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¿Permitirán los Estados miembros de la ONU la “transmisión” de pornografía infantil?

Algunos países occidentales están promoviendo una nueva norma para la pornografía infantil que puede dejar a los niños desprotegidos frente a la explotación sexual.

Por Iulia Cazan 

(C-Fam) Los países occidentales quieren eliminar el término “pornografía infantil” de una Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia. Además, quieren eliminar algunas formas de relación con la pornografía infantil en una lista de actos delictivos.

El mes pasado, los Estados miembros de la ONU empezaron a negociar una convención internacional para combatir la ciberdelincuencia que pretende aumentar la colaboración entre los Estados miembros para perseguir los delitos informáticos. Sin embargo, algunos países occidentales están promoviendo una nueva norma para la pornografía infantil que puede dejar a los niños desprotegidos frente a la explotación sexual.

Estados Unidos, Reino Unido y la UE quieren eliminar el término “pornografía infantil” de la convención y sustituirlo por “abuso sexual infantil en línea” o “material de explotación sexual infantil”.

Este nuevo lenguaje es el resultado de una campaña de varios años llevada a cabo por defensores y organismos de la ONU para perseguir los abusos sexuales en la elaboración de material pornográfico, y no sólo la posesión y transmisión de pornografía infantil. The Friday Fax informó anteriormente de que algunos expertos sostienen que este cambio es problemático. Algunas agencias de la ONU y gobiernos occidentales están aprovechando la ocasión para promover una agenda más amplia de autonomía sexual para los adolescentes.

Por su propia admisión, las agencias de la ONU dicen que la nueva terminología podría excluir ciertos materiales sexuales que involucran a niños, como el sexting consensuado entre adolescentes u otros contenidos sexualmente sugerentes, en el proceso haciendo más difícil perseguir algunas imágenes que de otro modo serían consideradas pornografía infantil. Algunas agencias de la ONU afirman que esto es deseable para “desestigmatizar” el comportamiento sexual entre adolescentes y distinguir entre pornografía legal e ilegal.

En una declaración al Friday Fax, un representante de la UE dijo que la producción de este tipo de material incluiría tanto la difusión como la publicación.

El acceso en línea a la pornografía no sólo contribuye al abuso de menores, sino también al tráfico sexual. La Universidad de New Hampshire informa de que “los traficantes sexuales pueden… utilizar la tecnología para establecer conexiones con otros delincuentes, por ejemplo, estableciendo contactos entre proxenetas o redes de pornografía infantil, o para aspectos comerciales del tráfico como la banca en línea y el pedido de ropa y otros bienes para las víctimas”.

El uso de servicios de información y tecnología puede influir en la escala y el alcance de los delitos relacionados con la trata de personas. Sin embargo, fuera del preámbulo, el tema de la trata de personas no se discute ni se alude en ningún otro lugar del borrador de la convención, de 52 páginas.

La propuesta de convención también afirma el compromiso de incorporar lo que las feministas llaman “perspectiva de género”. ONU Mujeres define la perspectiva de género como “el proceso de evaluación de las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier acción planificada, incluyendo legislación, políticas o programas, en todas las áreas y a todos los niveles”. Esta estrategia, respaldada inicialmente por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, está ahora recogida en diversas convenciones e informes de organismos de la ONU y obliga a los países a adoptar una perspectiva legislativa que tenga en cuenta una amplia serie de consideraciones específicas de género, incluidas las relativas a quienes se identifican como transexuales e intersexuales.

Puede leer:  90 países apoyan la “Orientación sexual e identidad de género” en las Naciones Unidas

El Comité Especial encargado de elaborar y aplicar la Convención celebrará su sesión de clausura del 29 de enero al 9 de febrero de 2024. Será la última oportunidad para que los Estados miembros debatan y negocien el texto antes de que se someta a votación en la Asamblea General.

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