de arbitraje forman un tándem desastroso para las políticas de transición ecológica. Son la estructura internacional que orienta cualquier posible transformación energética hacia el beneficio de las grandes corporaciones y contra los intereses de los pueblos. Y los Estados se muestran como meros títeres de las corporaciones, aceptando e implementando todo tipo de legislaciones en favor de los grandes capitales. Todo este entramado legal pone serias dificultades para cualquier tipo de políticas públicas de carácter ecológico. Si los Estados están entregados y maniatados a las grandes corporaciones, la transición ecológica sólo podrá venir del empuje, la fuerza y la construcción desde y para los pueblos.

No olvidemos que el capital destruye las familias, los pueblos, y los países, simplemente porque todo eso son obstáculos para el mercado de trabajo que quiere el capital. ¿Cuál es la alternativa a todo esto? Parece lógico pensar que si se rompiera la globalización, tomarían protagonismo los Estados nacionales frente al libre mercado, de modo que así se iría hacia economías con iniciativa privada pero más intervenidas. Ese es el camino. En algunos países occidentales, cabe la posibilidad de que sean los perjudicados por la globalización los que se movilicen y favorezcan estos cambios sociales, y entonces la intervención del Estado iría destinada a protegerlos, a proteger a los perjudicados por la globalización. Pero mientras no se rompa la globalización, no tomarán protagonismo los Estados frente al mercado.

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