Por: Luis Alfonso García Carmona

“La democracia vive de la justicia y la ley. Si no existe una ley moral su-
perior en virtud de la cual los hombres se dirigen en conciencia hacia lo que es
bueno y justo, se corre el riesgo de alzar la ley de la mayoría como regla suprema
del bien y el mal, y la democracia pasa a ser culpable de volverse hacia el totali-
tarismo, esto es, hacia su autodestrucción.” (Jacques Maritain)

4.- Desastres en manejo económico y fiscal

El orden económico y social justo que el Estado debiera garantizar según el preámbulo de nuestra Constitución no se está cumpliendo. Por el contrario, los indicadores nos muestran desorden, mala gestión y enormes perjuicios a la población:

• En tiempo récord el régimen marxista está destruyendo a Colombia. La inflación del 13,12% y llegó en marzo del 2023 al 13,28%, el peor resultado en los últimos 24 años, lo que nos sitúa entre las 3 economías más afectadas, junto con Venezuela y Argentina, países también gobernados por el populismo de izquierda.
• El Banco Mundial ha previsto que Colombia crecerá un 1,1% en 2023, una de las peores perspectivas en América Latina, junto con Chile y Argentina, después de haber sido el de mejor crecimiento entre los países de la OCDE.
• La deuda pública representa el 30,4% del PIB, lo que ha merecido una advertencia de la Contraloría sobre los dañinos impactos en la tasa de cambio, tasas de interés y tasa de inflación. El nivel actual es el más alto del último año y tiende a continuar la tendencia alcista, debido al talante derrochón e incontrolado de este gobierno.
• El déficit en cuenta corriente para el año 2022 alcanzó los $21.446 millones de dólares y representó el 6,2% del PIB, significativamente superior a los promedios históricos.
• El número de colombianos que, según la CEPAL, viven en situación de extrema pobreza aumentó ya en un 15%. La inflación en alimentos varió un 21,8%, perjudicando principalmente a los más pobres.
• No obstante el excelente desempeño de Ecopetrol, insiste el régimen en su política de no continuar con las explotaciones petroleras, lo que causaría   nada menos que una rebaja del 40% de nuestras exportaciones. Sin duda ello incrementará el déficit fiscal, nos obligará a arbitrar recursos para importar combustibles, aumentará el costo de la vida, disparará el desempleo que ya alcanza dos dígitos y dará comienzo al sistema de miseria que caracteriza a los pueblos subyugados por el socialismo. Las explotaciones petroleras son extorsionadas por colectivos dirigidos por las guerrillas y, en ocasiones, atacadas por estos grupos ilegales con la aquiescencia del Gobierno, como sucedió en Los Pozos, Caquetá.
• La actividad de la construcción que tradicionalmente moviliza la mayor parte de la mano de obra no calificada, viene en picada. Mientras en febrero de 2022 se vendieron 25.800 unidades, en febrero de 2023 sólo se vendieron 9.920: una caída del 61%. Las ventas de automotores también están disminuyendo. En el mes de marzo tuvieron un descenso las ventas de auto y motos del 17%. 

5. Torpe manejo de las relaciones diplomáticas

La camisa de fuerza del ideario marxista-leninista, así como la agenda impuesta por el Foro de Sao Paulo al actual gobierno lo han llevado a cometer las mayores torpezas en las relaciones exteriores.

La ausencia de planes de erradicación de cultivos, la inclusión de narcotraficantes en la ley de sometimiento para otorgarles impunidad y demás prerrogativas gubernamentales para esta actividad criminal comienzan a generar preocupaciones a nuestro principal socio, Estados Unidos, y harán estallar en pedazos la tradicional armonía reinante entre los dos países.

La indebida intromisión en los asuntos internos de El Salvador para criticar la política de combate a la criminalidad del Presidente Bukele, que cuenta con el respaldo del 93% de la población, ha sido un tremendo error que lo ha dejado mal parado ante la opinión mundial.

Similar situación se labró con su ánimo pendenciero el camarada Aureliano en Perú, donde fue declarado persona non grata por entrometerse indebidamente a abogar por el ex presidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de estado, abuso de autoridad y otros delitos.

Por su parte, el Canciller Leyva, se ha caracterizado por la designación de diplomáticos sin conocimientos y con problemas pendientes con la Justicia, con el único merecimiento de ser amigos del Pacto Histórico. Aparte de su absoluto desconocimiento de las relaciones internacionales, su intervención en la Cumbre de Embajadores Latinoamericanos cuando afirmó que “si fuera indígena ya habría quemado el país” ofende a la Nación y es indigna de quien está obligado-  por el cargo que ejerce-  a enaltecer el nombre de Colombia en vez de denigrar de su país.

En cambio, se ha empeñado el gobierno en sostener una comunicación permanente y continuos viajes a Venezuela para reunirse con el corrupto y sanguinario dictador de ese país, cuyo modelo de miseria, caos y tiranía nos quiere imponer a los colombianos. 

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Jamás en la historia de esta Nación nos hemos visto tan pésimamente representados en el concierto internacional. El oso monumental del camarada presidente en la ONU cuando aseveró que eran más peligrosos el carbón y el petróleo que la cocaína ha envilecido la imagen del presidente y la de Colombia.

6. Ni Democracia ni Estado de Derecho

La elección del camarada presidente constituyó una flagrante violación al derecho al sufragio, a los principios de la Democracia y a la vigencia del Estado de Derecho.

Desde mucho antes de los comicios se advirtió públicamente sobre la serie de irregularidades cometidas en la adquisición de softwares carentes de sistema de comprobación imparcial suministrados por compañías cuestionadas internacionalmente. Nada se hizo para garantizar la neutralidad requerida para unas elecciones exentas de duda.

Súmese a las irregularidades ocurridas tanto en la votación como en los escrutinios a través de computadores amañados, la violación de los topes electorales y la llegada de recursos financieros de los narcotraficantes a la campaña de la dupla Petro-Márquez, lo que es más que suficiente para incoar un juicio político en contra del presidente elegido fraudulentamente. Es, a todas luces, una elección espuria que el pueblo colombiano tiene que impugnar.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 179 y 197 de la Constitución, el camarada Aureliano no estaba habilitado para ser elegido Presidente por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por un delito diferente a los delitos políticos y culposos. No obstante, los responsables de hacer cumplir la normatividad vigente omitieron su deber cometiendo grave delito que no ha querido ser investigado. ¿En dónde quedó el Estado de Derecho que decimos que nos rige?  

Al respecto nuestra Constitución establece en los artículos 173, 174, 175 y 178 que la Cámara de Representantes es la competente para formular las acusaciones. Corresponde al Senado fallar el juicio político y, si es el caso, remover de su cargo al Presidente . 

No se nos ocultan las dificultades de una acción de este tipo, máxime cuando a lo largo de más de un semestre de gobierno, se ha demostrado la dañina influencia del soborno empleada por los gobernantes de turno para comprar la conciencia de los congresistas. ¿Será incapaz el pueblo colombiano de impedir que nuevamente sea burlada su voluntad por el contubernio de la izquierda radical y los políticos corruptos? ¿Se unirán las gentes honestas de Colombia para exigir a sus representantes que obren de acuerdo con el Bien Común y con el Estado de Derecho para recatar al país de su mayor desastre?  

7. Desorden, despilfarro y corrupción

Desde su inicio este gobierno se ha caracterizado por la improvisación y el caos interno, como consecuencia de la pésima selección de los colaboradores. Ha primado en ella, no el análisis de la idoneidad para el desempeño del cargo sino su fanatismo por la ideología marxista, su amistad con la camarilla gobernante o con sus familiares y los validos del régimen, o su odio visceral contra los empresarios, los líderes democráticos o las fuerzas armadas.

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El derroche de los dineros públicos lo encabezan el propio presidente, con sus sucesivos viajes que en nada benefician a los colombianos, su esposa con las personas de su círculo de amistad, y la Vicepresidenta que no se baja de un helicóptero militar y vive en suntuosa mansión suministrada por un contratista de su gobierno. Ahora planean un safari al Africa con 60 invitados por cuenta de los contribuyentes.

Se han registrado 12 visitas a la cárcel de La Picota por parte de Juan Fernando Petro, hermano del camarada presidente, para ponerse en contacto con asesinos, narcotraficantes, corruptos y extraditables a los que, en compañía de la senadora Piedad Córdoba, les ofrecía “perdón social” a cambio de su apoyo político y financiero a la candidatura de su hermano. Ello explica la política de impunidad que, bajo la careta de la “paz total” adelanta el régimen comunista. 

Otro escándalo que ha rebasado la capacidad de indignación de mis compatriotas es el de Nicolás Petro, hijo de quien ocupa la silla presidencial, quien recibió dinero de narcotraficantes y paramilitares para la campaña electoral, y lleva un opulento tren de vida en Barranquilla imposible de sufragar con sus honorarios como diputado.

Existen constancias en las que tanto el hermano como el hijo del Presidente fueron encargados por Gustavo Petro para recibir los recursos de los narcotraficantes para la campaña. El que se beneficiaría de esos aportes era el candidato, el propio Gustavo Petro, no su hijo ni su hermano. Eso aclara sobre quién recae la responsabilidad política de semejante violación.  

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