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¿Quién manda en Colombia?

Si seguimos como vamos, terminaremos disputando los primeros niveles de miseria, corrupción y violencia con Venezuela o Nicaragua.

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Cuando un pelotón de soldados de nuestro Ejército fueron desarmados y secuestrados por unos cuantos indígenas dedicados al narcotráfico, armados de palos y machetes, forzoso es preguntarse: ¿Quién manda en nuestro país?

Un día sí y otro no se le ocurre a los populistas de extrema izquierda, cobijados por la más absoluta impunidad, destrozar las ciudades en sus marchas de protesta, causar daños a los medios de transporte, violar la libertad de locomoción y los derechos de los ciudadanos y agredir con bombas molotov y piedras a los agentes del orden.

Ante el recrudecimiento de la pandemia nos imponen de nuevo un encerramiento total en las principales ciudades, pero en Bogotá la alcalde “mamerta” autoriza 16 marchas de protesta a los agitadores de la izquierda, es decir, a los promotores del odio de clases y la anarquía. ¿Quién manda en Colombia, el Gobierno o la extrema izquierda?

Desde la posesión del Presidente Duque, escogido democráticamente por los colombianos, desataron sus opositores, los ”mamertos” de siempre, una apretada agenda de desmanes disfrazados de “protesta social”. Solicitamos mediante un derecho de petición a la Presidencia de la República que declarara el estado de conmoción interior y procediera a garantizar el orden como es su deber constitucional, pero, en su lugar, delegó el mantenimiento del orden en los alcaldes, casi todos de orientación marxista, los cuales, por supuesto, se han convertido en los alcahuetes de la rebelión y del caos.

Confiábamos los ciudadanos en que fuera la Constitución Política la guía a la que se sujetara el ejercicio de la autoridad. Sin embargo, los hechos evidencian lo contrario. En nombre de la “paz” se ha convertido la Constitución en una colcha de retazos  para blindar la entrega del país a la narco-guerrilla, consolidar el abominable negocio de la coca y transitar hacia la implantación del social-comunismo.

Ahora, para conculcar los derechos constitucionales de los ciudadanos se inventaron otra justificación: La “pandemia”.  Siguiendo la directriz presidencial de que “no es momento para las revocatorias”, su subalterno, el Ministro de Salud, en complicidad con el Registrador del Estado Civil, llevan dilatando durante 2 meses y medio la entrega de formularios para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a revocar el mandato de los alcaldes cuando no están de acuerdo con su gestión.  ¿A quiénes favorecen estas artimañas? A los alcaldes “mamertos”, como es natural en este medio ajeno a la legalidad.

Desde el desconocimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo soberano expresada en el plebiscito de 2016, cuando se rechazó un acuerdo que los gobiernos de Santos y Duque se han empeñado en implementar no obstante su carencia de validez, el país marcha sin rumbo. Si el pueblo soberano no manda en un país democrático, entonces ¿Quién diablos manda?

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Colombia requiere un remezón en todas sus estructuras. Si seguimos como vamos, terminaremos disputando los primeros niveles de miseria, corrupción y violencia con Venezuela o  Nicaragua. Reunámonos en una gran alianza contra el narco-comunismo, las prácticas corruptas, la falta de justicia y la inseguridad que nos asfixian. Hagamos de Colombia una gran potencia económica en vez de seguir aumentando la tributación para ahuyentar las inversiones y empobrecer aún más a la clase media.

Puede leer:  Reflexión sobre la fe y la vida religiosa en los pueblos

ALIANZA RECONSTRUCIÓN COLOMBIA nos brinda la esperanza. Llevemos los mejores ciudadanos a los puestos de responsabilidad del Estado para, desde allí, aprobar las grandes reformas que nuestra sociedad reclama: “RECONSTRUCCIÓN O CATÁSTROFE”.

(*) El autor  es Presidente de Alianza Reconstrucción Colombia y candidato a la Presidencia de la República 2022-2026

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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