Esta antigua iglesia, construida en 584 en honor al mártir San Vicente de Zaragoza, había sido transformada en una mezquita durante la ocupación árabe, pero fue reconsagrada como catedral en 1236. Desde esa fecha, se ha celebrado en ella el culto católico de manera exclusiva e ininterrumpida. Pero desde su clasificación por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, la catedral se ha convertido en el botín de una verdadera guerra que ha enfrentado a varios movimientos de izquierda contra su presentación de propiedad por parte de la Iglesia según lo estipulado por una ley de 1946.

Esta ley, aprobada bajo el gobierno del general Francisco Franco, permite a la Iglesia, por medio de una simple declaración, reclamar como suya cualquier propiedad de la que ella haya sido tradicionalmente responsable. Una especie de ley anti-1905, que en Francia permitió a la República despojar a la Iglesia de todos los edificios religiosos apropiándose de ellos. Así fue como la Catedral de Córdoba, dedicada al culto católico desde 1236, fue declarada propiedad de la Iglesia en 2006 con motivo de su inscripción como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una incorporación que nadie había pensado antes en desafiar.

Una campaña islamista de izquierda

Pero con la llegada del poder izquierdista en Andalucía, y debido a la elección de un alcalde socialista (PSOE) y a la alianza con el Partido Podemos en 2014, se lanzó una campaña para secularizar la catedral. Una petición recolectó 350,000 firmas, con el apoyo de musulmanes que exigen acceso a esta ex mezquita para practicar su culto de adoración.

Por otra parte, los diputados europeos del PSOE, Podemos e Izquierda Unida pidieron a la Comisión Europea que decidiera sobre la propiedad legal de la «mezquita-catedral», como se le designa en los documentos de la UNESCO.

Finalmente, una comisión conformada por cuatro «expertos», elegidos ad hoc por el Ayuntamiento de Córdoba, publicó en septiembre de 2018 un informe que garantiza que la catedral de la ciudad andaluza no es propiedad de la Iglesia y sugiere la anulación de la presentación de 2006. La Comisión recomendó notablemente «obtener el apoyo parlamentario necesario» para llevar a cabo una «apelación por motivos constitucionales ante el Tribunal Constitucional». Si este camino no tenía éxito, el informe sugería que el alcalde de Córdoba presentara un «recurso ante los tribunales ordinarios».

Esta ofensiva anticatólica está llegando a su fin, esperamos que de forma definitiva, gracias a la elección de un nuevo alcalde de Córdoba, miembro del Partido Popular. Este último anunció que el Ayuntamiento de Córdoba no reactivará la comisión municipal que cuestionó la propiedad de la catedral. Además, afirmó que no hay ningún procedimiento administrativo en curso a este respecto.

Este episodio muestra el profundo odio anticatólico que continúa animando los movimientos de la izquierda española, listos, si es necesario, para aliarse con el islam en su lucha contra la Iglesia.