Los tratados internacionales no exigen una “guerra contra las drogas” ya que las medidas puramente basadas en la represión contra el problema del narcotráfico contradicen el espíritu de estas convenciones, aseguró el pasado 2 de marzo la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
En un comunicado de prensa, Werner Sipp, el presidente del organismo de Naciones Unidas que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, dijo que el mundo no tiene que elegir entre una aplicación “militarizada” de las leyes sobre drogas y la legalización, sino que debe poner la salud y el bienestar de la población en el centro de una política equilibrada.
El informe que la JIFE presentó el pasado 2 de marzo en Viena llega a pocas semanas de que la Asamblea General de la ONU celebre en abril varias sesiones cruciales sobre la estrategia mundial contra las drogas. Varios países de América Latina han solicitado un cambio de rumbo en los enfoques represivos que han imperado en las últimas décadas.
El informe señala que esos “nuevos enfoques”, como considerar las drogas un asunto de salud pública o no encarcelar a los pequeños consumidores, se pueden aplicar dentro de los límites de la normativa internacional. Aun así, la JIFE insiste en que el límite está en la legalización de las drogas, para las que sólo prevé un uso médico o científico.
Por otro lado, el documento de la JIFE muestra que se mantiene la tendencia de los últimos años en que el consumo de drogas clásicas como el cannabis, la cocaína y la heroína se ha estabilizado a nivel global, mientras cobran auge nuevas sustancias sintéticas.
Sin embargo, tres cuartas partes de la población mundial (unos 5.500 millones de personas) siguen teniendo un acceso muy limitado a los analgésicos opiáceos, como la morfina, usados para paliar los fuertes dolores de enfermedades como el cáncer.
Como dato ilustrativo, el informe destaca que el 92 por ciento de la morfina es consumida por menos del 20 por ciento de la población, concentrada en EE.UU., Canadá, Europa Occidental y Australia, poniendo de relieve el desequilibrio entre países pobres y ricos.
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