Organismos y funcionarios de las Naciones Unidas forman parte de la industria abortista mundial desde hace más de dos décadas. Pero nunca tuvieron mucha capacidad de obligar a los países a modificar sus leyes contra el aborto. Aunque los nuevos objetivos de desarrollo de la ONU no contienen terminología nueva para respaldar un derecho éste, el documento no obstante abrirá otras posibilidades para que las agrupaciones proabortistas presionen a los países para que cambien sus normas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente acuñados, que constituyen el principal acuerdo de la ONU que afecta la política social por más de dos décadas, siguen colocando el aborto de lleno en la política de la ONU so pretexto de la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Esto no es novedad. No obstante, dichos objetivos presentan serios desafíos nuevos para la causa provida.
Ellos serán el pilar de la política de la ONU durante los próximos quince años. Siguen el modelo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ampliamente considerados como responsables de haber incrementado la ayuda internacional y de haber ejercido una influencia sin precedentes sobre las políticas nacionales. Se espera que movilicen varios billones de dólares, aumento exponencial en dinero respecto de cualquier plan de desarrollo anterior de la ONU. Todo ese efectivo no vendrá sin condiciones. No podemos ser ingenuos.
El dinero ha sido y sigue siendo el primero que cambia las reglas de juego en la batalla internacional provida.
Hasta ahora, la presión de la ONU para que se modifiquen las leyes contrarias al aborto vino en su mayor parte de «expertos» que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas y de funcionarios deshonestos. Debido al arreglo al que se llegó en El Cairo, los organismos de la ONU que reciben dinero de países proabortistas han negado en reiteradas ocasiones que promuevan el aborto, pese a que lo hacen con impunidad tanto directa como indirectamente.
Con los nuevos objetivos de desarrollo, los países pueden ser objeto de presiones para que modifiquen sus normas y para que gasten lascivas sumas de dinero en salud sexual y reproductiva (de ese modo, beneficiando a las agrupaciones proabortistas) a fin de recibir ayuda de países proabortistas acaudalados y asociarse en nuevas iniciativas mundiales con el sector privado y filántropos.
La capacidad de los países de beneficiarse con el nuevo plan de desarrollo mundial puede estar vinculada a su rendimiento conforme lo midan los funcionarios de la ONU, para quienes el aborto ilegal es sinónimo de aborto riesgoso y para quienes jamás es suficiente ninguna cantidad de recursos destinados a la planificación familiar estilo ONU.
Los indicadores propuestos para medir el progreso en el nuevo programa del sistema de las Naciones Unidas ya incluyen el acceso a los servicios de aborto y la capacidad de los adolescentes de acceder al aborto sin el consentimiento de sus padres.
Pese a estas nuevas amenazas a la vida, las agrupaciones abortistas que han gastado miles de millones de dólares para crear un derecho internacional al aborto no han podido ganar terreno normativo alguno.
Los nuevos objetivos no modifican el arreglo al que se llegó en la conferencia de El Cairo de 1994 sobre la población y el desarrollo, concretamente, que el aborto no es un derecho internacional, y que constituye un asunto a ser abordado exclusivamente en la legislación nacional, consenso que refleja que ningún tratado de la ONU incluye el derecho al aborto ni expresa ni implícitamente.
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Al mismo tiempo, las agrupaciones proabortistas se han convertido en beneficiarias de una abundancia de subvenciones para la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos a raíz del mismo acuerdo de El Cairo. La presión que ejercen y el hecho de haber aumentado su influencia a nivel nacional e internacional, quizás más que cualquier otro factor en las últimas dos décadas, han garantizado que los nuevos objetivos de desarrollo de la ONU incluyan más fondos para sus iniciativas tendientes a convertir el aborto en derecho humano.
Esto constituye un cambio significativo respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados hace más de una década, que no incluyeron el aborto, centrándose, en su lugar, en la salud materna. Los nuevos objetivos abarcan, en cambio, dos metas de salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos, marcas registradas de las agrupaciones proabortistas.
Esos términos se abrieron paso en los nuevos objetivos el año pasado a último momento, tras tácticas de negociación poco limpias y presiones, y probablemente solo porque, en ese momento, muchos gobiernos pensaron que los objetivos todavía podían cambiarse. Eso no habría de suceder.
Cuando los gobiernos se reunieron nuevamente este año para debatir el nuevo programa de la ONU para el desarrollo, decidieron ceñirse a los objetivos tal como fueron acordados el año pasado, con unos pocos cambios técnicos menores, y sólo negociaron un documento político para lanzarlos a la existencia en una cumbre internacional de líderes mundiales en este mes de septiembre.
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