Eugenio Trujillo Villegas – Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción
La crisis del Departamento del Cauca llegó a extremos inimaginables. Entre las causas remotas de ese desastre están los planes de la izquierda latinoamericana a propósito de los 500 años del descubrimiento de América, celebrados en 1992, y la fundación del Foro de Sao Paulo por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990.
En ese plan del socialismo se trazaron las directrices para la toma del poder, lo cual incluyó a los indígenas, desde Canadá hasta la Patagonia, para convertirlos en la punta de lanza de una revolución política y cultural.
Se inventaron el discurso marxista de que las tierras de América fueron usurpadas durante la colonización española, por lo cual deberían ser recuperadas por los indígenas. Y también, que la cultura y la religión indígena deberían reemplazar a la Civilización Cristiana y al Catolicismo, de acuerdo con el Nuevo Orden Mundial.
Es así como se le quiere imponer al mundo el culto a la pacha mama, la diosa indígena de la madre tierra, que tiene en el papa Francisco y en la Teología de la Liberación a sus principales promotores. Pretenden proclamar la muerte del capitalismo, de la sociedad de consumo y de la propiedad privada.
Este es el escenario mundial del incendio que se está ejecutando en el Cauca. En el largo proceso de invasiones realizadas con violencia extrema, los indígenas ya se apoderaron de 1.300.000 hectáreas en ese departamento. Pero ahora quieren las tierras productivas del norte del Cauca, y también las del Valle del Cauca, cultivadas en caña de azúcar con los más altos índices de eficiencia y generación de empleos.
En riesgo 100.000 empleos de la región
Ahora los indígenas van por cerca de 40.000 hectáreas alrededor de los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Miranda, Padilla y Guachené, en el norte del Cauca y a menos de una hora de Cali.
Lo que está en riesgo de colapsar es el desarrollo agro-industrial de la región, que genera cerca de 100.000 empleos entre los ingenios, los cultivos de caña y los parques industriales.
Todo ese emporio de desarrollo es lo que ya está siendo desmantelado por la acción conjunta del Gobierno y los indígenas. Es evidente que los indígenas no cultivan nada, a excepción de la coca, pues el progreso no está entre sus objetivos de vida. Ellos son mantenidos con subsidios del Estado, que cada año les asigna $2,5 billones de pesos (US 600 millones de dólares), y no pagan impuestos por las tierras que poseen.
Las comunidades negras defienden a los propietarios
En los últimos días fueron invadidas unas 5.000 hectáreas. Las haciendas Japio, Las Margaritas, Bachué, Canaima, Granadita, García Abajo, La Robleda, El Limón y otras, han sido tomadas por hordas de indígenas encapuchados que aparecen de improviso, incendian la maquinaria agrícola y los cultivos de caña, destruyen las construcciones, roban lo que encuentran y expulsan violentamente a los propietarios con amenazas de muerte.
Los únicos que han defendido las haciendas invadidas son los miembros de las comunidades negras allí establecidas, que en su mayoría trabajan en la industria azucarera y han enfrentado a los invasores con sus machetes, pues la Policía y el Ejército son apenas espectadores. Estos trabajadores de la caña tienen empleos de calidad, son los mejor remunerados en el sector agropecuario de Colombia, pues gozan de muchos beneficios sociales como viviendas dignas, puestos de salud, escuelas gratuitas, formación técnica y estabilidad laboral.
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Las negritudes tienen territorios comunales que los indígenas quieren invadir. Solo que entre ellos hay una gran diferencia, pues las comunidades negras son laboriosas y constituyen la principal mano de obra del sector agroindustrial, mientras que los indígenas se dedican al ocio, a la embriaguez y a la coca. Ya han perdido sus empleos unos 3.500 trabajadores, pero si se consolidan las invasiones toda la población negra perderá para siempre sus fuentes de trabajo.
Un problema que afecta a toda Colombia
Está completamente equivocado quien piense que ese problema es apenas de quienes viven en el Cauca, de los cultivadores de caña o de los productores de azúcar. Este es el comienzo de un gran conflicto nacional, pues el gobierno pretende aplicar una reforma agraria sobre 10 millones de hectáreas, que es lo establecido en el Acuerdo de paz con las FARC, cuando las tierras productivas en Colombia no llegan a 7 millones de hectáreas.
O sea, estamos ante una política de exterminio del sector agropecuario, que conducirá a Colombia al desabastecimiento de alimentos, que arruinará a millones de colombianos, que acabará con la propiedad privada agraria y que lanzará al País hacia una guerra civil.
El pasado 11 de agosto el Gobierno estableció la forma de resolver el conflicto. En una reunión en Santander de Quilichao (Cauca), a la cual asistieron la vicepresidente, los ministros de gobierno y agricultura, los gobernadores del Cauca y del Valle del Cauca, varios alcaldes, los indígenas, las negritudes y los propietarios, se ordenó la creación de un comité que tendrá total autonomía en sus decisiones, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento.
Esto quiere decir que ya no importarán la Constitución, las leyes de la República y los derechos de los propietarios, sino que se cumplirán las órdenes emitidas por minorías subversivas, en el más puro estilo de los soviets. Habrá quién diga que eso no va a acontecer y que el gobierno sería irracional si lo hace.
Pues bien, los regímenes marxistas solo hacen cosas irracionales y las seguirán haciendo mientras la gente duerma, sea indolente y siga creyendo que no pasará nada.
El objetivo es invadir las tierras productivas por toda Colombia, con el falso pretexto de hacer justicia social, obligando a los propietarios a entregarlas o venderlas al Estado a precios irrisorios. Dicen que así se consigue la paz, pero mienten. Ellos solo quieren imponer la quimera de la igualdad marxista, que es contraria a la Ley de Dios, al Derecho Natural, al sentido común y al recto orden de las cosas. Lo hacen solo para generar odio, miseria y opresión, lanzando a Colombia hacia el caos del socialismo.
Nota: Acabo de publicar el libro La extorsión indigenista. Es el más completo análisis del problema indígena en el Cauca y en Colombia. Analiza su origen remoto, el conflicto actual y propone una solución razonable. Magnífica edición de 170 páginas, 32 de ellas con fotos a color, que constituyen una memoria histórica de la destrucción realizada en Cali por los indígenas y la primera línea terrorista en abril y mayo del 2021. Quien esté interesado lo puede pedir a mi correo electrónico trujillo.eugenio@gmail.com . El libro le llegará por correo certificado. Cuesta $40.000 e incluye los gastos de correo.
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