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COLOMBIA: ¿Qué hicieron con nuestra Democracia?

Tanto en la ciudad de Bogotá como en la de Medellín, donde fueron elegidos como alcaldes personajes de la izquierda radical, los ciudadanos iniciaron sendos procesos revocatorios, pero de inmediato chocaron con el primer obstáculo.

Recuerdo todavía la época en que Colombia era sinónimo de una de las democracias más sólidas de América. Y me invade la nostalgia y la tristeza al contrastar esa antigua conquista con lo que ahora vivimos por cuenta del populismo de izquierda y sus corruptos aliados.

Desde 1991 se incluyó en nuestra Constitución la “democracia participativa” al reconocer al pueblo la posibilidad de participar en la revocatoria de alcaldes y gobernadores cuando éstos no cumplieran con el programa de gobierno ofrecido o la población no estuviera satisfecha con su gestión. Mediante la Ley Estatutaria 1757 de 2015 se establecieron los requisitos y el procedimiento al cual deben someterse los procesos revocatorios.

Tanto en la ciudad de Bogotá como en la de Medellín, donde fueron elegidos como alcaldes personajes de la izquierda radical, los ciudadanos iniciaron sendos procesos revocatorios, pero de inmediato chocaron con el primer obstáculo. El establecimiento reaccionó tratando de modificar la ley mediante la inclusión de nuevos pasos (como el de una audiencia pública) para entorpecer el trámite. No alcanzaron a tener lista la reforma a 31 de diciembre y optaron por modificar la ley mediante una resolución de la Registraduría.

 ¿Me pueden explicar cómo se puede cambiar el contenido de una ley haciendo uso de la “potestad reglamentaria”?

No paró allí el atentado contra la Democracia. Cuando se fueron a iniciar las audiencias públicas, fueron notificados los ciudadanos que se habían inscrito parta intervenir, que no podrían hacerlo, violentando su libertad de ejercer la “democracia participativa”, la libertad política y la libertad de expresión.

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Cumplido ese trámite solicitaron los promotores la entrega de los formularios para llenar las planillas con las firmas de los solicitantes de la revocatoria y les fueron negados con el argumento de que correspondía al Ministro de Salud decidir si se podía recoger firmas durante la pandemia y de que había que solicitar 200.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda. ¿No es ésta una flagrante violación a la Constitución, a la Ley y a los legítimos derechos de los ciudadanos?

En la misma vía de la Registraduría se había pronunciado el Presidente Iván Duque declarando que éste no era el momento para las revocatorias ni para pugnas políticas.

Hablando de contagios nos preguntamos:¿Por qué se permitió la marcha de protesta de 7.000 indígenas que atravesaron el país , hacinados en buses y camiones realizando mitines en todas las poblaciones y luego en la capital de la República? ¿Por qué el Gobierno Nacional y los alcaldes de la izquierda patrocinan toda clase de marchas cuando sus organizadores son de la izquierda, aunque, además del contagio, destruyen la ciudad y afectan los derechos de los ciudadanos? ¿Es ésta la clase de democracia que ahora debemos aceptar?

Se cuestiona el costo de las revocatorias pero no se aplicó el mismo rasero cuando se embarcó al país en una consulta anti-corrupción que costó más de 300.000 millones de pesos, en la cual se consultaba sobre normas ya incluidas en la legislación o que nada tenían que ver con la solución del problema. Tampoco se respetó la democracia pues, de un lado, aparecieron milagrosamente 11.000.000 de votos después de que los medios difundieron las mesas de votación casi vacías durante toda la jornada; de otra parte, a pesar de no haber cumplido con el umbral señalado por la ley, el Gobierno ordenó dar cumplimiento a los puntos negados en la consulta, atendiendo a sus promotores procedentes de los movimientos de izquierda radical. ¿Puede considerarse como democrático este proceso?

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La Democracia, como el Estado de Derecho, ha recibido en Colombia entierro de tercera. Primero con el descarado robo de los resultados del plebiscito que rechazó el pacto del gobierno con la narco-guerrilla de las Farc. Segundo, con la implementación del acuerdo mediante actos legislativos y leyes aprobados mediante el fast-track, sistema no previsto en nuestra Constitución y por lo tanto absolutamente inválido. Tercero, mediante la interpretación que jueces, congresistas y funcionarios del Ejecutivo hacen de su tarea, inspirados en el funesto pacto. Todo se justifica “en nombre de la paz”. Ahora también encontraron otra “patente de corso” para dejarnos sin Democracia: “la pandemia”. 

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