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El gran «pucherazo» de febrero de 1936

El Frente Popular, pues, surgió como una nueva fórmula de alianza para las fuerzas de la izquierda tras las grandes derrotas que ésta había sufrido en Europa Occidental durante 1933-34.

El Frente Popular fue una coalición electoral española creada en enero de 1936 por los principales partidos de izquierda. El 16 de febrero, consiguió ganar las últimas elecciones durante la Segunda República, de una manera, que historiadores posteriores han definido como fruto de un “gran pucherazo”.

Stanley G. Payne (El Camino al 18 de julio) y Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (1936 Fraude y Violencia en las Elecciones del Frente Popular) estudiaron profusamente este período y, especialmente, los dos últimos, aportaron fotocopias de las actas que fueron falsificadas, bien es cierto, que han sido autores poco mencionados en los abundantes medios de comunicación y se ha intentado ocultar sus investigaciones que resultan escandalosas a aquellos que, en contra de tantas evidencias, continúan presentando la II República como un modelo de Gobierno democrático ante el cual se rebelaron un grupo de militares, ¿porque no eran demócratas? En absoluto. Se rebelaron porque no podían tolerar el clima de inseguridad y atropello en que vivía España.

La nueva alianza izquierdista española no fue reconocida oficialmente hasta que se convocaron de repente las elecciones, a mediados de enero de 1936. Incluso entonces, los seguidores revolucionarios de Largo Caballero que dominaban una gran parte del movimiento socialista, se mostraron inicialmente reacios a aliarse de nuevo con los «partidos burgueses». Finalmente, aceptaron la necesidad de hacerlo temporalmente porque con la enormemente desproporcionada ley electoral de la República sólo podía ganar una amplia alianza.

«Se instruyó a los comunistas para que formaran alianzas electorales con los socialistas para derrotar al fascismo y al conservadurismo». Los caballeristas insistieron en ello para disgusto de los republicanos de izquierda y, a cambio, la alianza adoptó la nomenclatura de Frente Popular, aunque hasta el último momento el pequeño partido comunista tuvo muy poco que ver con él. También se permitió que formaran parte otros siete pequeños partidos obreros, incluido el ultrarrevolucionario marxista leninista Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y el pequeño Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. (No es difícil establecer similitudes con la situación que actualmente sufre España).

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Al mismo tiempo, Azaña trató de garantizar la inclusión de los partidos moderados de la izquierda republicana de clase media, como la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, maestro masón[1], y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. Los líderes de Unión Republicana aceptaron, pero en el último momento, Sánchez Romero retiró a su minúsculo partido. Aunque se le reconoció que había escrito una gran parte del programa de la nueva alianza, este distinguido abogado y catedrático no pudo aceptar la inclusión de fuerzas totalmente revolucionarias como el PCE y el POUM. Creía que ponían en tela de juicio el carácter democrático de la alianza.

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En Cataluña, siempre diferentes, se presentó una coalición equivalente, llamada Front d`Esquerres, nucleada en torno a Esquerra Republicana de Catalunya. ERC germinó en las logias, siempre abundantes en Barcelona, durante el primer tercio del siglo XX. Era una reacción laicista ante al auge que estaba tomando el catalanismo de carácter tradicional que desembocó en la Lliga, según algunos estudiosos, producto de la frustración que ocasionaron las reiteradas derrotas de las guerras carlistas, en las que los catalanes tuvieron una participación muy activa a favor de los sucesivos pretendientes legitimistas. Lo que sí parece más plausible es que en dicha reacción laicista, quienes tuvieron un papel principal fueron los masones, a su vez, dirigentes importantes de ERC, empezando por su precursor, el abogado de buena familia Francesc Layret, y los presidentes que le sucedieron hasta la guerra civil española: el teniente coronel de ingenieros, Francisco Maciá, y el siguiente, Luis Companys. (Es de suponer que lo fueron y lo siguen siendo los que presidieron ERC desde la transición a esta parte: Ramón Colom, Carod-Rovira y Oriol Junqueras). En Valencia se formó también un grupo similar, que tomó el nombre de Front d’Esquerres.

El Frente Popular, pues, surgió como una nueva fórmula de alianza para las fuerzas de la izquierda tras las grandes derrotas que ésta había sufrido en Europa Occidental durante 1933-34. La política de aislamiento revolucionario y de «clase contra clase» del Comintern, que rechazaba a los socialistas por «social fascistas», sólo había servido para facilitar el triunfo de Hitler en 1933. Poco después, los socialistas españoles se habían negado a colaborar con los republicanos de izquierda de clase media deManuel Azaña, ya que estaban buscando su propioprograma de exclusivismo revolucionario.

Esto había servido primero para facilitar la victoria del centro-derecha en las elecciones de 1933 y a continuación había conducido a la desastrosa insurrección revolucionaria de octubre de 1934. En Francia, sin embargo, el más moderado Partido Socialista Francés había empezado a buscar un nuevo acuerdo de unidad de acción con los comunistas y, potencialmente, también con los burgueses liberal demócratas. En España, la izquierda republicana trató de restaurar su alianza formal con los socialistas y, tras la derrota de la insurrección, comenzó a recibir una respuesta muy positiva del sector semimoderado del Partido Socialista, liderado porIndalecio Prieto.

En España, el Frente Popular fue inicialmente una alianza electoral. Los caballeristas rechazaron cualquier posibilidad de gobierno de coalición, a diferencia de sus más moderados correligionarios en Francia. Esto fue así hasta que Moscú celebró en agosto de 1935 el VII Congreso de la Internacional Comunista cuyas conclusiones fueron y así lo comunicaron a José Díaz, responsable oficial de la delegación española, que había que conformar un frente único y superar los clásicos e ineficaces métodos insurreccionales del anarquismo. De modo que, obedientemente, crearon el Frente Popular pero asumieron los métodos del anarquismo, por tanto, una victoria del Frente Popular sólo serviría para formar un gobierno en minoría, presidido por Azaña e integrado por representantes de los partidos de la izquierda republicana, que únicamente podría gobernar en tanto disfrutara del apoyo de los partidos obreros más radicales. En consecuencia, el Frente Popular encarnaba una contradicción programática básica entre la izquierda moderada y los revolucionarios violentos, por una parte, y no lograba ofrecer ninguna fórmula para un gobierno de mayoría estable, por otra. A diferencia de su homólogo en Francia, era una receta para el posible desastre, tal como sucedió.

En febrero de 1936, la coalición de izquierdas incluía los siguientes partidos: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Republicana, Unión Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Partido Comunista de España (PCE), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) y el Partido Sindicalista, así como Acció Catalana, Unió de Rabassaires, Partido Republicano Democrático Federeal, Esquerra Valenciana, Partido Galleguista, Partit Nacionalista Republica d’Esquerra y Partit Catala Proletari. Los anarcosindicalistas de la CNT, que rechazaban cualquier participación en las «elecciones burguesas», se mantuvieron al margen. Aunque no podían participar o incluso respaldar al Frente Popular, un número considerable de cenetistas votó por él a título individual.

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La derecha estaba representada principalmente por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), Comunión Tradicionalista (CT), Renovación Española (RE), Partido Agrario (PA), Partido de Centro Democrático (PDC), Partido Republicano Radical, Partido Republicano Liberal Demócrata, Lliga Catalana, además de Independientes derechistas, Conservadores, Partido Nacionalista Español y Partido Católico. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no se encuadraba en el Frente Popular, ni con la derecha.

Los días 16 de febrero y 1 de marzo de 1936 se celebraron las terceras elecciones generales, y últimas, de la Segunda República Española. La campaña fue muy sucia en toda España. En Alicante, por ejemplo, grupos de desconocidos destrozaron por completo los locales del Círculo Católico, del Partido Radical, del Partido Republicano Independiente, de la Derecha Regional Alicantina, de Falange Española y la imprenta del diario católico El Día. Por la tarde incendiaron de manera parcial las iglesias de la Misericordia, el Carmen, Santa María, San Nicolás y de los Franciscanos, la Cámara de la Propiedad Urbana, el periódico Más y un asilo de ancianos. Los presos del reformatorio de adultos incendiaron de manera parcial el edificio. Hubo además dos muertos, tres heridos graves y varios leves además de unos treinta detenidos. No tuvieron más remedio que destituir al gobernador civil aunque era de Izquierda Republicana, el partido fundado por Azaña.

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Se cerró el período, precisan los mencionados investigadores, con 41 muertos y 80 heridos de gravedad. La violencia se instaló en las calles y los comicios adquirieron un carácter plebiscitario en un ambiente viciado, radicalizado y polarizado. Fueron unos comicios en pie de guerra en los que parecía ventilarse el futuro de la República.

La ley electoral aplicable fue la Ley Electoral de 1907, enmendada en junio de 1931 y julio de 1933. Los procesos y garantías previstas en la normativa eran los mismos que se preveían durante la monarquía liberal. A pesar de las disfunciones que mostraba el sistema electoral, las izquierdas rechazaron participar en las comisiones parlamentarias para diseñar una reforma electoral. Era de su interés, ya que estas, en caso de lograr constituir las oportunas coaliciones, se aseguraban una victoria en las circunscripciones que más la premiaban con escaños y obtendrían así la mayoría aplastante. Además, la coalición de derechas se mostraba difícil de materializarse por la rivalidad entre monárquicos autoritarios y la CEDA, lo que sumada a la crisis del Partido Radical, predecía un buen resultado para las izquierdas, pero, por si acaso, decidieron prestarle alguna que otra “ayudita”.

Esta “ayudita”, conocida desde el primer momento por el Gobierno, ha sido puesta en luz por los mencionados historiadores Álvarez Tardío y Villa García, tras un meticuloso empeño detectivesco al consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude. Vuelcos increíbles y recuentos de papeletas interrumpidas. Papeletas que aparecen a última hora, en bloque y a veces en sobres abiertos, para decantar el resultado en una mesa. Otras con tachaduras, borrones y raspaduras… Los autores, además de publicar por vez primera los resultados oficiales de aquellas elecciones, identifican los casos de fraude, falseamiento y manipulación. Así fue el fraude en las elecciones del Frente Popular:

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*-Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes. En Alcaudete acudieron a las urnas mientras la Junta Provincial procedía al escrutinio. Total, que las izquierdas se impusieron en ese feudo de tradición conservadora por 599 a 0. En Linares aparecieron urnas sin precintar y en cinco de la provincia había más votos que votantes censados.

            *-Recuento adulterado gravemente en La Coruña; donde el cómputo se prolongó hasta el día 24: los resultados de 188 actas no se correspondían con las certificaciones de las mesas. «España se ha vuelto Coruña», escribió Alcalá Zamora. Allí las autoridades interinas exigieron la presentación inmediata de las actas de 56 colegios y amenazaron con una huelga general si no se encontraba una solución «satisfactoria para las izquierdas». Los candidatos de las derechas fueron arrestados por un día acusados de fraude.

            *-Fraude en Cáceres. En siete de sus municipios la documentación llegó a la Junta Provincial con el lacrado roto y los sobres abiertos. En cinco mesas desapareció el acta de la votación. Los investigadores ilustran con muchos ejemplos de maniobras similares que el cambio de autoridades modificó el reparto final de escaños. Interrumpieron el recuento donde la contienda estaba más ajustada.

*- Escrutinios a puerta cerrada sin testigos en Valencia donde las fuerzas estaban igualadas. El cambio de Gobierno precipitó un aparatoso recuento de 21 municipios: las izquierdas ganaron por 400 votos, los suficientes. La Junta Provincial se negó a un recuento oficial, porque «ya se había hecho a puerta cerrada».

*-Desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA

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*-Falseamiento en las votaciones de Santa Cruz de Tenerife, donde hubo de repetirse la votación. Aunque sin la fiscalización y presencia de apoderados de centristas y representantes de las derechas. Fueron, según se desprende de esta investigación, una auténtica farsa.

*-Votaciones en Málaga. Se falsearon y hubo de repetirse la votación. El día 20 debían abrirse de nuevo 57 colegios de la capital malacitana. Se disputaban nada menos que 29.000 votos. El día 19 se produjo un giro inesperado: candidatos del FP invitaron al gobernador a dejar su puesto. La razón era sencilla: no tenía sentido que siguiera en él si su Gobierno había dimitido.  Ugetistas, cenetistas y miembros del FP exigieron a Azaña en varias ciudades la apertura de cárceles para liberar a los «presos sociales» y la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos, esto último para impedir que la derecha alterase los resultados. El día 20 se declaró el estado de guerra en la ciudad. El candidato radical se retiró. Proclamada una huelga general, las elecciones no se celebraron. No obstante, en ocho de nueve colegios aparecieron las papeletas del FP: 3.700 votos fantasma que contribuyeron, junto con otras manipulaciones de las actas, a dar un vuelco al resultado de la provincia.

*- Con falsificaciones en el recuento, hubo un ‘baile’ de 50 escaños a favor de las izquierdas.

El fraude fue directamente promovido o pasivamente respaldado por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular, que obraron con total impunidad y pudieron hacerse con la documentación electoral tras el cambio de Ejecutivo, hecho que propició la dimisión de los gobernadores civiles y presidentes de Diputación o simplemente su expulsión o detención -en algunos casos para preservar «su seguridad»-. Por supuesto, la ola de violencia desatada entre los días 16 y 19 precipitó los acontecimientos. En algunos lugares los alborotadores obligaron a las autoridades de un hospital de leprosos a dejar marchar a los enfermos.

El Gobierno conocía estos atropellos. Alcalá Zamora hablaba en su diario de «esas póstumas y vergonzosas rectificaciones» acontecidas con las actas electorales. En definitiva, después del trabajo de Álvarez Tardío y Villa García, es posible afirmar que si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas no habrían llegado al Gobierno.

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Nunca hubo un acta única con los resultados oficiales. Las Juntas Provinciales informaban del recuento a la Central, que lo trasladaba al Congreso. El cómputo final debía aparecer en los anuarios estadísticos del año siguiente. No fue así. Hasta el momento, los historiadores hacían proyecciones sobre la base de la relación entre las cifras publicadas en prensa y la asignación final de escaños. Además de estas irregularidades, hubo otra que, aunque sabida, ha pasado relativamente desapercibida: en mitad del recuento -que ocupaba varios días- dimitió el Gobierno de Portela -a quien los autores responsabilizan en gran parte del desaguisado-. El nuevo Gobierno, «sólo de Azaña», como diría el presidente de la República, Alcalá Zamora, para subrayar que lo integraban figuras secundarias de la Izquierda Republicana y Unión Republicana, condicionó las horas decisivas del escrutinio.

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Lo que sucedió durante los días posteriores a la votación no fueron manifestaciones de entusiasmo, celebración y alborozo de simpatizantes del Frente Popular, sino prácticas coactivas y de intimidación organizadas e instigadas por las autoridades interinas provinciales, que aprovecharon el cambio repentino de Gobierno el día 19. Se extendieron por todo el país, generaron un clima de inseguridad jurídica en torno al recuento e influyeron en los resultados finalmente admitidos.

El día 20, cuando se reunían las Juntas Provinciales, el procedimiento para introducir confusión fue parecido en muchos sitios: las izquierdas denunciaban a las derechas por manipulación y fraude, impugnaban los resultados e incluso detenían a sus representantes. Hasta ese momento, la mayoría del FP sólo se daba «por supuesta». Las izquierdas pusieron en marcha su aparato propagandístico: el FP «no se dejaría arrebatar la victoria»; «¿Tienen el mismo valor, políticamente, el medio millón de sufragios logrados en Madrid y Barcelona que los 50.000 arrancados a los campesinos palentinos por el caciquismo?«. Las consignas del PCE iban dirigidas al nuevo Gobierno, cuyo deber era ajustar las Cortes, «desembarazadas de impurezas», a las preferencias electorales, que nada tenían que ver con las de «un capitán de industria como March».

Las izquierdas no estaban dispuestas a admitir un escrutinio que no les otorgara la victoria. Según el estado de opinión que se creó, partiendo con la ventaja adquirida, cualquier vuelco durante el escrutinio era fraudulento. El FP se impondría en número de escaños, pero estaba en juego la mayoría parlamentaria suficiente: 240 asientos. Y por supuesto que obtuvieron más de 50 escaños, aunque fuera de manera dudosa. Este libro,( 1936, Fraude y Violencia) precisa todo lo que ocurre en esos cuatro días. El 19 lo cambió todo. Tras la «huida» de Portela, el FP se hizo con el poder local, hecho decisivo para condicionar el recuento y crear una atmósfera intimidatoria.  Los desórdenes no se produjeron como reacción a los rumores de golpe sino para asegurar una mayoría parlamentaria al FP. El Estado de Derecho quedó de facto suspendido.

Poco después de las elecciones, se puso en marcha un proceso revolucionario de incendios provocados, desórdenes, manifestaciones multitudinarias, ocupaciones de tierras, confiscación de propiedades, violencia política y, al final, huelgas masivas. Y la creación por toda España de las terribles checas, las cárceles de tortura. Los gobiernos minoritarios de izquierda republicana de Azaña y, a partir de mayo, de Casares Quiroga, demostraron ser reacios a imponer la ley y el respeto por la Constitución porque dependían de los votos de los revolucionarios en las Cortes a fin de sobrevivir.

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Los socialistas están promocionando, más bien imponiendo, la fantasía de que ellos crearon: una Segunda República democrática y hasta lúdica, que funcionó sin problema alguno hasta que Franco vino a estropearles la fiesta. Analicemos. Lo de democrática, ya se ve el respeto a unas elecciones limpias, lo de lúdica debe referirse a lo que constituyó su mayor afán: asesinar a religiosos, sacerdotes, (o sus parientes, que también valían), laicos católicos, nobles, personas de derechas y, en fin, todo aquel que no fuera “políticamente correcto”, y aquello de que funcionó sin problema alguno, no es posible que lo crean. Ocultan que Clara Campoamor, a la que ahora tanto homenajean,  tuvo que salir huyendo por explicar cómo en Madrid era raro el día que en la Dehesa de la Villa no aparecían más de cien cadáveres. O que los intelectuales Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, autores del Manifiesto de la agrupación de intelectuales al servicio de la República, renegaron de ella y escaparon en cuanto pudieron. Es conocida, al respecto, la expresión de Ortega:¡No es esto, no es esto! antes de salir disparado para Francia.

Pero como esa fantasía ni enfervoriza ni convence a quien tenga dos dedos de frente, Pedro Sánchez ha echado mano del tercer método de Juan Negrín, que, como él, también fue socialista y presidente del Gobierno: “Tres sistemas poseemos para hacer que los demás quieran lo que el Gobierno quiere: enfervorizarles, convencerles y, si estos dos recursos resultan insuficientes, aterrorizarles. El terror es también un medio legítimo de gobierno, cuando se trata de la salvación del país”. De manera que, siguiendo las enseñanzas de su predecesor, ahora Pedro Sánchez ha vestido al terror de Comisión de la Verdad[2]. Y no solo a dicha Comisión!

  • [1] Ingresado el l de julio de 1908 en la Logia Fe de Sevilla, adscrita a la Obediencia del Grande Oriente Español (GOE), se inició con el nombre simbólico de «Justicia». Cuatro años después adoptó el de «Vergniaud», es decir, el nombre de uno de los dirigentes de los republicanos moderados o girondinos de la Revolución Francesa.
  • [2] Javier Paredes en Hispanidad 05/08/18

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