Por Guillermo Villarreal

Curas católicos y líderes anglicanos se pusieron al frente de una rebelión contra la política sanitaria instrumentada por Gildo Insfrán en Formosa, a quien acusan de autoritarismo y violaciones de los derechos humanos a raíz de las medidas restrictivas para frenar la pandemia en una provincia con poco más de 800 casos registrados y una decena de personas muertas en lo que va de la crisis. La oposición, Juntos por el Cambio (JxC), aprovecha la andanada de denuncias y exige la intervención federal del enclave peronista.

En el poder desde 1995, Insfrán defiende su estrategia sanitaria, a la que califica de “exitosa”, y reivindica su sistema de “ingreso ordenado” a la provincia (PCR negativo y aislamiento por 14 días), poniéndolo a la altura de la medida instrumentada por el presidente Joe Biden para los extranjeros que decidan de ahora en más llegar a Estados Unidos.

Mientras crece la efervescencia social en Formosa por el virtual estado de sitio, la derivación compulsiva a centros de aislamiento y el toque de queda nocturno, desde Buenos Aires el gobierno de Alberto Fernández hace mutis por el foro, mira de reojo el escenario provincial y se apoya en la mayoría peronista en el Congreso para esquivar el embate intervencionista opositor que comanda Lilita Carrió (Coalición Cívica); un cuadro de respaldo, a medias, a la gestión del mandatario formoseño.

Una carta pública firmada por quince sacerdotes de distintas localidades de Formosa rompió la silenciosa y tensa calma provincial. El detonante, los operativos policiales para hacer cumplir a rajatabla las normas sanitarias dispuestas por el gobernador, entre ellas, la detención de miembros de una comunidad wichi y de las concejalas opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz.

Los curas católicos le achacan a Insfrán no estar acertando con su metodología sanitaria restrictiva. “Gran parte del pueblo no quiere ser llevado a centros de aislamiento”, le advierten y le reclaman consensos para buscar alternativas en la lucha contra el coronavirus. “Las medidas que toma son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan a oscuras épocas de nuestra Patria”, apuntan al gobernador aludiendo a la última dictadura militar en el país.

La misiva del clero no llevó la firma del obispo de Formosa, José Conejero Gallego, aunque en ambientes eclesiásticos se descuenta que tenía su aval. En tanto, en su última homilía dominical en la catedral, el prelado utilizó un lenguaje menos duro que el de sus curas para exhortar a las autoridades a enfrentar la situación de emergencia con “serenidad y sabiduría”.

Nicolás Drayson, obispo regional de la Iglesia Anglicana y con presencia pastoral entre los pueblos originarios locales, también criticó la gestión de la pandemia y le exigió al gobernador Insfrán que investigue las “acciones violentas” perpetradas por efectivos policiales al detener a quince miembros de la comunidad wichi que realizaban una protesta en las rutas y que fueron llevados a la capital provincial, a casi 800 kilómetros de sus lugares de origen.

Los planteos eclesiásticos se suman a las numerosas denuncias recibidas por Amnistía Internacional por las condiciones en los centros de aislamiento (Centros de Atención Sanitaria – CAS), las que llevaron al organismo a requerirle a Insfrán que las medidas para combatir la pandemia “sean respetuosas de los derechos humanos”. La Cámara Federal de Casación Penal, por su parte, dictaminó que el hábeas corpus colectivo que denunció trato “inhumano” en esos lugares de internación sea investigado por la justicia provincial y no por la federal.

Insfrán, cuya gestión acaba de recibir el apoyo de todos los intendentes provinciales, apeló a un hilo en su cuenta de Twitter para defender las medidas tomadas para evitar los contagios de coronavirus. “No son casualidad nuestros indicadores sanitarios. Tampoco son meros números los miles de contagios evitados ni las cientos de vidas salvadas”, escribió, además de sentenciar con una frase muy peronista: “La única verdad es la realidad”. Asimismo, atribuyó a “operaciones mediáticas juntas de quienes buscan un rédito político o electoral” los cuestionamientos al manejo de la crisis sanitaria en Formosa.

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En tanto, la réplica a las críticas de los religiosos llegó por parte del ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, quien apuntó: “Hablan de dictadura, entonces analicemos el rol de la Iglesia en la dictadura militar. Nos están diciendo que son centros clandestinos de detención, eso es ningunear la historia de los argentinos”. El funcionario también se quejó de un trato desigual, al afirmar: “Claro, a Horacio Rodríguez Larreta no se le dice nada y tiene más de 6.000 muertos. Nosotros tenemos nueve y nos cuestionan”.

Este artículo se publicó en https://www.letrap.com.ar/

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