El Ayuntamiento de Madrid se vuelve a topar con la Constitución y las Libertades Fundamentales.

En un comunicado de prensa el Centro Jurídico Tomás Moro vuelve a acusar al Ayuntamiento de Madrid de liberticidio.

El Ayuntamiento de Madrid se vuelve a topar con la Constitución y las Libertades Fundamentales.

En un comunicado al que ha tenido acceso este medio el Centro Jurídico Tomás Moro denuncia ante la opinión pública las intenciones del Ayuntamiento de Madrid para cercenar una vez más las libertades ciudadanas. 

Tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestra Constitución la libertad religiosa está especialmente protegida por medio del derecho de todo ciudadano a no tener que declarar sobre su fe religiosa. Todas las legislaciones protectoras de los derechos individuales disponen taxativamente que ninguna persona puede venir obligada a declarar sobre su religión, su ideología o su creencia.

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado que quiere paliar la supuesta ausencia de agentes de Policía Municipal de religión musulmana, budista o hinduista, fijando unas cuotas en la plantilla reservadas a estos colectivos minoritarios. El Centro Jurídico Tomás Moro recuerda que esta decisión primeramente produce un claro perjuicio a los derechos ciudadanos, por cuanto:

1.- Se obliga a los policías locales a declarar sus creencias religiosas para ser incluidos o excluidos de las plazas reservadas a las diferentes religiones minoritarias.

2.- Supone la elaboración por parte del Ayuntamiento de Madrid de un censo de la Policía Local según su religión o creencia. Dicho censo es claramente inconstitucional y atentatorio de las libertades públicas más elementales.

3.- Dicho censo supone un claro peligro para los propios integrantes de la policía local, por cuanto el Ayuntamiento podría tomar represalias contra determinado grupo de policías únicamente en razón a su religión o creencias. En este sentido no es ocioso recordar que la señora Rita Maestre ha sido condenada recientemente por un delito de odio contra los católicos, y supondría un grave peligro que personas como ella tuvieran acceso a listados del personal del Ayuntamiento según su confesión religiosa.

De igual forma el Centro Jurídico se muestra preocupado por que el Ayuntamiento de Madrid quiera paliar la ausencia de agentes de religión musulmana pues, o el Ayuntamiento de Madrid ya ha realizado indagaciones sobre las creencias religiosas de los miembros de la Policía Local, o simplemente ha realizado esas afirmaciones sin contar con datos reales. Ambas posibilidades son igualmente perjudiciales para los derechos y libertades ciudadanas, pues si el Ayuntamiento de Madrid cuenta con censos de sus empleados según creencias religiosas estaría incurriendo en una clara ilegalidad, y si no cuenta con dichos censos estaría engañando a los ciudadanos al afirmar que la minorías religiosas están infrarrepresentadas en el cuerpo de Policía Municipal, sin tener ningún tipo de datos. 

En este mismo sentido sorprende al Centro Jurídico Tomás Moro la escasa preparación del Ayuntamiento para afrontar la gestión de la libertad religiosa, pues resulta sorprendente que el propio Ayuntamiento de Madrid excluya del “cupo” a los católicos, sobreentendiendo, no se sabe bien con qué fundamento, que los que no son musulmanes, ni budistas, ni hinduistas son católicos.

Igualmente sorprende el manifiesto odio y discriminación contra otras minorías cristianas y judías, pues ninguna plaza reserva para los también minoritarios credos cristianos no católicos (como los luteranos, anglicanos, testigos de Jehová, mormones …) ni para los judíos. Del mismo  modo, si entiende que la religión mayoritaria es la católica no se comprende como vulnera los derechos de ateos y agnósticos, a no ser que entienda que estos no constituyen una minoría o que su ausencia de sentir religioso no deba ser protegido. 

En este sentido el Centro Jurídico Tomás Moro quiere recordar a los responsables del Ayuntamiento de Madrid que el respeto a la libertad de los ciudadanos incluye, precisamente, el respeto a que sus servidores no tengan que pronunciarse públicamente sobre su fe, creencias o ideología.

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