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COLOMBIA: El abominable imperio de la maldad

¿Dónde queda la protección de la vida, las libertades y los derechos del 97% de los colombianos que no marchamos ni protestamos?

Cada vez los acontecimientos en este infortunado país nos revelan con mayor claridad la profundidad de la crisis que venimos padeciendo. En un video presenciamos cómo son entrenados unos párvulos para formar parte de los desquiciados delincuentes que se hacen llamar “la primera línea”. Lo que para estas inocentes criaturas es un jueguito, es, ni más ni menos, que el comienzo de su adoctrinamiento para convertirlos en vándalos, en radicales activistas de la extrema izquierda, en delincuentes que continuarán la tarea de destruir a nuestra amada Patria.

Son estos grupos violentos que ahora se disfrazan de líderes populares, los que atravesaron un  cable de acero en una calle de Bogotá, que degolló a un inocente motociclista que se atrevió a ejercer su derecho constitucional a la libre movilización por las vías públicas. 

Durante dos meses y medio se ha afectado la economía de todo un país, mediante el bloqueo de sus carreteras y de su principal puerto marítimo, dejando sin ingresos a millones de colombianos y en la bancarrota a miles de empresarios.

En medio de la pandemia más cruel de que tengamos noticia,  los criminales dirigentes de Colombia Humana, FECODE, la CUT, y demás cómplices de la extrema izquierda, con el apoyo logístico del narcotráfico y de la guerrilla de FARC y ELN, se dedican a multiplicar el contagio a través de marchas y aglomeraciones que constituyen un genocidio sanitario, tolerado por el Gobierno Nacional y aupado por los sesgados alcaldes de la izquierda.

La crueldad de quienes se erigen como los abanderados  de los derechos humanos llega al extremo de causar la muerte de bebés por falta de atención médica dentro de ambulancias detenidas por la turba; un agente es secuestrado, torturado y asesinado, y su cadáver arrojado a un río; más de un millar de policías que cumplían con su deber de proteger a la ciudadanía y a los bienes públicos han sufrido graves lesiones, muchos de ellos incinerados con bombas incendiarias.

¿Cuál ha sido la actitud del Gobierno? Sentarse a negociar la suerte del pueblo colombiano con un comité de extorsionadores que no representa ni al 3% de la población. ¿Dónde queda la protección de la vida, las libertades y los derechos del 97% de los colombianos que no marchamos ni protestamos? 

Se aceptó la visita de una comisión de Derechos Humanos de la OEA, compuesta, como es sabido, por burócratas de orientación marxista, que avalan todas las afirmaciones de los dirigentes de los disturbios, ordenan el traslado de la Policía al Ministerio del Interior, justifican la protesta aunque sea con bloqueos a las vías, aseguran que ha habido excesos por parte de la fuerza pública y se abstienen de condenar los crímenes cometidos por los manifestantes.

No nos queda otro camino que buscar una solución definitiva en las urnas. Con una propuesta que garantice la seguridad de los colombianos; que permita el justo castigo a los delincuentes; que reordene esta sociedad sojuzgada por el mandato del mal; que brinde a la juventud la posibilidad de prepararse adecuadamente; que ofrezca oportunidades de empleo digno; que facilite el desarrollo de las empresas en condiciones de normalidad; que rebaje los costos del Estado y la tributación.

Puede leer:  El resultado electoral debería preocupar a Colombia

Es lo que propone el PARTIDO NACIONAL COLOMBIANO (PNC), una alianza para la reconstrucción de Colombia. Presidente@alianzareconstruccioncolombia.com

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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