Por Stefano Gennarini, J.D.

(C-Fam) Hubo un silencio inquietante, un sentimiento de aprensión en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara (baja o de Representantes) cuando el congresista Gregory Meeks pidió comentarios sobre el Proyecto de “Ley para Mantener a las Niñas en la Escuela” la semana pasada.

El demócrata de Ohio puede haber estado esperando una objeción pro-vida al proyecto de ley de ayuda al exterior (H.R. 4134). Tal vez hizo una pausa simplemente para enfatizar su triunfo sobre los pro-vida. De cualquier manera, los republicanos no pusieron objeciones.

Los republicanos quedaron satisfechos con algunas enmiendas técnicas para despojar al proyecto de ley de menciones explícitas de las estrategias de la era de Obama para la ayuda exterior y las métricas de las Naciones Unidas que preocupaban a los legisladores pro-vida. Pero no protestaron por el impulso principal del proyecto de ley.

El objetivo de la legislación —mantener a las niñas en la escuela y empoderarlas— es algo que todos los miembros del Congreso comparten de todo corazón. Nadie podría objetarlo. Pero cómo la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE. UU. (USAID, U. S. Agency for International Development, en inglés) se propone lograr este objetivo es otra cuestión completamente diferente. Y aquí está el problema.

Independientemente del título de la legislación, la “Ley para Mantener a las Niñas en la Escuela” no aborda cómo mantener a las niñas en la escuela. En pocas palabras, el proyecto de ley carece de sustancia. No enumera ningún conjunto de políticas, objetivos o métricas. Más bien, es una hoja de ruta burocrática. Solo establece un proceso. Es un documento de estrategia, cuyos detalles no serán decididos por el Congreso sino por burócratas federales e internacionales.

La congresista demócrata Chrissy Houlahan de Pensilvania fue sincera y espontánea sobre ésto la semana pasada.

Ella dijo que el proyecto de ley requiere que USAID desarrolle una estrategia global para las niñas adolescentes con “autoridades relevantes del gobierno de los EE. UU. y del Congreso”, así como las agencias de las Naciones Unidas y la sociedad civil “que tienen experiencia en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género”. Esto inevitablemente significa la intervención directa de grupos como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (International Planned Parenthood Federation) y la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer que tienden a dominar este espacio político.

Con dichos socios como implementadores (de este programa), “Mantener a las Niñas en la Escuela” implicará necesariamente promover el aborto y los anticonceptivos hormonales de acción prolongada, así como promover la autonomía sexual y la ideología de género en las escuelas. Todos éstos son temas que preocupan a los votantes republicanos y sus representantes.

El proyecto de ley requiere una actualización de la altamente controvertida Estrategia Global de los EE. UU. para empoderar Niñas Adolescentes (U.S. Global Strategy to Empower Adolescent Girls), una de las estrategias pro-aborto más agresivas de la administración Obama. Ya sea que se mencione o no expresamente en el proyecto de ley, el documento de la era de Obama seguirá siendo el punto de partida para implementar esta legislación y, en este sentido, los senadores pro-vida deben tomar nota de su contenido.

La propia Houlahan insinuó que el aborto y la anticoncepción serían parte de abordar el “embarazo y la maternidad precoces” en el proyecto de ley. La estrategia de Obama va aún más allá. Coloca la “salud y los derechos sexuales y reproductivos” en el centro del empoderamiento de las niñas, incluso “eliminando las barreras a los servicios e información de salud sexual y reproductiva” y brindando estos servicios e información de una “manera amigable para los jóvenes” y a través de una “educación sexualidad integral”.

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En general, se entiende que estas palabras en clave implican dar acceso al aborto y la anticoncepción a los adolescentes sin el consentimiento de los padres y promover programas de educación sexual muy controvertidos para enseñar a los niños que todas las formas de comportamiento sexual son moralmente equivalentes y alentarlos a experimentar “de manera segura” con la sexualidad. Tal programación educativa también promueve el uso de consejeros escolares para dirigirse a los adolescentes con problemas con mensajes que promueven la homosexualidad y la transgeneridad.

Se espera que el proyecto de ley sea aprobado por unanimidad en la Cámara y se dirija al Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los senadores pueden decidir mirar más de cerca el proyecto de ley, como en 2019, cuando el proyecto de ley se estancó en el Senado después de aprobarse en la Cámara. Si los senadores deciden mirar más allá del texto aparentemente no controvertido del proyecto de ley para ver cómo será implementado por la burocracia federal e internacional, es posible que deseen debatir los méritos de este enfoque para empoderar a las niñas antes de darles a los burócratas un cheque en blanco. Es posible que deseen objetar el uso de la programación educativa como una herramienta para adoctrinar a los niños. Podrían insistir en que la programación de USAID debería limitarse a hacer que la educación sea accesible y a un costo razonable y mantenerse alejado de la ingeniería social. Los senadores también podrían desear incluir vallas de contención pro-vida.

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