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Rechazan cuestionamiento a ley británica que permite aborto de personas con discapacidad hasta el momento del nacimiento

Imagen con licencia Pixabay

Por Jorge Nicolás Lafferriere – www.centrodebioetica.org

El 25 de noviembre de 2022 la Corte de Apelaciones de Gran Bretaña rechazó la apelación que Heidi Crowter había planteado contra la ley de Aborto de ese país[1]. Esta ley legaliza el aborto si hay un riesgo sustantivo de que el niño que nacerá sufrirá una malformación física o mental que le provocará una severa discapacidad, incluso más allá de las 24 semanas de embarazo (sección 1(1)(d) de la Ley de Aborto de 1967)[2].

La decisión del caso “Crowter and Others v Secretary of State for Health and Social Care” fue tomada por los jueces Underhill, Thirlwall y Jackson. Heidi Crowter, una mujer de 27 años de edad con Síndrome de Down, oriunda de Coventry, había cuestionado esa sección 1(1)(d) de la ley de Aborto por considerar que era contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. Para Crowter, permitir el aborto de una persona con Síndrome de Down, u otras discapacidades severas, en especial luego de las 24 semanas, es incompatible con los derechos de las personas con discapacidad. Además de Heidi, la otra persona que reclama contra la ley de Aborto es Maire-Lea Wilson, de 33 años, madre de Aidan, quien alega que fue presionada a abortar a su hijo cuando tenía 34 semanas de embarazo y se detectó que su hijo tenía Síndrome de Down.

Para los jueces, la ley de Aborto no interfiere con los derechos de las personas con discapacidad que están vivas. La sentencia invoca el margen de apreciación nacional para justificar la opción parlamentaria de permitir el aborto de personas con discapacidad, incluso luego de la semana 24. Según se informa en el resumen de la sentencia, la Corte reconoce que las personas con discapacidad pueden sentirse ofendidas o molestas por el hecho de que el diagnóstico de una severa discapacidad durante el embarazo habilita legalmente a realizar un aborto y que ellas pueden entender que la ley está implicando que sus vidas tienen un menor valor. Pero la percepción de que ello es lo que la ley implica no es suficiente por sí para justificar una interferencia con la decisión de abortar que es considerada como incluida en el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La jueza Thirlwall enfatiza que el aborto es una decisión de la mujer.

Según informan los promotores de la campaña “Don’t Screen Us Out” (que podría traducirse como “No nos descarten”), en 2021 hubo 3.370 abortos de personas con discapacidad, un incremento del 9% con relación al año 2020 en que había habido 3.083 casos. A su vez, el número de abortos pasadas la semana 24 de embarazo también se incrementó un 20%, pasando de 229 a 274. Las estadísticas indican que el aborto de personas con Síndrome de Down fueron 859 en 2021, un incremento del 24% con relación a 2020. Y en el caso del aborto pasadas las 24 semanas de embarazo, el incremento de abortos de personas con Síndrome de Down pasó de 14 en 2020 a 24 en 2021. Se estima, además, que estas cifras pueden ser mucho mayores pues existe un subregistro de los casos[3].

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad le formuló recomendaciones a Gran Bretaña para que cambie su ley de aborto para que no identifique a las personas con discapacidad. En su informe de 2017 se afirma: “12. El Comité considera preocupantes las percepciones de la sociedad que estigmatizan a las personas con discapacidad como personas cuya vida tiene menos valor que la de los demás y la interrupción del embarazo en cualquier etapa, sobre la base de malformaciones del feto. 13.El Comité recomienda al Estado parte que modifique su legislación sobre el aborto en consecuencia. Los derechos de la mujer a la autonomía sexual y reproductiva deben respetarse sin legalizar el aborto selectivo por motivos de deficiencia fetal”[4]. El Gobierno ignoró esta recomendación.

La comisión británica de Derechos de las personas con discapacidad considera que esta sección de la ley de aborto es ofensiva para muchas personas, refuerza estereotipos negativos sobre la discapacidad y es incompatible con la igual valoración de la discapacidad y la no discapacidad.

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En 2013, el Parlamento realizó una investigación sobre el aborto de personas con discapacidad y recogió testimonios sobre la discriminación que encierra el aborto legalizado por motivos de discapacidad, algo contrario a la ley de igualdad de 2010 y que afecta las actitudes públicas en torno a la discriminación. Esa investigación recomendó al Parlamento revisar la ley de aborto en ese punto.

Lord Shinkwin propuso un proyecto de ley para derogar la sección 1(1)(d) de la ley de aborto, pero nunca fue tratado.

Se informó que Heidi Crowter espera apelar y llevar el caso a la Corte Suprema. Ella sostuvo: “Enfrentamos la discriminación todos los días en las escuelas, en el trabajo y gracias a esta decisión los jueces han considerado válida la discriminación en el seno materno, que es una flagrante discriminación. Cuando Wilberforce quiso terminar con el comercio de esclavos, no se rindió cuando las cosas no le salieron. Yo tampoco me rendiré porque la ley debe ser cambiada para liberarse del enfoque negativo sobre el Síndrome de Down. Hasta las palabras que usa son ofensivas. Esta ley fue hecha en 1967 cuando nosotros no podíamos ir a la escuela por nuestro cromosoma extra, y por eso pienso que es tiempo de que los jueces se pongan a la altura de los tiempos y realmente conozcan a personas con Síndrome de Down y vean a las personas detrás del cromosoma”[5].

Informe de Jorge Nicolás Lafferriere.

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