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COLOMBIA: Del derroche a la corrupción

Se ha venido instaurando desde hace 11 años una política de derroche sin antecedentes, no sólo en el gigantismo burocrático.

“Propiciamos:

“1) Una reducción inmediata y drástica de los gastos gubernamentales, mediante el cese de nombramientos y cargos inútiles, la consolidación de departamentos y oficinas, y la supresión del derroche, todo lo cual permitirá realizar una economía no menor del 25% en los gastos del Gobierno Federal…”  (*)

Parece un párrafo extraído de la plataforma de gobierno del Partido Nacional Colombiano, la misma  que estamos proponiendo a los colombianos para que nos apoyen con su firma. 

Pero – asómbrense Ustedes – hace parte de la plataforma política del Partido Demócrata de los EE. UU. correspondiente al año 1932. O sea, que hace 89 años ya habían encontrado la fórmula para salir del déficit fiscal sin reformas tributarias para aumentar impuestos y sin endeudar irresponsablemente al país. Justamente en otra dirección han administrado el Fisco las dos últimas administraciones. Han competido en cuál de las dos crea más ministerios, altas consejerías, agencias estatales, sin contar con toda la burocracia creada en el funesto pacto Santos-Farc que estamos pagando los colombianos con aumentos impositivos y crecimiento de la deuda pública.

Se ha venido instaurando desde hace 11 años una política de derroche sin antecedentes, no sólo en el gigantismo burocrático, sino también en eventos sociales, viajes faraónicos al exterior, vehículos, guardaespaldas, y toda clase de privilegios para la clase política de los cuales no disfrutan los pobres mortales que trabajan por su cuenta o en las medianas y pequeñas empresas, que son la mayoría.

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Es que quienes acceden a cargos políticos o de representación popular se van contaminando con las creencias de que el Estado es suyo, no de todos los colombianos; o, que tienen derecho a arrasar con el erario sin tener en cuenta las necesidades de la población; y, de ahí a la corrupción, sólo hay un paso.

Todavía recordamos la consulta anti-corrupción promovida por algunos líderes de izquierda en la cual derrochó el actual gobierno nada menos que 300.000 millones de pesos, a sabiendas de que se iba a decidir sobre asuntos ya definidos en la ley o que en nada contribuían a atajar la corrupción.

Se demostró hasta la saciedad el ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña presidencial a cambio de ventajosas concesiones, pero la impunidad amparó a los principales beneficiados, los de la fórmula presidencial ganadora.

La Corte Constitucional se atrevió a cometer el mayor prevaricato de la historia avalando que la refrendación popular que el constituyente primario le negara al acuerdo Santos-Farc le fuera otorgada mediante una vulgar proposición por el Congreso. Y aquí no pasa nada. 

El cartel de la toga cobra por sus fallos en la Corte Suprema de Justicia. ¡Y sigue la fiesta!

Ahora ya nada nos conmueve. Se adjudica un contrato por más UN BILLÓN DE PESOS a firmas sin trayectoria en el tema, con personajes de dudosa conducta involucrados. Luego, se autoriza un anticipo sin una garantía válida por 70 mil millones de pesos. El Presidente, en lugar de velar por los intereses del pueblo colombiano, monta todas las baterías para proteger a la Ministra responsable del escandaloso “affaire”.

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El enemigo, estimados compatriotas, no sólo es la izquierda que nos pretende arrastrar al totalitarismo. También lo es este sistema corrupto que llaman “de centro”, plagado de políticos oportunistas.   Nos queda una alternativa. Firmemos para constituir el Partido Nacional Colombiano (PNC) para que erradiquemos la corrupción y el derroche de nuestro sistema político. 

(*) BURNHAM James, Los Maquiavelistas, Emecé Editores S.A. , PAG. 11

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Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia (Medellín). Estudios de Planeación del Desarrollo (IULA, La Haya) y Administración de Empresas (Eafit, Medellín). Ha desempeñado los cargos de Juez Municipal (Palmira), Jefe de Instrucción Criminal y Vigilancia Judicial de Antioquia, Procurador de Distrito Judicial de Antioquia, Secretario General de Empresas Departamentales de Antioquia, Secretario General de la Gobernación de Antioquia, Secretario de Gobierno Departamental y Gobernador encargado de Antioquia, Fiscal Seccional, Presidente de Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Director de Asotauro, gerente de relaciones industriales, asesor jurídico y gerente general de varias empresas privadas. Es autor de las obras “Reconstrucción nacional” y “Vademecum jurídico” y columnista de varias publicaciones virtuales.

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